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Es muy positivo que se anuncie el fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, es peligroso jugar con las expectativas y hacer la guerra del miedo para aprobar los acuerdos. Hace una semana, el presidente Santos amenazó con subir impuestos de no ser aprobado el plebiscito, argumentando que una guerra es muy cara. La mala noticia es que el Gobierno aumentará las tasas impositivas de todas maneras.
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Si fuera cierto que el costo monetario de la guerra es creciente, el sector de defensa no habría sido el más dignificado con los recortes presupuestales de principios de año. Este Gobierno volverá a aumentar los impuestos, pero no debido a la guerra, sino al desbordado crecimiento del aparato estatal y al escepticismo del mercado mundial.
A pesar de que varios analistas, como Bruce Mac Master y el Doing Business, han advertido sobre lo inconveniente que es nuestro sistema tributario en Colombia, Santos nos amenaza con volverlo aún más confiscatorio.
El Gobierno de santos no ha parado de sumar cargos a la nómina del Estado. La creación de superministros, altos consejeros y demás roles con funciones repetitivas e innecesarias le han impuesto inmensas cargas al erario público. Fue así que el último presupuesto general de la Nación aumentó en 31,7% el rubro de empleo público y en 3,4% los gastos de funcionamiento, a su vez la inversión cayó en 4,8%.
Como lo advierte Salomón Kalmanovitz , la nómina paralela del Estado se ha ampliado significativamente, al igual que los presupuestos en entidades manejadas por políticos. Al final del día, serán los ciudadanos de a pie quienes le financiarán las maquinarias a los políticos tradicionales. Mientras que el Estado ha hecho tímidos recortes al gasto (menos del 1% del PIB), pretende que la reforma tributaria le tape el déficit que asciende a 4%, aunque algunos analistas estiman que es mayor.
Otro saldo que se ha expandido es el de los intereses de la deuda. Aunque en gran parte están explicados por el alza del dólar, el Estado no ha dejado de tomar créditos en el extranjero. Pues en parte tiene que cubrir una menor inversión extranjera que ha debilitado el balance externo del país.
La pobre competitividad de la economía nacional, producto del cambio continúo de las reglas de juego y los altos impuestos, ha impedido que las exportaciones reaccionen ante la devaluación del peso colombiano, ergo el hueco ha de cubrirse con mayor endeudamiento y capitalización de empresas.
Con el fin de emocionarnos, nos anuncian que la paz podría acabar con todos nuestros problemas. Aclaro que considero que un acuerdo con la guerrilla es transcendental para nuestro país. No obstante, es atrevido pensar que con la firma del acuerdo la economía crecerá más rápidamente y de manera perpetua. Primero, las zonas de mayor intensidad económica no son las regiones donde predomina el conflicto. Segundo, como lo anuncia Mark Hofstetter en un reciente ensayo, el sector que más se beneficiaría, la agricultura, tiende a perder relevancia en la economía conforme a un país se desarrolla más.
Para que el PIB crezca 1% más, jalonado por el agro después del conflicto, este sector tendría que expandirse a tasas que oscilan entre el 15 y 20%, mientras que durante los últimos cinco años el promedio de crecimiento ha sido de 3%. Si se argumenta que la industria también se beneficiaría, para que los dividendos de la paz ocurran, ambos sectores deberían crecer alrededor de 10% para que el PIB se expanda un 1% adicional. Se necesitarían crecimientos de cuatro veces el promedio de la década anterior. Tercero, el crecimiento del PIB tiene una reversión a la media, esto es, tiende a un crecimiento promedio, es irreal esperar expansiones aceleradas durante periodos largos de tiempo.
Para terminar, el Gobierno debería de ser realista y no jugar con nuestras expectativas. La reforma tributaria que se está cocinando, al igual que sus predecesoras, no obedecen a los efectos de la guerra. Además, la paz no nos sacará del subdesarrollo. Se requiere un verdadero ajuste a la nueva coyuntura (pérdida de rentas petroleras).
Los favores políticos no pueden seguirse pagando a costas de los impuestos de los ciudadanos y sacrificios a la competitividad de nuestra economía.
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