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Chile: la relatividad del Estado de Derecho

By: Andrea Kohen - @AndreaKohen - Ene 21, 2017, 3:42 pm
(Angel) Chile
La verdad de las cosas es que el Gobierno izquierdista de Michelle Bachelet, comparte las ideas de la CAM (Coordinadora Arauco Mallico) y simpatiza con “la causa”. (Angel)

Conflicto intercultural, robo de madera, delincuencia rural, etc. Todo menos terrorismo ha dicho el Gobierno de Chile en lo referente a los actos de violencia en la Araucanía, donde a diario se ven quemas de camiones, grupos armados asaltando sin ley ni orden a las forestales, quema de maquinaria, matanzas masivas de ganado, asesinato de personas.

El pasado fin de semana se realizaron 2 atentados terroristas. Uno a Oscar Landerretche, director de CODELCO (industria cuprífera de Chile), llevado a cabo por un grupo extremista que se autodenomina naturalista y odiadores de la raza humana en pro del medioambiente, causándole serias heridas al director de la cuprífera y generando todo tipo de declaraciones desde el Gobierno, tales como “es inaceptable”, “vamos a perseguirlos hasta hacer justicia”, “los grupos que utilizan la violencia son terroristas y punto” (palabras de Mahmud Aleuy). Este grupo no es de la sintonía gubernamental y, por lo tanto, es obvio que se les perseguirá.

El otro ataque fue a un fundo en el sur, en la localidad de Cañete, donde un cuidador fue asesinado al ser calcinado, su casa también fue quemada y toda su familia lastimada. Sin embargo, solo se reconoce como acto terrorista el caso de Oscar Landerretche, pero no el caso de este cuidador.

Incluso estos hechos de violencia en la Araucanía han sido denunciados por la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), que es la asociación gremial de las empresas, gremios del sector industrial chileno. Ellos han dicho que hay grupos que entran armados a robar grandes cantidades de producción de todo tipo y afirman que en dicha zona del país no hay Estado de derecho. Lo triste es que algunos aún creen que la solicitud de los empresarios, pidiendo seguridad, valida automáticamente la causa terrorista, como si los empresarios vivieran para explotar a la gente olvidando que gracias a sus ideas e innovaciones es que se genera empleo.

Una de las razones por las cuales la figura del Estado es tolerable a la sociedad civil, es la mantención de la seguridad pública, algo para lo que los gobiernos de derecha e izquierda, desde la década del 90, han demostrado ser bastante ineficientes. Pero una cosa es la delincuencia común, que ya es negativo, y otra cosa es el terrorismo como en la Araucanía, donde no hay acción policial a la altura del fenómeno.

Si el Estado no puede proveer derecho, que es igualdad ante la ley de príncipe a paje, en donde el asesinato es perseguido de igual manera si lo comete un mestizo, un indígena o un criollo, entonces parece que las funciones del Estado deben volver a ser discutidas.

 

Lo irrisorio es que en Chile, como en ningún otro país serio en el mundo, en vez de perseguir a los terroristas, ofrecen un seguro para víctimas. Es tan profundo el problema que solo parecen crear medidas absurdas y simplonas que significan nada más una burla a las víctimas.

La discusión parece girar en torno a la coordinación policial o a la inteligencia utilizada para cubrir las investigaciones, pero ese no es el problema, pues en la zona, los terroristas, que quiero insistir en que no son todos los mapuche, son conocidos y se sabe dónde están ubicados, la policía maneja toda esa información y estos personajes caminan con absoluta libertad por la zona.

Afirmar que hay un problema de coordinación o inteligencia es asignarle culpas o reproche a un elemento técnico, como diciendo “¡sí!, deseamos capturarlos pero la logística nos ha fallado”. Y esto no es así, ya que el centro del asunto es político, es ideológico y doctrinario. La verdad de las cosas es que el Gobierno izquierdista de Michelle Bachelet comparte las ideas de la CAM (Coordinadora Arauco Mallico) y simpatiza con “la causa”, pero quizás se desgastan en frases cliché de estos sectores de izquierda, para disimular su apego al movimiento, diciendo “estamos de acuerdo con sus principios, pero no compartimos los métodos”. No así con el grupo antihumanidad que atentó contra Landerretche.

¿Por qué una sociedad pasa de ser relativamente pacífica y ordenada a ser una sociedad violenta? Pues frente a la impunidad, a la falta de ley y orden, viendo que se queman camiones y se roba madera, se mata animales y se asesina a personas con total indiferencia del Estado, entonces quienes tenían esos impulsos reprimidos, rápidamente se unen a las filas de los agresores utilizando una excusa de causa para poder desatar su violencia.

A esta situación se le llama el deterioro y relativización del Estado de derecho, pues las víctimas pasan a ser cuestionadas porque, al parecer, el terrorismo no es tal, sino una lucha social justificada, por lo tanto no se les perseguirá como se debe y la justicia se verá aplastada por la ideología.

