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Los legisladores argentinos proponen un remedio que será peor que la enfermedad.
En Argentina no existen estadísticas oficiales. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que dejó de gobernar el 10 de diciembre del año pasado, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con el objetivo de disfrazar la cruda realidad que se vivía en el país en materia de inflación, crecimiento económico y pobreza.
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En términos de empleo, los datos siempre mostraron buenos resultados. El último informe publicado mostró un 5,9% de desocupación, el guarismo más bajo en 28 años. Dudosa credibilidad.
En la actualidad, el INDEC está en proceso de reconstrucción, por lo que no hay datos oficiales de desempleo. Lo que sí hay, sin embargo, son datos de la evolución del empleo en el sector privado, provistos por el Ministerio de Trabajo, que revelan que la situación tiene un estancamiento desde hace al menos cinco años.
Otro dato relevante lo ofrece el Fondo Monetario Internacional, que prevé que el desempleo en Argentina trepará a 7,8% en 2016 y luego se reducirá a 7,4% en 2017. No es un dato para alegrarse, pero nada parecido a una crisis o emergencia ocupacional.
Sin embargo, algunos políticos y comunicadores se empeñan en repetir que el país está atravesando una profunda crisis del mercado laboral, con una ola de despidos que parece crecer día a día y hora tras hora.
En respuesta a ello, el Senado le dio media sanción a una ley «antidespidos» que prohibirá los despidos sin causa por seis meses, también las suspensiones, e impondrá dobles indemnizaciones para cada empleado que deba ser desafectado de la plantilla.
Ahora bien, como siempre sucede con estas iniciativas, el resultado será totalmente contrario al esperado. Finalmente, de aprobarse esta legislación, el desempleo, lejos de caer, subirá.
A ningún empresario le gusta despedir empleados. Después de todo, despedir a una persona (si no es por cuestiones de desempeño personal estrictamente) refleja que la situación económica de la empresa es delicada y que necesita hacer un ajuste para intentar sobrevivir.
Lo más deseable para el empresario, entonces, es contratar, no despedir personal.
En este marco, si una empresa se ve en la necesidad de despedir a un trabajador, lo mejor que puede pasar es que esa decisión sea tomada con el mínimo de restricciones posibles. Es que si lo contrario sucede, y el costo de despedir se eleva o directamente se transforma en una violación a la ley, la decisión que tendrá que tomar el empresario será la de cerrar su fábrica.
El resultado, finalmente, será no sólo que la ley no pudo evitar el despido de esa persona en particular, sino que terminó generando el desempleo de todos los trabajadores de la empresa. Un verdadero “tiro por la culata”, como suele decirse.
Los mercados libres se caracterizan por lo que Joseph Schumpeter definió como “destrucción creativa”. En ese proceso, abren las puertas nuevas empresas y cierran otras todo el tiempo. Sin embargo, el resultado no es el masivo desempleo, sino la continua mejora de los procesos productivos y el aumento de la producción de los bienes y servicios que consumimos.
A la vez, se terminan generando nuevos puestos de trabajo y mayores salarios reales.
Prohibir despidos, encarecerlos y dificultar los procesos de mercado no sólo es malo para las empresas, sino que también es directamente perjudicial para todos los trabajadores a quienes supuestamente se quiso beneficiar en primer lugar.
En conclusión, prohibir los despidos generará desempleo. Por tanto, la medida no protege, sino que destruye las fuentes de trabajo. Lo mejor que podemos hacer en esta coyuntura es cuidarnos de las “buenas” propuestas de ciertos legisladores y recordar que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.
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