La “tuitera de Petro” y sus cuestionados contratos

Sus detractores la acusan de haber falsificado sus estudios y obtener millonarios contratos para defender a Petro en redes sociales.

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El escándalo de los contratos salió a flote desde que empezó como contratista desde 2013 para asesorar en redes sociales a varias entidades de la capital colombiana. (Fotomontaje PanAm Post)

Por estos días María Fernanda Carrascal, activista colombiana de izquierda, y posible candidata al Concejo de Bogotá por el partido Decentes, ha estado de nuevo en el ojo del huracán, pues varios ciudadanos han puesto en entredicho los contratos desarrollados durante la alcaldía del excandidato presidencial Gustavo Petro.

Carrascal se dio a conocer en redes sociales por la vehemente defensa que realiza del exalcalde y de su círculo más cercano. Es precisamente por esa defensa que tanto exconcejales de línea petrista como periodistas y políticos de otras corrientes ideológicas afirman que Carrascal logró celebrar varios contratos bajó la administración Petro.

La denuncia se remonta al 2013, año en el que el tuitero conocido como Javier en Bogotá sacó a la luz los contratos del “comité de aplausos” de Petro, conformado por Daniel Rojas Medellín, Wilber Preciado Guerrero y María Fernanda Carrascal, con el distrito, manejado en esa época por el líder de izquierda. Dos años después, seis profesionales del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que habían sido despedidos por denunciar presuntos hechos de corrupción, entre ellos el manejo de una nomina paralela, pusieron en entredicho el trabajo desempeñado por Carrascal en esta entidad.

Algunos concejales señalaron que durante la administración Petro las nóminas paralelas aumentaron un 40 %, contratos que en su mayoría fueron celebrados en la modalidad de contratación directa y que le costaron al Distrito cerca de 1,2 billones COP al año (unos USD $400 millones).

Carrascal tuvo al menos tres cuestionados contratos durante esa administración. Su paso por la Secretaría General, la Secretaría de Integración Social y luego por el Cuerpo de Bomberos lo confirman; contratos que oscilaban entre los 20 y 30 millones COP (USD $7.000-$10.000).

En su momento, Diana Alejandra Rodríguez, concejal de línea petrista, explicó que Carrascal obtuvo contratos en esa administración gracias al ‘matoneo’ que ejercía en redes sociales a quienes hacían veeduría. Tanto así que periodistas y opositores del alcalde Petro expresaron su descontento y preocupación por el dinero del presupuesto de la ciudad que en parte era invertido en redes sociales para presuntamente respaldar al alcalde y perseguir a sus detractores.

Dicha preocupación fue confirmada este año, pues se dio a conocer un estudio en el que se evidencia que durante los 12 años que Bogotá fue administrada por la izquierda se gastaron 653.000 millones COP en publicidad. Y fue Petro durante su administración el que más gastó: casi 300.000 millones COP (USD $100 millones).

La “tuitera de Petro”

A juicio de muchos, la activista capitalina no cumplía con gran parte de los requisitos exigidos para contratar con la administración de Petro. Incluso, algunos usuarios en Twitter señalaron que no había culminado sus estudios de pregrado en la Universidad del Rosario.

Andrés Felipe Arcos, un polémico simpatizante del uribismo, colgó en su cuenta personal una serie de imágenes de contratos de Carrascal durante la presidencia de Juan Manuel Santos con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que manifiesta que presuntamente habría falsificado la información para ser contratada.

Al respecto, PanAm Post habló con Mario Daza, abogado especialista en derecho público, quien señaló que no hay problema en el nombramiento por tratarse de un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Sin embargo, sostuvo que habría que evaluar la acusación de Arcos sobre falsedad en documento público.

Carrascal indicó que su contrato con la ANT solo tuvo una duración de 16 días, y que renunció a este para hacer activismo en sus redes sociales a favor del plebiscito por la paz “sin pago alguno”: “No tuve más contratos en el Gobierno Santos, y si los hubiera tenido, no es delito contratar con el Estado”.

