La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió nuevas sanciones contra cinco funcionarios cercanos al régimen usurpador de Nicolás Maduro.
Entre los sancionados están el jefe del Sebin, el comandante de la “guardia presidencial”, el comandante de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y el presidente de PDVSA designado por Maduro.
Un comunicado difundido por la OFAC indica que todos los bienes e intereses de Rafael Bastardo Mendoza, Manuel Cristopher Figuera, Iván Hernández Dala, Manuel Quevedo Fernández, Hildemaro Rodríguez Mucura y de cualquier entidad que sea de su propiedad están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
“Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha suprimido la democracia, incluso mediante tortura y otros usos brutales de la fuerza”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“Los Estados Unidos han dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas (…) que tomen acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el Gobierno”, señaló Mnuchin.
Y es que tras la llegada del 10 de enero, cuando Maduro perdió total legitimidad, las naciones democráticas decidieron unirse para emitir sanciones contra la dictadura.
Además, hay que recordar que recientemente el Gobierno de Donald Trump también sancionó a la petrolera estatal PDVSA para evitar que Maduro desvíe activos.
“Los Estados Unidos (…) continuarán usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia”, dijo Mnuchin.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que su país ha seguido exponiendo la corrupción de Maduro y sus cómplices, y que “las acciones de hoy aseguran que no van a poder seguir saqueando los activos del pueblo de Venezuela”.
Un listado de sanciones
Con la llegada a la Casa Blanca, Trump ha intensificado la presión sobre el Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a más de 70 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el Gobierno de Venezuela, lo que representó un duro golpe financiero para la dictadura de Maduro.
Adicionalmente, le prohibió al régimen y a PDVSA vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Canadá también se ha sumado a las mismas sanciones que Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente emitieron en enero las primeras medidas, específicamente contra funcionarios del chavismo.
Por su parte, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, tras impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y a su familia.
En marzo de 2018 Panamá también tomó medidas. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de ese país publicó un listado de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujetos de supervisión financiera “reforzada”.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa, Costa Rica y Panamá surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.