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Por Cristian Vasylenko
Uno de los argumentos políticos preferidos del socialismo keyesiano es el de la «solidaria redistribución del ingreso». No solo la «solidaria» estrategia política de «robarle al que tiene, para darle al que no tiene» es bien cuestionable desde lo moral, sino que es, además, completamente falsa en cuanto a su objetivo «solidario» y disfuncional y atentatorio contra los intereses de la sociedad como tal. De Margaret Thathcher es bien recordada su acertada frase «el socialismo se acaba cuando se acaba la plata de los otros».
La caridad y solidaridad para con los necesitados se encuentra en los corazones de las personas que expresan su propia compasión, no en respuesta a órdenes políticas. Como lo expresara Friedrich A. Hayek: «responsabilidad, no ante un superior, sino ante la propia conciencia, la conciencia del deber no exigida por la compulsión, sino la necesidad de decidir cuáles de las cosas deben ser sacrificadas a los demás, y soportar las consecuencias de la propia decisión, son la esencia misma de cualquier moral que merezca ese nombre». Muy breve, Murray Rothbard expresó que «ninguna acción puede ser virtuosa, a menos que se elija libremente».
Los humanos actúan de acuerdo con su propio juicio. Esto incluye el juicio sobre la ayuda a los necesitados, según lo determine la propia conciencia. Sin embargo, el gobierno interfiere con la conexión entre el juicio y la acción. A medida que el Estado ejerce la «compasión moral» por la fuerza, la capacidad de las personas para hacerlo se atrofia.
Las amorales intervenciones del Estado progresista para «la redistribución desinteresada para lograr la igualdad», no son más que el liso y llano robo contra el sector privado no clientelar para «redistribuir» entre los «necesitados» clientelares —en Argentina, piqueteros, planes que incentivan el no trabajo entre quienes no trabajan, dobles y triples jubilaciones de privilegio, pensiones otorgadas bajo muy serias irregularidades, como por invalidez, por una cantidad que supera las que tendríamos si el país hubiese salido de una guerra—. Y, desde luego, la parte del botín que se «redistribuyen» entre los integrantes de la casta política. De manera que el ruido generado por las reiterativas declamaciones de «equidad e igualdad para los que menos tienen», no es más que la cortina de humo diseñada para distraer la atención de una sociedad organizada en torno de la amenaza coactiva del Estado contra el sector privado productivo y no clientelar ni lobbista.
Para dimensionar esta depredación de los políticos desde el Estado, analicemos brevemente el caso de Argentina. A partir del análisis del presupuesto anual total del Estado para este año 2019, veamos a qué dicen los políticos que destinan el dinero que nos rapiñan bajo el justificativo eufemístico «impuestos, obligación de interés social del contribuyente». Para empezar, no puede ser «contribuyen» quien, lejos de obrar voluntariamente, es coaccionado con la violencia de la fuerza para que obre de una cierta y determinada manera. En este caso, que entregue a su extorsionador la mayor parte del producto de su esfuerzo y trabajo, so pena de la amenaza de castigos que le infligirá.
Al efecto, vamos al cuello de esa bestia devoradora denominada leviatán, y procedemos al análisis de la mayor partida presupuestaria: servicios sociales, dado que concentra 51 % del objeto de la exacción coactiva sobre quienes trabajamos y producimos riqueza. Esta apertura no incluye la participación del endeudamiento para cubrir gasto corriente; participación del endeudamiento que también se nos obliga a cancelar con nuestro trabajo, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, y ojalá solo llegue hasta esa generación.
Debe quedar bien claro que esto solo es posible mediante la delictual complicidad de quienes componen la oligarquía política: corporación política, sindicalistas, pseudoempresarios prebendarios y otros grupúsculos clientelares de interés. Ya son 75 años perfeccionándonos en lo que no debe hacerse.
Esta información es oficial, y para efectuar su análisis independiente, la misma puede ser encontrada en el siguiente el Ministerio de Hacienda, Presupuesto abierto.
Así, 8 000 000 de personas en el sector privado son coactivamente obligadas por el Estado a sobrellevar la carga de mantener a 45 000 000 de personas, de las que alrededor de 17 000 000 son adultos en edad de producir pero que no trabajan, y casi 4 200 000 —sí, casi 10 % del total de la población total— son empleados del Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal.
Un país en el que el trabajador medio se ve coaccionado por el leviatán a trabajar entre 7 y 9 meses por año, para alimentar a los integrantes de la oligarquía políticos que componen este voraz monstruo, es un país con sus valores completamente subvertido, país en el que, quien produce, debe soportar la violencia de los políticos que rapiñan lo que es su legítima propiedad.
«La mayor necesidad del mundo hoy es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados hasta lo más íntimo de sus entrañas; hombres que no teman llamar al delito por su nombre; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber, como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se caigan los cielos».
Cristian Vasylenko es magíster en Finanzas Corporativas, investigador y analista político y económico, y asesor de empresas.
