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El informe (A/HRC/41/18) de Michelle Bachelet –Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– sobre la situación en Venezuela sorprendió a tirios y troyanos.
En 18 páginas sintetiza en forma cabal, imparcial y certera la situación venezolana bajo la égida chavista. El documento está dividido en cinco capítulos, cada uno de los cuales toca un punto esencial.
Señala que los ingresos mensuales de las familias son absolutamente “insuficientes para cubrir sus necesidades básicas” dado que dan “para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes”. Recalca que 3.7 millones de venezolanos están desnutridos, situación que afecta principalmente a niños y embarazadas.
En ese contexto, el principal programa gubernamental de asistencia alimentaria conocido como “cajas CLAP”, tiene dos gravísimos defectos: por un lado, no cubre las más elementales necesidades nutricionales de una persona y por el otro, solo se las entregan a partidarios del gobierno. A fines de 2016, Nicolás Maduro creó el “carné de la Patria” mediante el cual, se monitorea la actividad política de la personas que reciben asistencia (en dinero o especie) estatal. O sea, que se utiliza el hambre como herramienta de control social.
En el área de la salud la situación es igualmente delicada. Hay una falta generalizada de fármacos y de tratamientos esenciales. Las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades se han deteriorado en forma alarmante.
El documento expresa que el gobierno ha atribuido la culpa de esta calamitosa situación a las sanciones impuestas a Venezuela por otros países. Sin embargo, Bachelet advierte que la mayoría “son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas”. Además, las cifras oficiales prueban que la economía venezolana ya estaba en crisis mucho antes de que se impusieran dichas sanciones. Aunque, a su entender, ellas han contribuido a agravar los efectos humanitarios de la crisis.
El informe denuncia que desde la época de Hugo Chávez se viene produciendo una paulatina militarización de las instituciones del Estado. Asimismo, menciona la ausencia de libertad de prensa y expresión: no solo se persigue a periodistas sino también a cualquiera por el simple hecho de emitir opinión en las redes sociales.
Bachelet acusa al régimen de Maduro de malos tratos, detenciones arbitrarias, torturas y de asesinar a opositores –principalmente de los sectores más humildes– utilizando escuadrones de la muerte. Afirma que casi 7 000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el último año y medio. Expresa que la mayoría de esas muertes fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad (FAES), lo que constituye una cifra “sorprendentemente elevada”.
Según el informe, hay una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno […] los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos’ han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”. Además, se comprobó que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.
Achaca a las autoridades cometer violencia sexual y de género a la mujeres detenidas, o cuando van a visitar a sus familiares o amigos detenidos. El ensañamiento del régimen chavista con las mujeres, indigna sobremanera a Bachelet.
También le subleva el tratamiento que les dispensa a los indígenas venezolanos. Señala que “enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general” aunque “a menudo de manera desproporcionada y/o diferenciada”. Entre los males que los azotan, el informe menciona que han “perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”.
El texto recalca en varios pasajes que el “miedo” es el sentimiento predominante no solo entre los que aún viven allí sino también entre los exiliados. Hambre, enfermedades y temor son las notas características de la Venezuela actual. Esa es la herencia que Chávez les legó a sus compatriotas.
Como es de imaginar, este informe irritó a Maduro, a sus cómplices y a los cubanos. Todos, incluso los demócratas, estaban convencidos de que Bachelet era una aliada incondicional de la izquierda internacional. Su actuación pasada daba pie a esa creencia.
Por ejemplo, está fresca en la memoria cuando en 2009, siendo presidente de Chile, en un viaje oficial a Cuba desairó a varias personas para salir presurosa a saludar a su ídolo Fidel Castro, un dictador tan o más cruel que Augusto Pinochet.
Como se recordará, en esa ocasión Bachelet participaba junto a su comitiva en una ceremonia en la Fundación Salvador Allende. Cuando le comunicaron que Fidel la estaba esperando, abandonó intempestivamente el lugar para ir a la casa del dictador –menospreciando así a quienes la estaban agasajando– escoltada por un importante dispositivo de seguridad.
O, que mediante su silencio cómplice apuntaló durante sus dos presidencias (2006-2010 y 2014-2018) a Chávez y a Maduro.
Pero algo ocurrió en 2018. Es difícil saber qué pasó por su alma que la hizo evolucionar de una forma tan positiva. Capaz que se puso a “pensar”, entendido ese término en el sentido que Hannah Arendt le otorga: enfrentarse al espejo y ver la imagen que este le devuelve para decidir si uno es capaz de convivir con su “otro yo”.
Posiblemente Bachelet en Venezuela vio reflejada su propia historia personal, su sufrimiento y el de sus seres queridos en manos de un régimen criminal.
Sería un error considerar que Bachelet cambió durante esos tres días que estuvo recientemente en Caracas. La información contenida en este informe viene siendo recabada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desde hace un año aproximadamente. O sea, desde que Bachelet asumió el máximo cargo dentro de esa institución.
Con sigilo, entre septiembre de 2018 y abril de 2019 el mencionado organismo realizó nueve visitas para entrevistar a personas refugiadas y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. Los gobiernos de esos países facilitaron esas misiones.
La magistral estratagema de Bachelet fue no dar pistas acerca de su cambio de actitud con respecto a la tiranía castrochavista que azota a los venezolanos. Fue por esa razón que el régimen no tuvo inconveniente en que entre el 11 y el 22 de marzo de 2019, una misión de ACNUDH visitara Venezuela. En dicho lapso sus miembros se entrevistaron con una amplia variedad de las partes interesadas, incluyendo agentes estatales, en Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana.
Esa investigación se completó con la realizada por la propia Bachelet en junio de este año.
El documento es contundente e imparcial. Termina con una exhortación a garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela.
Después de este informe, no queda espacio para el silencio cómplice ni para mirar para el costado. La historia juzgará a cada uno según sea la posición que asuma. Incluso a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, porque justicia que tarda, no es justicia.
