Represión silenciosa

La gran falla venezolana no es eléctrica: es el socialismo.

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El corte de energía eléctrica es otra manifestación de la represión que sufren los venezolanos.
(Foto: EFE)

Por María Oropeza*

 

Durante dos décadas, los millones de dólares que deberían haber sido destinados para el mantenimiento del servicio eléctrico en Venezuela han sido sistemáticamente robados por el régimen socialista. Hoy, en el país, el colapso es total.  Los distintos expertos que improvisan una solución para el corte de energía eléctrica que azota al país poco pueden hacer. La gran falla venezolana es el socialismo que hace veinte años corroe las entrañas mismas de la otrora república.

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La solución a esta falla es clara: la aprobación y posterior ejecución del artículo 187.11 que permita la intervención militar a efectos de remover del poder a las mafias usurpadoras. Esta acción es urgente e imperiosa para la restauración de la república y la libertad.

Las 74 horas sin energía eléctrica en toda Venezuela (con servicio intermitente en algunas regiones) han tenido un alto costo para los venezolanos. Muchos han sido víctimas (en un país de carestía) de constantes atentados contra su propiedad privada. No obstante, ellos han sido, en este tenebroso escenario, los más afortunados.

Al momento, el apagón se ha cobrado 80 víctimas fatales, entre ellos, al menos 15 pacientes que necesitan diálisis y 19 neonatos. La falta de electricidad ha afectado a bebés en encubadoras, pacientes renales y oncológicos, así como de todo tipo de enfermedades crónicas que requieren tratamientos medianamente sofisticados y que necesitan electricidad para poner en marcha sus paliativos. Los hospitales de Venezuela no han podido ofrecer siquiera eso.

Luego están los perjuicios a comercios y emprendedores: el corte de energía eléctrica está matando la poca actividad empresarial privada que queda en Venezuela. Al igual que los domicilios particulares, que arriesgan echar a perder electródomesticos (el tan esencial refrigerador), estos son daños irreversibles en un país en el que el salario mínimo equivale a seis dólares mensuales.

Buena parte de Venezuela, asimismo, permanece incomunidada. Hablar con familiares y amigos (en muchas ocasiones, más allá de las fronteras) puede derivar en una auténtica odisea.

Todo esto es, sin dudas, parte de una represión silenciosa a través de la cual el régimen de Maduro continúa sin cese asesinando venezolanos a sangre fría, sin importar los medios. Esta crisis refleja lo que la mafia de Miraflores es: un grupezco criminal que amordaza, encarcela y mata.

A pesar de ello, seguimos luchando, haciendo todo lo posible (y un poco de lo imposible también) para materializar la salida definitiva de los usurpadores. Hemos votado, protestado y arriesgado nuestras vidas y propiedades. Lo seguiremos haciendo.

No obstante, no nos enfrentamos solamente a un hombre incrustado en Miraflores. Nuestra lucha es contra todo el aparato socialista de Venezuela: los narcotraficantes, las milicias, los colectivos y las mafias guerrilleras, todos satélites del régimen chavista (que, vale subrayar, es una amenaza para toda la región).

La aplicación del artículo 187, numeral 11, es más urgente hoy de lo que lo era el 23 de febrero. Esta es la obligación de la Asamblea Nacional. La comunidad internacional, por su parte, debe activar la R2P (Responsabilidad Para Proteger). Tenemos ganas de luchar, pero somos civiles y estamos desarmados, secuestrados y sufriendo en carne propia el hambre, la falta de medicinas y servicios básicos que nos permitan subsistir de manera decente.

Clamamos ayuda por nuestros niños y ancianos, por las generaciones que no son (no somos) culpables de tanta desgracia, horror y miseria.

Por la república y la libertad, es hora de ir con todo, sin vuelta atrás.

 

*María Oropeza es abogada y coordinadora juvenil de “Vente Venezuela”.

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