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La Fiscalía de Brasil suspendió la cooperación judicial que mantenía con las autoriades peruanas en relación con el caso Odebrecht. Esto luego de que los abogados de la constructora reclamaran que Perú «estaría incumpliendo con requisitos establecidos por Brasil».
Gracias a esta cooperación judicial, fiscales peruanos pudieron acceder a las delaciones de los principales testigos del caso, entre ellos Jorge Barata, que fue la máxima autoridad de Odebrecht en Perú, quien esta detenido en Brasil.
En una reciente entrevista a IDL Reporteros, Carlos Kauffman, abogado de Barata, cuestionó que la Fiscalía peruana no respete los acuerdos e incrimine a los colaboradores.
La denuncia surge luego de que la Fiscalía Anticorrupción emprendiera una investigación contra los colaboradores brasileños por el caso Gasoducto del Sur. Además, las cuentas de Barata y de la empresa Odebrecht fueron congeladas por pedido de las autoridades peruanas.
Barata y Odebrecht dicen que desde noviembre del 2016 han cumplido con entregar información y pruebas al Perú de actos de corrupción, pese a lo cual se persigue penalmente a sus exdirectivos, se congelan sus cuentas, se incautan sus archivos y el Ministerio de Justicia pretende cobrar una reparación civil, dicen, «impagable» de USD $1.600 millones.
Como primera consecuencia a la decisión tomada por la Fiscalía de Brasil se puede mencionar que por el momento queda suspendida la declaración que debía prestar hoy el exdirector del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, a fiscales peruanos.
Da Silva declararía en el marco de las investigaciones al expresidente Ollanta Humala y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Según fuentes judiciales brasileñas, la misma respuesta negativa se dará a los pedidos para interrogar a Barata y entregar una copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht.
Ante la noticia de la suspensión de la colaboración judicial de Brasil con la Fiscalía peruana en relación con el caso Lava Jato, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, expresó su profunda preocupación:
«Las valiosas pruebas aportadas desde Brasil a diversas investigaciones, corren el riesgo de invalidarse. De otro lado, los datos encriptados de los sistemas digitales de contabilidad paralela y de comunicación sobre los sobornos de Odebrecht, cruciales para avanzar en las investigaciones contra los políticos y funcionarios peruanos sobornados y que la Fiscalía estaba esperando, podrían no llegar», indicó.
En un comunicado, el organismo no gubernamental también instó a revisar la estrategia para enfrentar las más de 40 investigaciones que componen el caso Lava Jato y establecer criterios comunes entre todos los fiscales a cargo de estas.
Cabe destacar que de acuerdo con las delaciones de Jorge Barata, Odebrecht aportó USD $8,4 millones a campañas políticas en el país suramericano entre los años 2006 y 2014, una revelación que prácticamente salpicó a toda la clase política peruana.
El exsuperintendente afirmó que los aportes se hicieron principalmente en efectivo, con fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas no contabilizados –de donde salió el dinero para los pagos ilegales– y no a través de un banco por dos motivos: la legislación peruana no lo permitía y los beneficiarios no querían que se supiera que la empresa los estaba apoyando. Esta explicación fue común a todos los aportes revelados.
Barata afirmó en su declaración ante fiscales peruanos en Sao Paulo (Brasil) que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. También dio detalles de las contribuciones que la constructora hizo a las campañas del mismo año de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo; de Alan García del 2006; y habló sobre la campaña contra la revocación de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, en el 2013.
Previamente, Barata ya había ratificado que Odebrecht entregó USD $3 millones a la campaña de Ollanta Humala del 2011.
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