Lo de Oscar Landerretche fue un crimen y como tal debe ser perseguido, pero también lo que hace la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyos lazos con las FARC ya han sido demostrados para entrenamiento a la violencia y que han aplicado efectivamente al atentar contra la paz, la seguridad y la vida de las personas que viven en la Araucanía.

El rechazo por todo tipo de uniforme que imponga autoridad, ese trauma antirrepublicano que los gobiernos de izquierda tienen con las fuerzas armadas después del golpe militar, además de su alineamiento con las premisas que mueven a la CAM, ha producido reticencia en el Gobierno actual para implementar medidas serias frente al terrorismo.

  • Lea más: Chile: Piñera exige que se investigue como terrorismo ataque que quemó vivo a hombre en Arauco

Por estas cosas, por las reacciones doble estándar que se tienen frente a actos tan nefastos como el atentado a Óscar Landerretche, versus el asesinato del cuidador de un fundo en Cañete (incluso remontándonos al asesinato de los Luchsinger Mackay), es que podemos establecer que en Chile el Estado de derecho parece ser relativo y solo hay justicia para quienes comparten las consignas izquierdistas o cuando los agresores no están en sintonía con la clase gobernante.

Que en paz descanse la justicia.

Andrea Kohen Andrea Kohen

Andrea Kohen es historiadora, economista y licenciada en educación. Síguela en @AndreaKohen.

Colombia: con pena mínima condenaron a funcionarios por millonario robo de impuestos

By: Julián Villabona Galarza - @julianvillabona - Ene 21, 2017, 2:57 pm
robo de impuestos

Con penas entre siete y 13 años fueron condenados los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que participaron de una red dedicada a realizar fraude con los impuestos de los colombianos al interior de la entidad. Leer más: Bogotá: intentaron atentar nuevamente contra la Dirección de Impuestos Leer más: Por excesivos impuestos en Colombia extranjeros renuncian a la nacionalidad Se trata de una red liderada por Blahca Jazmín Becerra, que se dedicaba a realizar exportaciones ficticias para que la DIAN les devolviera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de productos que supuestamente eran enviados al exterior, pero que en realidad no existían. Por ese motivo la funcionaria mencionada fue capturada en 2011. Becerra colaboró con las autoridades y permitió la captura de los demás funcionarios que participan de la red. Estos tenían labores específicas, según su cargo, para lograr que el fraude pudiera perpetrarse y cobrar el retorno del IVA por productos que ni siquiera existían. Por ejemplo, María Paulina Rubio y Fabio Iván Escobar, quienes pertenecían al área de radicación y revisión de la DIAN, pasaban por alto la revisión de los documentos que eran enviados por la red que perpetró el fraude, por lo que sus solicitudes eran aprobadas a pesar de que las empresas ficticias creadas con este fin, no cumplían con los requerimientos mínimos. Los funcionarios Luz Mary Guevara, Alfredo Farías Sepúlveda y Gustavo Vanegas Tellez también fueron condenados. Estos se encargaban de hacer la visita a las empresas que solicitaban el reembolso del IVA y a pesar de que no existían, ellos certificaban que las empresas estaban dentro de la legalidad y cumplían con los requerimientos. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Después de esto, esa aprobación para que las empresas inexistentes recibieran un reembolso de impuestos ilegal, el trámite pasaba al revisor fiscal, Carlos Armando Rodríguez Torres, quien les daba su visto bueno. Por esta razón, Rodríguez fue condenado a 12 años de prisión por peculado y concierto para delinquir. En la red de fraude estaban Javier Navas Ballesteros y Amparo Barajas García; el primero de ellos debía realizar un cruce de información, que de haberse realizado, habría mostrado las irregularidades en el cobro de la devolución del IVA y que obviamente fue omitida. Por su parte, Barajas se encargaba de mantener informada al cerebro de la operación: Blahca Jazmín Becerra. Otro de los que participó en el fraude fue Alfonso Viana Cubides, funcionario del grupo de devoluciones, quien recibía el dinero y lo repartía entre los miembros de la red. Algunas veces esos montos no fueron fueron pagados con dinero sino con vehículos. El detrimento total de las operaciones ilegales de la red liderada por Blahca Jazmín Becerra fue de 11.250 millones de pesos (USD 3,8 millones). Gracias a la investigación también se logró la captura de Omar Leonidas Pisco Velandia, quien trabajaba en la Cámara de Comercio de Bogotá y permitió la creación de las empresas ficticias que se usaron para el fraude. El juez que impuso la condena señaló que estos comportamientos generaban una afectación a los recursos de los colombianos y eran un mensaje negativo a los contribuyentes y al pago de impuestos, ya que estos terminaron dilapidados. Fuente: El Tiempo

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