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El Gobierno de El Salvador recibe el primer desembolso, dentro del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) por USD $98 millones para combatir las causas de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Mientras esto ocurre, el periódico ingles The Guardian publica una nota sobre los abusos de la autoridad en contra de pandilleros y civiles que viven en zonas controladas por las pandillas.
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Este monto aumentó un 52,8 % a comparación de lo recibido en el 2015. Los fondos serán ejecutados a través de programas canalizados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el objetivo de “atacar de raíz la migración irregular”.
El dinero se distribuirá en USD $29,3 millones para actividades de crecimiento económico y en USD $68,6 millones para proyectos de democracia y gobernabilidad, según comunicó la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
La administración norteamericana considera que “se han logrado suficientes avances en los 16 criterios definidos en la legislación de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte para utilizar los fondos adicionales”
“Estamos dando el banderillazo de salida para la ejecución de los primeros fondos en el marco de la ley”, dijo al respecto el canciller salvadoreño Hugo Martínez, que se confesó “realmente emocionado”.
The Guardian y las maras en El Salvador
“Le tememos más a los soldados que a los mareros” es el título del reportaje de The Guardian, que narra la vida dentro del Distrito Italia, uno de los más violentos de El Salvador.
Según el reportaje, testigos narran cómo jóvenes están siendo asesinados por las fuerzas de seguridad (policía y fuerza armada) y que sus muertes son reportadas como víctimas colaterales en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas.
De enero de 2015 (mes en el que el Gobierno declaró “una guerra” en contra de las pandillas) a agosto de 2016 según números del periódico en línea salvadoreño El Faro, han muerto 693 pandilleros y 255 heridos en 1,074 enfrentamientos de fuego.
Durante el mismo período de tiempo han sido asesinados 24 soldados y policías. En abril de 2016 el Gobierno anunció “medidas extraordinarias” en contra de las pandillas. Entre esas medidas se encuentra un régimen especial de internamiento dentro de las cárceles, aislamiento de los jefes pandilleros, suspensión de visitas (familiares y de asistencia legal), restringir movimiento de reos, se suspenden plazos y términos procesales para evitar que proscriban los delitos y medidas extraordinarias para evitar telecomunicaciones en los penales.
Negociaciones entre pandillas, ¿a la vuelta de la esquina?
El Gobierno expresó ayer lunes que las pandillas están “desesperadas” por un diálogo, debido a las medidas extraordinarias a las que están siendo sometidos los pandilleros.
Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia aseguró en una entrevista en el canal estatal de El Salvador que las pandillas desean un diálogo debido a que “están siendo arrinconados, desarticulados y serán derrotados”.
El funcionario atribuyó esto a las “medidas extraordinarias” con las que se reforzó el régimen de seguridad en las seis cárceles que albergan pandilleros, se formó un comando élite para dar caza a las columnas armadas en la zona rural y permitieron el despliegue de más militares.
Estas declaraciones contrastan con las hechas por Landaverde, ministro de seguridad de El Salvador a la prensa salvadoreña, “Las estructuras de pandillas no están ni siquiera considerando establecer cualquier tipo de diálogo con el Gobierno y mucho menos desarticularse”.
También contrasta con las publicaciones que El Faro hizo en enero de 2017 en las que voceros de las pandillas más grandes de El Salvador aseguran que sí quieren un diálogo entre ellas y el Gobierno.
Para el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, en su Gobierno “no hay espacio para diálogo” o para “treguas” y “no queda otro camino” para combatir a las pandillas que la “guerra”.
