El cuestionable Nobel de la Paz al innoble Santos

Juan Manuel Santos es cómplice de la tiranía venezolana y fue, en 2016, catalogado como violador de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que ostente un Nobel de la Paz?

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Juan Manuel Santos está lejos de ser un merecedor del Nobel de la Paz.
(Fotomontaje: PanAm Post)

La labor de los cinco miembros del comité noruego que otorgan el Nobel de la Paz deja mucho que desear. Se supone que su accionar debe estar basado en la voluntad testamentaria de Alfred Nobel, quien estipuló que debía concederse a aquellas personas que “hubieran prestado a la humanidad los mayores servicios”. Este premio en particular, debería ser entregado a “quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes”.

Seguramente Nobel debe estar revolviéndose en su tumba al observar el modo tan particular en que sus deseos han sido acatados.

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¿Por qué decimos eso? Porque en ocasiones han premiado a personas que no se ajustaban a esos requisitos. Un paradigma al respecto es el otorgado en 2009 al expresidente norteamericano Barack Obama a los pocos meses de asumir. Cuesta discernir cuál habrá sido su fundamento.

Pero el colmo de los colmos fue el otorgado en 2016 al expresidente Juan Manuel Santos, cómplice de la brutal tiranía venezolana y catalogado por la ONU como violador de derechos humanos.

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En efecto, en un informe de julio de 2018 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señala, que la expulsión de Colombia en 2014 de los estudiantes venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés por parte de Santos, fue violatoria de sus derechos humanos. En el documento se explicita que “El Sr. Gómez Saleh fue arrestado el 4 de septiembre de 2014, mientras se trasladaba en un taxi en Bogotá, por la Policía Nacional. Ese mismo día fue trasladado vía aérea por las autoridades colombianas, desde el Aeropuerto El Dorado a la ciudad fronteriza de Cúcuta. Fue entregado las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN), en el puente fronterizo Simón Bolívar, que comunica la ciudad de Cúcuta con San Antonio del Táchira.

Por su parte, el Sr. Vallés Sguerzi fue arrestado el 5 de septiembre de 2014, en Cúcuta (Colombia), también por la Policía Nacional, al salir de un programa de radio en donde denunció como arbitraria la detención del Sr. Gómez Saleh. El Sr. Vallés Sguerzi también fue entregado al SEBIN por las autoridades colombianas, en el puente fronterizo Simón Bolívar.”

Esto sucedió cuando se sabía que en Venezuela había una dictadura que secuestraba, torturaba y asesinaba a los opositores políticos. En especial, a los activistas en favor de los derechos humanos como Gómez Saleh y Vallés.

Santos –en una actitud que recuerda al Plan Cóndor- entregó a sabiendas a estos muchachos a sus verdugos. Como se recordará, durante las dictaduras militares de las décadas de 1970-1980 en el Cono Sur, sus servicios de inteligencia intercambiaban información sobre los “subversivos” y los regímenes cooperaban para perseguirles a través de sus fronteras nacionales e intercambiar “terroristas”.

El informe de la ONU señala que las circunstancias del encarcelamiento de Gómez Saleh y Vallés van en contra de normas internacionales reconocidas y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En el punto 84 hay una condena expresa a Santos. “El Grupo de Trabajo fue convencido de que los Sres. Gómez Saleh y Vallés Sguerzi fueron expulsados de Colombia a la República Bolivariana de Venezuela en donde corrían riesgo de ser torturados. El principio de no devolución, al ser una obligación erga omnes, impone una restricción a todos los gobiernos de expulsar, extraditar o entregar a personas a terceros países en donde potencialmente pueden ser torturadas, lo cual constituye una violación a las normas relativas a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En adición, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU ordena, que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Por consiguiente, Santos califica como alguien repudiable.

El Nobel de la Paz tiene especial relevancia. Es un reconocimiento a aquellos que han cimentado sobre la ética la convivencia pacífica, ya sea entre naciones o dentro de un pueblo. Sirve para poner el foco sobre ellos e implícitamente, designarlos como ejemplo a imitar. Por consiguiente, al honrar a alguien con esa distinción, el jurado noruego delata su propia conducta moral.

Se nos podrá argumentar que el mencionado informe de la ONU salió en 2018 y el galardón a Santos fue otorgado en 2016. En consecuencia, los miembros del Comité no estaban al tanto de lo sucedido. Pero esa “excusa” no es válida. En 2014, cuando las autoridades colombianas entregaron a sus torturadores a estos estudiantes, el hecho fue ampliamente denunciado por la prensa.

Alfred Nobel concibió su galardón y ayuda en metálico para honrar a aquellos que desinteresadamente contribuyesen a forjar un mundo mejor. Jamás imaginó que iba a ser destinado a quien ex profeso lo persiguiese. Mucho menos, que se iba a recompensar a alguien para quien el fin personal justifica los medios –por abominables que sean- como sería el caso de Santos. Para constatarlo, alcanza con leer el reportaje de El Mundo donde se narran las torturas a las que fueron sometidos en Venezuela estos dos muchachos que él entregó a sabiendas.

A raíz de la presión internacional –por ejemplo, el Premio Sájarov que el Parlamento Europeo otorgó a Gómez Saleh en 2017– hace unos meses ambos fueron liberados.

En entrevista con el PanAm Post,  Orlando Avendaño le pregunta a Gómez Saleh por qué cree que las autoridades colombianas lo trataron de ese modo tan vil. Responde que “lo que ocurrió fue que el proyecto personal de Juan Manuel Santos, entre otras cosas, era tener ese Nobel de la Paz al precio que sea”.

Ese objetivo lo encaró en 2014 desde una doble perspectiva.

Por un lado, estableció vínculos con la industria petrolera noruega. Santos le entregó una licencia para explotar hidrocarburos en el Caribe colombiano a Statoil, El tema saltó en 2016 al conocerse que Kaci Kullmann Five – presidenta en aquel momento del Comité del Nobel de la Paz – ocupó un alto cargo en esa petrolera estatal cuando se negociaba ese asunto con Colombia.

Y por el otro, decidió “sacar del medio” cualquier obstáculo que le impidiera tener “su” tratado de paz con los guerrilleros, por muy inconveniente que fuera para los intereses de los colombianos en general y las víctimas en particular. Recordemos que fue rechazado en un referéndum por la ciudadanía por amplia mayoría.

Es en ese contexto que, en palabras de Gómez Saleh, “Santos me entregó para obtener la firma de (Nicolás) Maduro en los acuerdos de paz […] persiguió este Nobel aunque detrás de ello dejara una estela de drama, sufrimiento, dolor y tragedia”. Agrega que fue un “pacto entre ambos gobiernos”.

Gómez Saleh destaca que el “mismo año que a él le dieron el Nobel de la Paz a mí me entregaron el Sájarov. Lo que el Nobel quiso tapar, el Sájarov lo visibilizó”. Y denuncia que “le hayan entregado el Nobel no debería sorprendernos porque en la política suceden cosas que no siempre responden al sentido común”. O más bien, a la ética.

Además, dado que Noruega fue uno de los “garantes” del proceso de paz, es como si se hubiera premiado a sí misma.

Dada esta realidad, el Comité noruego, ¿reaccionará con decencia? ¿Pedirá disculpas y le retirará el Nobel a Santos? O, en cambio, ¿permitirá que el legado del filántropo sueco se tiña de ignominia?

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