Maduro «descabeza» a la oposición: diputado Olivares se suma al exilio

La dictadura en Venezuela emitió una orden de captura contra la esposa del diputado José Manuel Olivares, uno de los líderes más activos de la disidencia y vocero de las protestas del sector salud.

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Olivares se han convertido en un «blanco» del oficialismo.(Henrique Capriles)

En su intención de perseguir y «descabezar» a la oposición venezolana, el régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra la esposa del diputado José Manuel Olivares, uno de los líderes jóvenes más activos de la disidencia y vocero de las protestas del sector salud.

Olivares y su familia se han convertido en un «blanco» del oficialismo, pues desde 2017 han sido perseguidos. Primero la policía política de Maduro arremetió contra su hermano, y ahora el régimen lo hace contra su esposa, madre de su hijo de tres meses.

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“No tenemos la menor duda de que estos ataques del régimen son con la intención de amedrentar al Diputado José Manuel Olivares quien ha venido liderando las protestas del sector salud que se dan en el país”, publicó la el partido opositor Primero Justicia, al que pertenece el diputado.

Según información extraoficial, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) emitió un boletín de una orden de captura contra Jofreny González Cannelones, a quien le adjudican el «intento» de adquirir unos vehículos de supuesta “procedencia ilegal”.

No es primera vez que el régimen persigue a familiares del diputado; en septiembre de 2017 funcionarios del Sebin detuvieron al hermano de Olivares durante un acto de campaña de cara a las elecciones regionales del país. Sin embargo, fue excarcelado durante el proceso de liberación de presos políticos del 1 y 3 de junio de este año.

El caso contra el diputado se repite constantemente contra la disidencia opositora con la intención de presionar a quienes siguen luchando contra la dictadura en Venezuela.

Hasta el momento se desconoce el paradero del diputado y su familia, aunque la oposición ha señalado que se encuentran en resguardo ante la evidente persecución del régimen, se presume que Olivares salió del país.

A medida que pasan los días, la disidencia de ese país se ve golpeada por las crecientes detenciones u órdenes de captura. Tal es el caso, por ejemplo, del diputado Julio Borges, a quien Nicolás Maduro ordenó aprehender, o David Smolansky, exalcalde del municipio El Hatillo, o Carlos Vecchio líder del partido Voluntad Popular; los tres, actualmente en el exilio.

Y es que el régimen de Maduro continúa engrosando su expediente para ser condenado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, pues insiste en seguir violando los derechos humanos, no solo con las detenciones arbitrarias, sino también con desapariciones forzadas.

Hay que recordar el caso de Ariana Granadillo, una estudiante de medicina que fue detenida por ser prima del coronel Oswaldo García Palomo, perseguido político y a quien el régimen ha vinculado a la “Operación Constitución”, que supuestamente pretendía derrocar a Maduro antes de los comicios del 20 de mayo. La joven fue acusada de «rebelión militar».

La ONG defensora de derechos humanos Provea señaló que «así actúa la dictadura cuando tiene dificultades para detener a alguien, van por su familia».

La ONG recordó el caso del alcalde opositor Omar Lares, quien se vio obligado a salir de Venezuela después de que en una operación la policía política SEBIN detuviera a su hijo.

El nuevo modus operandi de la dictadura para perseguir a la disidencia es acusando a familiares de delitos que no han cemetido, una especie de medida de presión que se suma a una serie de antecedentes que llegarán a la CPI, de manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un informe de la organización, expertos aseguran que el dictador Maduro cometió crímenes contra la humanidad en Venezuela.

De acuerdo con el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, quien forma parte del grupo de expertos, el informe identifica 131 ejecuciones extrajudiciales, 1.300 presos políticos, así como “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil”.

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