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Contrario a lo que nos dicen diariamente los medios colombianos, “los ricos” del país no pagan pocos impuestos. Como escribí hace poco en la Revista Semana, solo el 4% de la población (2.1 millones de personas naturales y jurídicas) pagó al menos el 49% del total de los impuestos nacionales en el 2015.
Entre ese 4% que mantiene en alguna medida al resto de la población, solo 3.441 empresas – o el 0.16% de los declarantes de renta – pagan el 67% del impuesto a la renta, el cual constituye el 33% del recaudo total del país.
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Estas cifras – tomadas directamente de la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – prueban que la usual fórmula de exprimir aún más a la clase productiva para redistribuir la riqueza es del todo fallida y no eliminará la pobreza. De hecho, la carga tributaria en Colombia es tan pesada que, últimamente, varias empresas grandes se han ido del país – llevándose sus empleos y sus contribuciones al fisco consigo – para escapar la sexta tasa total sobre las ganancias más alta del mundo.
La gran desigualdad entre los pocos que pagan impuestos y los muchos que viven directamente de ellos – al menos 9 millones de personas según cálculos muy conservadores – también desvirtúa la suposición, expuesta por Luis Alberto Moreno del BID y legiones de supuestos expertos, de que en Colombia es indispensable aumentar el porcentaje del recaudo tributario en relación al Producto Interno Bruto. Solo así, aseguran ellos, seremos un país desarrollado.
Lo importante es la creación de riqueza, no el recaudo frente al PIB
En primer lugar, no es cierto que una tributación del 15% en relación al PIB, el nivel de recaudo que logró Colombia el año pasado, sea un número inaceptable per se. Según el Banco Mundial, en el 2012, cuando la tributación total de Colombia fue del 13.3% del PIB, la de Canadá fue del 11.6%, la de Alemania fue del 11.5% y la de Estados Unidos del 10.2%.
Esto apunta a un hecho obvio que los predicadores de la equidad pasan del todo por alto: lo importante no es el total de impuestos que recauda un Estado, sino el nivel de riqueza que sus ciudadanos pueden crear dentro del libre mercado.
Si se comete el error de asumir que es deseable el simple aumento de la tributación con respecto al PIB – Jamaica recaudó el 27% del PIB en el 2012, casi triplicando a Estados Unidos – lo más factible en Colombia sería mantener a la fuerza el nivel actual de recaudo y reducir drásticamente la producción, un desafío completo a la lógica.
Si nos vamos a comparar con otros países, una cifra mucho más importante es la del porcentaje total de contribuyentes. Mientras que en Colombia solo el 4% de la población paga el impuesto a la renta, en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania cerca del 50% de los ciudadanos (households en el caso estadounidense) son declarantes.
El problema fundamental es la informalidad en la economía
La diferencia abismal entre estos países y Colombia se da no tanto porque el 28% de la población colombiana es pobre según el DANE, sino porque el 60% de nuestra economía es informal.
Los vendedores ambulantes y otros actores informales no pagan impuestos pero, como explica el economista Hernando de Soto, tampoco pueden ejercer sus derechos a la propiedad ni hacer valer contrato alguno. Ni tienen acceso al crédito o a la acumulación del capital dentro de un sistema financiero legal.
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Las causas de la informalidad, sin embargo, son estatales. El pequeño emprendedor que busca crear empleos, ya sea para vender empanadas o el diseño de aplicaciones digitales, se estrella de inmediato con un exceso de trámites y burocracia que dificultan y encarecen enormemente la creación de una empresa legal.
La burocracia desenfrenada
Los pocos que logran sobrepasar estos obstáculos pronto descubren que pagar impuestos, aún cuando uno está dispuesto a hacerlo, es difícil, oneroso y frustrante: una empresa colombiana puede perder 239 horas anuales cumpliendo los requisitos para pagar los 11 impuestos a los cuales está sometida.
Exentos de las leyes del mercado, los burócratas que imponen tales absurdidades sobre las pequeñas empresas claramente ignoran que, como dijo Benjamin Franklin, “el tiempo es dinero”. Y cada vez que necesitan ajustar un déficit fiscal, la consecuencia del desenfrenado crecimiento del Estado en relación a la economía productiva, no dudan que falta explotar aún más al 4% que ya paga impuestos directos.
No se les ocurre eliminar las barreras de entrada a la formalidad que resultan ser impenetrables para la mayoría de los actores económicos. De tal manera, el Estado fomenta el empleo informal. También bloquea el acceso de millones de personas necesitadas al capitalismo, el único medio que permitiría que la gran mayoría de los pobres ingrese a la clase media en el futuro cercano.
Son necesarias las reformas del lado de la oferta
La solución es evidente: hay que permitir la creación de riqueza y de empleo formal, lo cual se logra al eliminar las arcaicas barreras de entrada a los mercados. Esto requiere “Uber-izar” la economía. Mientras que Nueva Zelanda permite la creación de una empresa en un solo día con un solo trámite virtual, en Colombia hay que ir físicamente de ventanilla en ventanilla durante semanas o meses para registrar legalmente a una empresa. Como diría Jeffrey Tucker, somos los Picapiedra en el mundo de los Supersónicos.
También es indispensable recortar drásticamente los impuestos corporativos. La cifra importante es el tributo total sobre las ganancias, el cual es del 69.7% actualmente en Colombia, una cifra abrumadora. Contrario a lo que creen muchos, cobramos un porcentaje por lejos mayor al de Alemania (48.8%), Estados Unidos (45.9%) y Reino Unido (32.5%).
Lo ideal, sin embargo, es tener una tarifa realmente competitiva globalmente. Irlanda, que le enseñó al mundo cómo las reformas serias del lado de la oferta necesariamente traen crecimiento, cobra el 25.9% sobre las ganancias de las empresas. Esto les ha permitido recuperarse plenamente de la crisis del 2008.
La tarifa en Dinamarca, cuyo Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen recientemente le recordó a Bernie Sanders que su país tiene una economía de mercado y no es socialista, es de 24.5%. En cuanto a otras economías ejemplares, Hong Kong cobra el 22.8%, Canadá el 21.1%, Singapur el 18.4%.
Colombia debería cobrar tarifas aún menores que las de estos países para crecer por medio de más empresas y empleos formales. Inclusive los estatistas deberían apoyar estas medidas ya que resultarían en un mayor número de declarantes de renta y, potencialmente, en un recaudo mayor.
Las reformas del lado de la oferta también impulsarían a la industria de los servicios, la cual constituye al menos el 64% de la economía de Bogotá. Hoy por hoy, suponer que el futuro económico de Colombia es minero-energético y extractivo es sencillamente fantasioso.
En la economía global del siglo XXI, el capital es de pies ligeros. No nos podemos dar el lujo de imponer tasas tributarias tres o cuatro veces más altas que las que cobran países mucho más atractivos para la inversión, entre otras cosas porque no tienen ni Farc ni neo-paramilitares.
Más peligrosos que estos señores en términos estrictamente económicos, sin embargo, son los dogmáticos que insisten que en Colombia hacen falta más impuestos y más gasto público. La evidencia indica que el caso es el opuesto.
