Incentivos para la irresponsabilidad estatista

En Uruguay, un decreto supone la limitación del derecho de propiedad privada en beneficio de un ente estatal.

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Errores que cuestan caro: Uruguay y la dilapidación de los recursos.
(Foto: Flickr)

Por Cristian Correa*

En la última semana, trascendió que el gobierno uruguayo firmó un decreto para expropiar dos predios rurales, a fin de que la empresa estatal de energía (UTE) pudiese expandir la industria hidroeléctrica en la zona. Dicha decisión sorprendió a la población del lugar, ya que en reiteradas ocasiones se había advertido a las autoridades del perjuicio que causaría la eventual expropiación, sobre todo para el turismo y la producción rural. Lo más curioso del caso es que estando vigente el decreto, se anunció que había sido un “error”, y que el gobierno había desistido de dar inicio al proceso de expropiación.

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No se trata de un tema menor. El decreto en cuestión supone la limitación del derecho de propiedad privada, para beneficio de un ente estatal (monopólico en la mayor parte de sus actividades). En el año 2017, unos cincuenta productores rurales iniciaron acciones legales porque se vieron seriamente afectados por la mencionada empresa estatal. Según consta en el escrito presentado por sus abogados y publicado por el diario El País de Uruguay, “la pretendida expropiación de los terrenos linderos al embalse de la represa Rincón del Bonete, viene a confirmar lo expresado por esta parte en su demanda, en cuanto, la ordenada gestión de expropiación, pretende dar un manto de legalidad a lo que UTE venía realizando por vía de hecho, es decir, disponiendo ilegítimamente de los predios linderos como si fueran suyos”.

Es decir que el Estado y sus burócratas, actuando con total irresponsabilidad y desprecio por la propiedad, afectaron ilegítimamente el patrimonio de varios privados; y, no conformes con causar el daño, recurrieron a la potestad expropiatoria con posterioridad, como si eso subsanara su falta de previsión.
Otro caso que deja de manifiesto la desfachatez con la que actúan los gobernantes al disponer o afectar recursos ajenos, se remonta al año 2016. En esa ocasión, una subsidiaria de la petrolera estatal monopólica, dispuso el pago de 100.000 dólares a un proveedor, cuando la obligación a cancelar era por 100.000 pesos uruguayos (equivalente a 3.000 dólares según la cotización de la época), una cifra escandalosamente inferior a la abonada. Si en una empresa de capitales privados ocurriese una situación similar, quien libró el pago de un monto 30 veces superior al que efectivamente debía pagar, sería llamado a la responsabilidad inmediatamente.

 

Uruguay se caracteriza por un doble juego de incentivos propicios para la dilapidación de los recursos del sector privado y el uso abusivo del poder. Por un lado, la fuerte presencia del Estado en la economía, participando como oferente monopólico en varios rubros. Naturalmente, cuanto mayor es la intervención estatal, más posibilidades tiene el Estado de afectar negativamente la vida de los privados. Por otro lado, la no aplicación del artículo 25 de la Constitución de la República, que establece la responsabilidad civil de los funcionarios públicos cuando causan daño a los privados. Es decir que, si bien está previsto en el texto constitucional, en los hechos no se exige a los funcionarios que respondan con su propio patrimonio para resarcir el perjuicio ocasionado por sus actos, y de este modo, se incentiva la irreflexión en el ejercicio del poder.

Una de las diferencias entre el liberalismo y las aventuras estatistas es que, en el primer caso, las personas físicas o jurídicas son responsables por las decisiones que toman, y sobre su patrimonio recae el riesgo, los costos, las ganancias y las pérdidas de dicha decisión. En el segundo caso, el burócrata que toma la decisión, no corre riesgo alguno y los contribuyentes son forzosamente fiadores de su irresponsabilidad.
En suma, los gobernantes tienen los incentivos adecuados para llevar a cabo sus disparatados proyectos intervencionistas, a su paso ocasionarle perjuicios a los particulares, y finalmente no responder por las consecuencias de sus actos.

 

* Cristián Correa Crego es estudiante de Derecho y columnista de “Libertad Uruguay”.

 

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