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El endeudamiento de las administraciones públicas permite que los políticos cobren mañana el gasto que ejecutan hoy. Esto genera incentivos perversos, puesto que invita a aumentar los presupuestos a costa de fondos que no serán asumidos en el corto, sino en el medio o largo plazo.
Acumular un excesivo endeudamiento público genera importantes distorsiones macroeconómicas. Conforme las administraciones asumen más y más obligaciones financieras, las familias y las empresas adoptan una actitud menos proclive al riesgo, conscientes de que el futuro puede pasar por una crisis fiscal. Esto redunda en una reducción del crecimiento económico que, de hecho, se agrava en el momento de asumir las cargas tributarias exigidas por el aumento de la deuda. En resumen, un círculo vicioso incompatible con un desarrollo sostenible.
Las economías de América Latina acumulaban en 2008 una deuda equivalente al 32 % del PIB. Ese porcentaje asciende ahora al 52 %, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El mayor aumento registrado en el continente es el que ha protagonizado Venezuela, cuyo Estado ya debe el equivalente al 161 % del PIB. El destrozo social que ha causado el “socialismo del siglo XXI” tiene, por tanto, su extensión en el terreno fiscal, donde la bancarrota es consecuencia de las medidas aplicadas por el chavismo.
60 % del PIB: el umbral de intolerancia a la deuda
Los informes de la OCDE, el Banco Internacional de Pagos o el propio FMI apuntan a que las economías emergentes enfrentan un escenario fiscal complejo cuando su deuda pública rebasa el 60 % del PIB. Esto explica las tensiones financieras que está atravesando Brasil, cuya deuda pública llega al 87 % del PIB.
El cuadro fiscal es algo más favorable en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador o México, pero todos estos países se mueven en cotas de endeudamiento público comprendidas entre el 48 % y el 58 % del PIB. Hablamos, pues, de países en los que un leve cambio a peor puede desembocar en una crisis fiscal de calado.
Chile es, con diferencia, el país que más ha controlado la deuda pública. En 2018, el FMI espera que este indicador se quede por debajo del 24 % del PIB. Sin embargo, esa misma ratio era del 5 % en 2008, de modo que se ha producido un importante deterioro que no podemos obviar, especialmente ahora que hay un nuevo Gobierno en La Moneda.
También en Perú y Paraguay hay una situación fiscal razonablemente positiva, con un endeudamiento público cercano al 25 % del PIB. No obstante, pese al boom que ha vivido en los últimos años, el país andino solo ha reducido un punto porcentual el peso de la deuda sobre el PIB. Por su parte, el país guaraní tiene ahora ocho puntos más de deuda pública que en 2008, de modo que la senda seguida desde entonces tampoco ha sido responsable desde el punto de vista fiscal.
Mirando adelante, sería interesante que los gobiernos latinoamericanos tomen nota del ejemplo de Suiza y adopten una regla fiscal capaz de reducir el gasto de forma lenta pero sostenida. El “freno a la deuda” instaurado en la confederación de cantones helvéticos reduce los presupuestos en tiempos de bonanza y permite un leve aumento presupuestario en momentos de dificultad. Al final, el equilibrio a medio y largo plazo es favorable a la sostenibilidad fiscal, lo que permite reducir la deuda y, con ello, aumentar la certidumbre macroeconómica para el sector privado.
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