A la denuncia se sumó Natalia Bedoya, excandidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, quien cuestionó el contrato suscrito por Carrascal, pues consideró que no cumplía los requisitos previos, educación y experiencia.

Precisamente, una de las críticas a Carrascal fue que mientras renegaba de los políticos colombianos que mintieron en sus hojas de vida, sus estudios no aparecen. Según sus detractores, ella “falsificó” su educación y experiencia para ganarse los contratos.

Luego, en la misma red social Carrascal explicó que “tener títulos académicos no es garantía de capacidad, ni de ética”, a lo que Arcos replicó:

Por su parte, Leszli Kálli, excandidata al Senado por el Centro Democrático, y quien fue amiga de Carrascal cuando las dos trabajaron en la administración Petro, señaló que en el 2012 esta le dijo que estaba preocupada porque no tenia título profesional y tampoco experiencia laboral y que le iba a decir a los tíos que le ayudaran certificando sus actividades.

“Si miento, Maria Fernanda Carrascal muestre los pagos en libros contables de esas empresas familiares”, dijo Kálli.

Desde la cuenta Javier en Bogotá se subió una copia de acreditación laboral de Carrascal en la empresa Panarea Digital desde el 16 de noviembre de 2011 hasta el 05 de enero de 2013, entre sus funciones estaba elaborar la estrategia digital y community management de la compañía. Lo que resulta particular es que Carlos Carrascal, su hermano, trabajaba como director de marketing e innovación de producto en la misma empresa.

Sumado a esto, denunció que el senador Gustavo Bolívar certificó la experiencia laboral de Carrascal como administradora de redes sociales en el programa que este dirigía, Sin Censura con Gustavo Bolívar, del 8 de diciembre de 2011 al 16 de marzo de 2012.

En su defensa, la activista indicó que terminó su pregrado en 2015 en la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá y se graduó en 2016 con una tesis titulada El Acuerdo de Inmunidades entre Colombia y Estados Unidos en la política exterior de Álvaro Uribe Vélez, aprobada con la dirección de Pamela Tamara Pinto.

PanAm Post investigó en el repositorio de esa universidad y el trabajo no ha sido publicado. Si bien su nombre figura en varios números de una revista indexada, no existe la publicación de su trabajo de grado.

En 2017, a través del contrato 463-17 la Gobernación de Nariño suscribió un contrato con fecha de primero de febrero, el cual establecía que Carrascal serviría “de enlace entre la Gobernación de Nariño y los ciudadanos nariñenses residentes en Bogotá D.C”.

De nuevo en su defensa, Carrascal señaló que el salario pagado en este contrato era relativamente bajo, $2.7 millones de pesos al mes (USD $900). Cabe aclarar que este contrato se dio durante la gestión del petrista Camilo Romero, quien fue investigado por la Fiscalía porque habría beneficiado la adjudicación de un contrato de manera ilícita a una empresa distribuidora de licor en la región.

Centro Democrático: “es una fábrica de noticias falsas”

PanAm Post se contactó con Carrascal para conocer de primera mano cuál es su versión sobre los hechos. Sin embargo, ella no profundizó sobre los cuestionamientos que se le hacen.

“Este tema está en un proceso judicial, entonces no puedo dar detalles en lo absoluto. En mi Twitter iré contando cosas esta semana hasta donde pueda”.

Agregó que no le responde a personas que no tienen ni ética ni moral para recibir una respuesta. “No me refiero a este medio, ni por ningún medio de comunicación alternativo o tradicional. Me refiero al Centro Democrático que verdaderamente es una fábrica de noticias falsas. Todo lo que tenga que decir será a través de un juez”.

Al parecer, Carrascal rechazó la invitación de Bedoya a debatir en la radio local sobre los contratos y la presunta falsificación de sus estudios.

Por otro lado, Andrés Felipe Arcos le dijo al PanAm Post que espera que Carrascal lo denuncie penalmente, para así demostrar en instancias judiciales que él tiene la razón: “Se lo he pedido varias veces. Yo quiero que me denuncie porque tengo todas las pruebas para demostrar que lo dicho es cierto”.

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