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La ciudadanía guatemalteca marchó este domingo vestida de blanco, en condición de exigencia a la aplicación de la pena de muerte que según varios medios de comunicación, está «entrampada por vacíos legales»
En algunos carteles se podía leer frases como «Por el derecho a la vida pena de muerte» y «Basta de proteger a delincuentes», entre otras.
La promotora de esta manifestación fue Zury Ríos, quien dijo que su partido, Visión con Valores (VIVA), hará la presión necesaria para que la ley castigue por la vía de la pena de muerte el delito de extorsión.
Según el portal digital Prensa Libre, en la movilización también participaron taxistas, quienes constantemente sufren «represalias de extorsionistas» y además, temen por su vida. Adicionalmente, también protestaron conductores de Uber y mototaxistas.
El arzobispo Julio Vián fue entrevistado por la prensa al respecto de la pena de muerte y el mismo dijo que «existen otros medios para aplicar la justicia sin violencia».
Para nadie es un secreto que este tema se ha estado mencionando en el Congreso en este Gobierno, sin embargo, se rechazó el dictamen de una iniciativa de ley que solicitaba restablecer la pena capital. En octubre de 2016 se tomó la decisión en base a los 80 votos en contra y 14 a favor.
Existe una encuesta que realizó Prensa Libre en donde se consultaron a 124 de 158 diputados en donde 71 afirmaron que votarían a favor de la ley que reactive la pena de muerte, sin embargo, todos prefirieron conservar su anonimato. Los que estarían en contra fueron 46.
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La última vez que Guatemala aplicó la pena de muerte fue en el 2000, a pesar de ello, la legalidad de esa acción se encuentra en entre dicho, a partir del Pacto de San José, que consistía en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos y que se aplicó desde 1978.
El político Álvaro Colom, presentó en el 2011 a la Asamblea Nacional una propuesta de ley para abolir la pena de muerte, pero esta tampoco prosperó.
Seguidamente en el 2012, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revocó la pena de muerte que querían aplicar 53 reclusos y le aplicaron en su lugar una pena máxima por 50 años.
Actualmente, la pena de muerte sí se aplica en Guatemala, pero para los casos de ejecución extrajudicial, secuestro, violación calificada, magnicidio, desaparición forzada, tortura y parricidio.
Fuente: Prensa Libre
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