Colombia: los políticos simplemente no son el remedio a la corrupción

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La corrupción estatal no se combate con más Estado (Facebook)
La corrupción estatal no se combate con más Estado (Facebook)

El 2017 empezó con un coro por parte de los medios de comunicación colombianos para intentar visibilizar el problema de corrupción estatal endémica que sufre el país. Era apenas esperable que en “tiempos de paz” se pasara por alto las preocupantes notas disonantes de los 24,4 homicidios por cada 100.000 habitantes que continuó ostentando el país al cierre del 2016, apenas 0,6 homicidios menos que en el 2015 cuando aún seguíamos inmersos en aquella cruenta guerra de antaño. Dirán el Presidente Santos y sus seguidores que esas más de 12.000 personas que murieron el año pasado tuvieron la fortuna de ser asesinadas en un país en “paz”.

Así, mientras el problema de la violencia se invisibiliza, una matemática sincronización con los medios de comunicación llevó a diversos políticos a aprovechar la oportunidad de brillar ante el país con el discurso anticorrupción que tan bien cae entre los votantes.

Para empezar, se tiene a la senadora Claudia López del Partido Verde gritando (habitual en ella) a los cuatro vientos sobre su flamante campaña anticorrupción, pero rodeada de políticos como el concejal Antonio Sanguino (quien se ha visto en líos desde que su hermano fue capturado por liderar una banda de microtráfico) y del Senador Jorge Iván Ospina, quien hace apenas unos meses ella misma calificó de “enmermelado”.

López y sus siete propuestas burocráticas abordan la corrupción como si se tratase de algo a solucionar con la imposición de unos cuantos trámites más. Sin lugar a dudas se trata de una movida política magistral con plena rentabilidad electoral, pero que en términos prácticos ni siquiera araña la superficie del problema.

Unos metros más a la izquierda de López, figura el Senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Tras guardar un silencio cómplice ante el  saqueo a manos llenas por parte de su partido en Bogotá y con su nuevo libro en mano, el senador ha realizado una radiografía detallada del comportamiento de la corrupción y ha llevado a cabo un diagnóstico que estriba desde el modelo económico “neoliberal” hasta la forma en que el gasto estatal es realizado con modelos de contratación del sector privado.

 

Aunque Robledo no es muy claro en su propuesta para remediar la corrupción, en sus diversas intervenciones se lee entre líneas que la solución al problema pasa por elegir a un socialista parecido a él que recree el modelo fallido de la corrupta y brutal China maoísta.

En un tercer lugar y de forma inesperada (por no decir absolutamente hipócrita) está el expresidente y actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, que repentinamente se acordó que la corrupción importa. Para infortunio de sus seguidores, su memoria llegó demasiado tarde como para evitar rodearse de tantos “malos muchachos” que ahora enfrentan líos judiciales y condenas severas por sus gestiones turbias plagadas de irregularidades.

Finalmente, se tiene al presidente Juan Manuel Santos con su urna de cristal polarizado, sus gastos extravagantes y sus aliados políticos que hacen equilibrismo en la frontera de lo ilícito. Recientemente, el enorme poder que ostenta Santos como cabeza de la rama ejecutiva le ha servido como una especie de aura protectora lo suficientemente potente para hacer que el Fiscal Néstor Humberto Martínez diga y se desdiga sobre las acusaciones de financiación a la campaña de 2014 del actual presidente por parte de la empresa brasileña Obredecht, responsable de incendiar al continente entero a punta de sobornos.

De todos ellos, Claudia López cuenta con la propuesta mejor elaborada para combatir la corrupción, sin embargo, aborda con rigor algunas de las consecuencias de esta problemática pero deja intacta su principal causa: mientras los políticos y burócratas colombianos continúen adquiriendo más y más funciones, acumulando poder y llenando a los ciudadanos de cada vez de más leyes y normativas, Colombia seguirá resaltando por su Estado corrupto e inoperante.

Disminuir el sueldo de los congresistas, obligarlos a que publiquen su declaración de renta, darle la capacidad al Estado de cancelar unilateralmente los contratos con aquellas personas naturales o jurídicas condenadas por corrupción y todas las demás propuestas de López no servirán a mediano, ni a largo plazo. Por una parte, porque subestima la capacidad de los políticos de evadir las normas y de deshacer en un par de años las pocas constricciones que imponen su propuesta. Por otra parte, porque conserva cabalmente el poder de los políticos y los burócratas sobre los ciudadanos en términos de cargos públicos para pagar favores políticos, ejecución discrecional del presupuesto estatal para contratar a cambio de votos y, especialmente, la posibilidad de producir nomas, leyes y decretos que limitan la libre competencia y benefician en nombre del interés nacional a gremios y empresarios amigos del poder.

No es casualidad que son justamente aquellos países que menos poder le dan al Estado y más libertad a la sociedad civil, los que lideran la clasificación de transparencia estatal. Dicho de otra forma, existe una correlación positiva entre libertad económica y transparencia y calidad de la gobernabilidad.

Esto último resulta lógico si se tiene en cuenta que si bien en el libre mercado los individuos se mueven en búsqueda de su interés propio, cuando pasan a formar parte del Estado estas mismas personas no se convierten mágicamente en ángeles. Lejos de ser así, al formar parte del Estado las personas buscan su propio interés, pero ahora con dinero de otros y con el agravante de contar con la posibilidad de transferir los costos económicos de las malas decisiones a los contribuyentes.

Por esto es importante decirlo con claridad: contrario a lo que pueden pensar los entusiastas de la consulta que Claudia López promueve y de los demás políticos que se montaron a última hora a la caravana anticorrupción, darle dientes al Estado no solucionará la corrupción cuando, precisamente, el origen de la corrupción es el Estado.

 

JULIO CÉSAR MEJÍA QUEVEDO es Coordinador de Iniciativas Internacionales, Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en la UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

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