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Uno de los compromisos adquiridos por Santos con las FARC al pactar un acuerdo de paz implicó reformar el sistema electoral colombiano. Por esta razón, el gobierno Santos presentó un proyecto de reforma electoral. De aprobarse esta modificación legal, se transformarían tanto el régimen como la organización electoral del país. En el PanAm Post le contamos las luces y las sombras del proyecto de reforma electoral presentado por el gobierno Santos.
El contexto de la reforma
El gobierno colombiano contrató una Misión Electoral Especial independiente con el propósito de reformar el régimen y la organización electoral. Los miembros de la misión incluyeron al Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Por lo tanto, el texto parte de instituciones independientes. Sin embargo, el gobierno ha ido «ajustando» la propuesta luego de consultarla con los partidos políticos. Este proyecto de acto legislativo fue presentado por Juan Fernando Cristo, Ministro del interior, ante la Cámara de Representantes. Su aprobación dependerá entonces del legislativo.
La modernización del sistema electoral
Uno de los aspectos positivos de la propuesta incluye la modernización del sistema electoral colombiano. Eso implica que ciudadanos, partidos y movimientos podrán utilizar medios digitales con el propósito de estimular la participación ciudadana.
La propuesta, en su artículo 15, también propone la implementación del voto y la inscripción electoral digitales. Según este proyecto, el voto digital iniciaría con las personas residentes en el exterior.
Ampliando la participación ciudadana
El mencionado proyecto de acto legislativo, también modificaría las condiciones para la creación de movimientos y partidos políticos. De ser aprobado, se reconocería la personería jurídica como movimiento político a las organizaciones que tengan una base de afiliados de al menos 0,2 % del censo electoral nacional. Eso implicaría que las organizaciones que cuenten con al menos 71.003 afiliados podrán ser reconocidos como movimientos políticos.
Los movimientos políticos podrán postularse en elecciones territoriales si demuestran al menos 1 % del censo electoral donde se presenten. También podrían presentarse a elecciones nacionales si demostran que cuentan con votantes al menos en el 50 % del censo electoral nacional.
Esta propuesta de reforma electoral también evitaría que los políticos se «atornillen» al poder, limitando el número de veces que un miembro del legislativo, departamental o local pueda ser reelegido. De ser aprobada esta propuesta, también se permitirá que gente más joven se postule al Congreso (artículos 8 y 9).
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¿Una reforma a la medida de las FARC?
Uno de los puntos negativos más evidentes de la propuesta es que está diseñada para apoyar el ingreso de las FARC a la política. Tras un proceso de paz, no resulta extraño que los grupos armados que acuerdan su desmovilización hagan política. Sin embargo, en el caso de este proyecto de acto legislativo hace mención directa a las FARC al menos cuatro veces.
El artículo 3 de la propuesta de reforma menciona que los partidos y movimientos políticos serán sancionados por avalar quienes hayan sido relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, las sanciones procederán sólo si los delitos son cometidos «durante el ejercicio del cargo al cual se avaló» al político. Es decir, la propuesta blinda a los miembros de las FARC para hacer política electoral.
Una reforma que consolida el poder de los partidos tradicionales
Si bien esta reforma flexibilizaría la creación de movimientos políticos, hace más difícil la preservación de la personería jurídica de los partidos. En la actualidad, los partidos necesitan del 2 % de los votos en elecciones legislativas para conservar su personería jurídica. De ser aprobado el proyecto de reforma, sólo conservarán la personería jurídica aquellas organizaciones políticas con mínimo 3 % de los votos en elecciones legislativas. Para permitir un margen de maniobra para el partido de las FARC, el proyecto de acto legislativo permite un régimen de transición de ocho años. Este régimen incluirá financiación de nuevos partidos y movimientos que se creen hasta marzo de 2018.
El artículo 3 de la propuesta de reforma electoral también permitiría el transfuguismo. De ser aprobada esta propuesta, los políticos electos que quieran ser reelegidos por una organización política diferente, podrán postularse si renuncian a su cargo al menos 12 meses antes del día de inscripciones.
Más costos para los ciudadanos
De acuerdo a la reforma, el Estado financiará el funcionamiento de las organizaciones políticas con personería jurídica incluida la propaganda electoral. Esto implicará más gastos para el ya endeudado Estado colombiano. Además, la financiación no será enteramente igual para movimientos y partidos. Un 50 % del presupuesto será repartido de forma equitativa entre todos los partidos. El 50 % se entregará en proporción al número de curules obtenidas por el partido. De esta forma, los ciudadanos deberemos entregar más dinero a los partidos tradicionales.
Por medio del artículo 22, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambiaría de nombre. Esta institución recibiría el nombre de Consejo Electoral Colombiano. Los ciudadanos tendrían que financiar un innecesario cambio de nombre que implicaría nuevas placas, documentos, papeles entre otros gastos.
Dudas por aclarar de la reforma
Existen varios puntos por aclarar de la reforma. Uno de ellos tiene que ver con las listas electorales. Si bien, según el proyecto presentado por Cristo, las listas electorales serían desde ahora cerradas y bloqueadas, según medios de comunicación del país, existen partidos que se oponen a esta medida. De ser aprobado el proyecto inicial, los ciudadanos no podrán elegir al candidato de su preferencia del listado presentado por el partido. En ese escenario, los partidos políticos elaborarían las listas electorales. Esta reforma consolidaría el poder central de los partidos, afectando la liberad de los ciudadanos de elegir al candidato de su preferencia.
Conclusión
De ser aprobada, esta reforma traería puntos positivos como la modernización del sistema electoral colombiano. Sin embargo, es evidente que la propuesta está parcialmente diseñada para consolidar el poder de los partidos políticos. También es notoria la intención de sus autores de propiciar la participación de las FARC en política. La integración de las FARC como partido político no es negativa, el problema es tratar a este grupo como una organización política con derechos especiales.
Por otra parte, el nuevo sistema electoral podría traer costos adicionales. Por lo tanto, esta reforma traerá nuevos costos económicos para los ciudadanos colombianos. Estos recursos serán transferidos de los ciudadanos a los partidos políticos.
