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Apenas pueden exagerarse las graves consecuencias que tendrá la pandemia de COVID-19 para la economía mexicana. Algunos reportes ya hablan de una caída en el PIB anual del -7 % (tras el nulo crecimiento del 2019) y del -20% en el correspondiente al segundo trimestre del año (y sin el socorro del petróleo en las finanzas públicas, que ya anda en casi los 10 dólares por barril, costando más producirlo que venderlo). Además, se prevé la pérdida de miles de empleos en áreas como turismo y servicios: solo en turismo se habla de medio millón de empleos que se perderán en el país. Las consecuencias sobre las microempresas (4.1 millones de establecimientos) y pymes (112 000) serán devastadoras: en unos días más de inactividad productiva, no podrán pagar la nómina de más de 30 millones de mexicanos a los que dan empleo, ni impuestos, ni créditos pendientes. En el país ya empiezan a darse saqueos en establecimientos comerciales, que podrían generalizarse en poco tiempo; y pronto veremos nuevos conflictos con Estados Unidos, por la indetenible y urgida migración desde México y Centroamérica. Y el problema apenas inicia: hasta el sábado pasado, el gobierno mexicano hizo un llamado a permanecer en casa por al menos 30 días.
Y mientras el país se derrumba, el gobierno está ausente y el presidente está López Obrador paseando y haciendo lo que mejor sabe hacer: asustando a la inversión productiva, destruyendo riqueza y sembrando más desconfianza y polarización.
En el recuento final de la gestión mundial para detener al COVID, seguramente los esfuerzos del gobierno mexicano serán un ejemplo, un ejemplo de lo que no debe hacerse. Sin la realización oportuna de pruebas, ni una estrategia temprana de detección desde los aeropuertos; sin la compra oportuna de equipos y materiales; subvalorando el problema, con un presidente diciendo y haciendo una cosa y la Secretaría de Salud diciendo otras, con un presidente, perdido, anunciando que el 19 de abril terminaría la emergencia, frente al coordinador de los esfuerzos oficiales que lo lisonjea y le da por su lado, enfrentando la emergencia con un sistema de salud devastado, desabastecido y en ruinas, por malas decisiones recientes, sin protocolos de qué hacer con los enfermos en las instituciones de salud y ni siquiera contar con áreas confinadas, obstaculizando a los gobiernos locales que decidieron actuar a tiempo con la sospecha creíble de que se ocultó la real incidencia y el número de muertes… todo lo que no debía salir mal frente a la emergencia del COVID-19, el gobierno mexicano se empeñó en hacerlo mal y a destiempo.
La emergencia sanitaria se veía venir desde enero y el gobierno mexicano decidió no hacer nada, por irresponsabilidad o por simple falta de recursos, tras el despilfarro de los mismos en los proyectos faraónicos del presidente. Lo que ha ocurrido debería ser un escándalo internacional.
Vendrá la segunda emergencia, la económica, la más dura, y que tendrá una incidencia mayor que la sanitaria, y para la que el gobierno tampoco está preparado. Sus únicas decisiones reales han sido pedirle a las empresas y las personas que sigan pagando impuestos “por solidaridad” sin importar la caída en la actividad, y amenazar a las empresas que decidan bajar sueldos y/o dejar de emplear a sus trabajadores. Por parte del gobierno de López Obrador, ni un solo sacrificio: la única solidaridad que entiende es para consigo mismo, nunca con los demás. Así, se ratifica una vez más que no importa cuánto hablen los políticos de solidaridad: jamás la tienen para con los contribuyentes ni los productores (Thomas Sowell dixit).
México va camino a la peor crisis de su historia con destrucción de la planta productiva, desempleo masivo y una catástrofe sanitaria nunca antes vista. Mientras el gobierno mexicano está desorientado y sin liderazgo, y en Palacio Nacional, López Obrador sigue comiendo pasteles.
