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En Colombia, la Cumbre Agraria, organización conformada por movimientos políticos como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, así como por gremios indígenas y campesinos, ha convocado a un nuevo paro agrario nacional.
Importantes vías del país han sido bloqueadas y los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública ya han dejado tres indígenas muertos y 24 uniformados heridos.
Los líderes del paro han manifestado que están protestando, entre otras razones, por las nefastas consecuencias que, según ellos, traerá el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los voceros de las protestas afirma que el PND “abre las puertas del país a las empresas transnacionales, impulsa la concentración de tierras, profundiza la privatización de derechos fundamentales como la salud y la educación, y propicia la liquidación de las empresas públicas”.
La queja de que el Gobierno no protege a los productores nacionales y que es necesario para el bienestar de la sociedad que se establezcan barreras a la entrada de productos extranjeros, es recurrente en todos los paros agrarios que ha vivido nuestro país. Algunos productores y comerciantes se ven amenazados por la llegada de nuevos competidores que eventualmente podrían llevarlos a la ruina.
Y aunque es innegable que para ciertos grupos la apertura y el comercio internacional no son deseables, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿le conviene a la sociedad la eliminación de barreras arancelarias y la llegada de productos internacionales? La respuesta, sin lugar a dudas, es afirmativa.
Los beneficios del comercio internacional y de la apertura económica son claros. Los países con mercados más libres son mucho más prósperos que los proteccionistas. Arvind Panagariya en su ensayo “Milagros y debacles” resume muy bien este asunto al afirmar que: “en cuanto a la pobreza, hay abrumadora evidencia de que la apertura comercial es un amigo más confiable de los pobres que el proteccionismo. Muy pocos países han logrado crecer velozmente sin una rápida expansión simultánea de su comercio exterior. A su vez, el rápido crecimiento casi siempre reduce la pobreza”.
Respecto del reclamo sobre la concentración de tierras, hay que dejar en claro que si la desigual distribución está determinada por el mercado y son los campesinos los que libremente deciden vender sus tierras a una gran empresa, no habría nada que reclamar.
Un alto nivel de Gini de la concentración de tierras no es en sí mismo algo malo. Lo que estaría mal es que el Gobierno, haciendo uso de su poder, expropiara y repartiera terrenos a discreción. Y en este punto hay que recordar el principio de igualdad ante la ley. Así como es injusto que el Gobierno expropie para repartir a grandes empresarios, con el argumento de un mejor aprovechamiento de los recursos, es también inadecuado reasignar tierras con criterios étnicos o de pertenencia a una minoría.
Por lo tanto, lo que se debería pedir no es que el Gobierno intervenga para reasignar tierras a las minorías, sino que garantice el respeto por la propiedad privada. Que ni los pequeños campesinos ni nadie sea sacado de sus tierras por ningún motivo. Todo intercambio de derechos de propiedad debe ser realizado de manera libre y voluntaria.
Es justo que quienes han sido despojados de su tierra por grupos armados, o por el mismo Gobierno, reclamen lo que les pertenece, pero pedir beneficios por ser minoría y argumentar que la tierra está muy concentrada no tiene nada de ético ni es conveniente para la sociedad.
En lo concerniente a la salud y educación que brinda el Estado, es claro que son servicios de muy mala calidad. Sin embargo, la solución no es pedirle al Gobierno que administre más hospitales y más escuelas. Está demostrado que los políticos no son buenos manejando empresas; ofrecen servicios de muy baja calidad, gastando cantidades exorbitantes de dinero.
La salud en Colombia, por ejemplo, está ampliamente intervenida y cartelizada. Se afirma que el mal servicio se debe a la privatización, ignorando que la real causa de este problema, son las grandes barreras que el Gobierno impone y que impiden que nuevos empresarios entren a competir. La salud en nuestro país no es un mercado libre. El Gobierno limita la cantidad de empresas, con el pretexto de mejorar la vigilancia, eliminando así los incentivos para que los prestadores del servicio bajen precios y aumenten su calidad.
Pedir mayor regulación y exigir que el Gobierno abra más hospitales y escuelas públicas es algo sin sentido. Lo que se debe pedir es todo lo contrario, que el Estado deje de intervenir y que la salud y la educación sean mercados libres, en donde los consumidores sean los que elijan y no se condene a los más pobres a utilizar los pésimos servicios que ofrece el Gobierno.
En pocas palabras, lo que demandan quienes hacen parte del paro agrario es más intervención estatal. Su plan para mejorar la situación del agro en Colombia parece que es pedir que el Estado regule aún más las actividades comerciales y que se encargue de ofrecer cada vez más servicios. Es decir, reconocen que el Gobierno falla en sus labores, pero la solución que proponen es que ese mismo Gobierno se encargue de más tareas.
Algunas de las demandas de la Cumbre Agraria se explican porque son convenientes para quienes participan en esta. Establecer aranceles a la entrada de productos agrícolas extranjeros, así como pedir subsidios y protestar por la concentración de la tierra, es demandar privilegios que, si bien los benefician a ellos, no son correctos y además perjudican a toda la sociedad.
Aunque los objetivos que se buscan con el paro agrario a primera vista pueden parecer loables, son en realidad perjudiciales para la mayoría de los colombianos. No caigamos en la trampa de pedir mayor paternalismo estatal como solución a nuestros problemas. Nuestra lucha debe ser la contraria: exigir mayor libertad. Recordemos que son los países con mayores libertades económicas los que crecen más rápido y logran ofrecer mayor bienestar a sus habitantes.
