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Conflicto intercultural, robo de madera, delincuencia rural, etc. Todo menos terrorismo ha dicho el Gobierno de Chile en lo referente a los actos de violencia en la Araucanía, donde a diario se ven quemas de camiones, grupos armados asaltando sin ley ni orden a las forestales, quema de maquinaria, matanzas masivas de ganado, asesinato de personas.
El pasado fin de semana se realizaron 2 atentados terroristas. Uno a Oscar Landerretche, director de CODELCO (industria cuprífera de Chile), llevado a cabo por un grupo extremista que se autodenomina naturalista y odiadores de la raza humana en pro del medioambiente, causándole serias heridas al director de la cuprífera y generando todo tipo de declaraciones desde el Gobierno, tales como “es inaceptable”, “vamos a perseguirlos hasta hacer justicia”, “los grupos que utilizan la violencia son terroristas y punto” (palabras de Mahmud Aleuy). Este grupo no es de la sintonía gubernamental y, por lo tanto, es obvio que se les perseguirá.
El otro ataque fue a un fundo en el sur, en la localidad de Cañete, donde un cuidador fue asesinado al ser calcinado, su casa también fue quemada y toda su familia lastimada. Sin embargo, solo se reconoce como acto terrorista el caso de Oscar Landerretche, pero no el caso de este cuidador.
Incluso estos hechos de violencia en la Araucanía han sido denunciados por la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), que es la asociación gremial de las empresas, gremios del sector industrial chileno. Ellos han dicho que hay grupos que entran armados a robar grandes cantidades de producción de todo tipo y afirman que en dicha zona del país no hay Estado de derecho. Lo triste es que algunos aún creen que la solicitud de los empresarios, pidiendo seguridad, valida automáticamente la causa terrorista, como si los empresarios vivieran para explotar a la gente olvidando que gracias a sus ideas e innovaciones es que se genera empleo.
Una de las razones por las cuales la figura del Estado es tolerable a la sociedad civil, es la mantención de la seguridad pública, algo para lo que los gobiernos de derecha e izquierda, desde la década del 90, han demostrado ser bastante ineficientes. Pero una cosa es la delincuencia común, que ya es negativo, y otra cosa es el terrorismo como en la Araucanía, donde no hay acción policial a la altura del fenómeno.
Si el Estado no puede proveer derecho, que es igualdad ante la ley de príncipe a paje, en donde el asesinato es perseguido de igual manera si lo comete un mestizo, un indígena o un criollo, entonces parece que las funciones del Estado deben volver a ser discutidas.
Lo irrisorio es que en Chile, como en ningún otro país serio en el mundo, en vez de perseguir a los terroristas, ofrecen un seguro para víctimas. Es tan profundo el problema que solo parecen crear medidas absurdas y simplonas que significan nada más una burla a las víctimas.
La discusión parece girar en torno a la coordinación policial o a la inteligencia utilizada para cubrir las investigaciones, pero ese no es el problema, pues en la zona, los terroristas, que quiero insistir en que no son todos los mapuche, son conocidos y se sabe dónde están ubicados, la policía maneja toda esa información y estos personajes caminan con absoluta libertad por la zona.
Afirmar que hay un problema de coordinación o inteligencia es asignarle culpas o reproche a un elemento técnico, como diciendo “¡sí!, deseamos capturarlos pero la logística nos ha fallado”. Y esto no es así, ya que el centro del asunto es político, es ideológico y doctrinario. La verdad de las cosas es que el Gobierno izquierdista de Michelle Bachelet comparte las ideas de la CAM (Coordinadora Arauco Mallico) y simpatiza con “la causa”, pero quizás se desgastan en frases cliché de estos sectores de izquierda, para disimular su apego al movimiento, diciendo “estamos de acuerdo con sus principios, pero no compartimos los métodos”. No así con el grupo antihumanidad que atentó contra Landerretche.
¿Por qué una sociedad pasa de ser relativamente pacífica y ordenada a ser una sociedad violenta? Pues frente a la impunidad, a la falta de ley y orden, viendo que se queman camiones y se roba madera, se mata animales y se asesina a personas con total indiferencia del Estado, entonces quienes tenían esos impulsos reprimidos, rápidamente se unen a las filas de los agresores utilizando una excusa de causa para poder desatar su violencia.
A esta situación se le llama el deterioro y relativización del Estado de derecho, pues las víctimas pasan a ser cuestionadas porque, al parecer, el terrorismo no es tal, sino una lucha social justificada, por lo tanto no se les perseguirá como se debe y la justicia se verá aplastada por la ideología.
Lo de Oscar Landerretche fue un crimen y como tal debe ser perseguido, pero también lo que hace la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyos lazos con las FARC ya han sido demostrados para entrenamiento a la violencia y que han aplicado efectivamente al atentar contra la paz, la seguridad y la vida de las personas que viven en la Araucanía.
El rechazo por todo tipo de uniforme que imponga autoridad, ese trauma antirrepublicano que los gobiernos de izquierda tienen con las fuerzas armadas después del golpe militar, además de su alineamiento con las premisas que mueven a la CAM, ha producido reticencia en el Gobierno actual para implementar medidas serias frente al terrorismo.
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Por estas cosas, por las reacciones doble estándar que se tienen frente a actos tan nefastos como el atentado a Óscar Landerretche, versus el asesinato del cuidador de un fundo en Cañete (incluso remontándonos al asesinato de los Luchsinger Mackay), es que podemos establecer que en Chile el Estado de derecho parece ser relativo y solo hay justicia para quienes comparten las consignas izquierdistas o cuando los agresores no están en sintonía con la clase gobernante.
Que en paz descanse la justicia.
