Estridente silencio de los defensores de la no injerencia en Venezuela

Para el oficialismo uruguayo, la única intervención no aceptable es la estadounidense. Así lo evidencia en su postura frente al caso venezolano

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Para Vázquez y Mujica, el término «intervención» es condenable de manera muy selectiva. (Foto: Secretaría de Comunicación de Presidencia)

Ya no hay manera de fingir «altos principios morales» para soterradamente apuntalar a la banda de criminales que se han apoderado de Venezuela. Desde hace tiempo es evidente que quien la controla no es una dictadura común y corriente, sino mafias que operan en los negocios más turbios a nivel mundial.

En consecuencia, quienes siguen esgrimiendo la excusa de «la no injerencia» en los asuntos internos de otras naciones y que sean los propios venezolanos quienes arreglen entre ellos sus diferencias mediante el diálogo, son hipócritas. Ya no hay manera de disimularlo. De ser así, ¿por qué cada gobierno cuenta con un cuerpo policial? ¿Para qué lo necesitan si según su tesis se puede hacer desistir a los delincuentes de sus fechorías a través del «diálogo»?

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Es tan absurdo lo que sostienen que ni ellos mismo se lo creen. Por consiguiente, al «rasgarse la vestiduras» y vociferar con «indignación» palabras altisonantes, lo que pretenden es ocultar sus auténticas motivaciones: asociaciones y/o intereses económicos, complicidades ideológicas que tiran por la borda cualquier prurito ético y un compartido talante dictatorial con el régimen chavista.

Desde que el presidente norteamericano Donald Trump expresó que con respecto a Venezuela «todas las opciones están sobre la mesa» se han venido escuchando voces escandalizadas. Afirman que una posible intervención militar de Estados Unidos es reprobable, pero omiten hacer referencia al contexto en el cual tal eventualidad se concretaría.

Un alto funcionario estadounidense explicó que tal alternativa fue evaluada, por «si Maduro y sus secuaces eligen responder con la violencia, si deciden hacer daño a cualquiera de los miembros de la Asamblea Nacional».

Entre las chillonas voces que reaccionaron «indignadas», se destacan las de prominentes miembros del gobierno uruguayo, su partido político (Frente Amplio) y los sindicalistas aliados en el poder.

Por ejemplo, el presidente Tabaré Vázquez expresó que «no aprobamos ningún tipo de injerencia externa porque somos fieles a lo que ha sido el Uruguay y sus Gobiernos a lo largo de la historia, defendemos la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de los pueblos, la solución pacífica de las controversias». Señaló, que los problemas de los venezolanos los deben resolver ellos mismos y «no desde afuera».

Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa fijó la posición del gobierno uruguayo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmando enfáticamente que está en contra de «una injerencia militar extranjera» en Venezuela. Agregó, que rechaza «cualquier tipo de intervención extranjera» en esa nación.

En otra ocasión Nin Novoa declaró que «detestamos la palabra intervención porque lo único que trae es sangre y muerte […] Nuestro país ostenta una orgullosa tradición principista en la materia, acuñada en la frase ‘para el Uruguay la palabra intervención, es una palabra maldita'».

La misma postura defiende el expresidente José «Pepe» Mujica, quien en reiteradas ocasiones recurrió a ese argumento. En una entrevista que le realizaron en 2016, afirmó que hay «mucha intervención de afuera, mediática, y eso no hace más que radicalizar la situación». Y agregó que «No me gusta la intromisión. La intromisión siempre es peor. Todo lo que ha sido intromisión es para peor: Irak, Afganistán, Libia».

Al analizar la conducta del Pepe, es decir, su coherencia entre el decir y hacer, vemos grandes baches. Daría la impresión que para él (y sus camaradas) la única «intromisión» no aceptable es la de Estados Unidos. Pero tanto él como sus amigos ideológicos tienen «patente de corso». Eso quedó de manifiesto, por ejemplo, cuando en 2011, siendo presidente de Uruguay, se pavoneó por Caracas durante la primera sesión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), vistiendo una chaqueta perteneciente al uniforme de un oficial del Ejército de Venezuela.

Sin embargo, cuando Luis Almagro (su excanciller y actual secretario general de la OEA) planteó que ante la brutal crisis humanitaria en Venezuela producida por el chavismo no había que descartar ninguna opción, Mujica declaró que el Frente Amplio debería expulsarlo. Recalcó que los dichos de Almagro son «inaceptables» porque «siempre estuvimos en contra de ese tipo de intervenciones extranjeras que empeoran las cosas en lugar de mejorarlas».

Los sindicalistas nucleados en el PIT-CNT también solicitaron su expulsión del partido oficialista.

Y efectivamente, por unanimidad, el Comité de Ética del Frente Amplio echó de su filas a Almagro, argumentando que al apoyar una posible intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, su conducta podía considerarse «la violación más flagrante» de los «principios» de esa fuerza política.

No obstante, parecería que los tales «principios» de la izquierda gobernante en Uruguay, de ética, tienen poco. ¿Por qué? Porque no constituyen una vara de medir imparcial. Para decirlo gráficamente: la imagen de la Justicia que ellos propugnan no tiene los ojos vendados. Por el contrario, juzgan las conductas de acuerdo a quién las realice y cuando es muy escandalosa la forma de actuar de sus «amigos», callan ominosamente.

Esto es lo que ha sucedido con respecto a la información sobre la intervención militar cubana en Venezuela. No es que fuera novedad, había sido denunciada con anterioridad. Sin embargo, ahora ha sido recopilada, sistematizada y publicada por una fuente prestigiosa como Reuters.

La mencionada agencia de noticias subraya que las fuerzas armadas cubanas, con Raúl Castro al mando, han controlado todo en Venezuela durante décadas, desde la seguridad hasta sectores claves de la economía.

En vida de Hugo Chávez ambos países firmaron dos acuerdos, revisados recientemente por Reuters, que dieron a Cuba un vasto acceso al sector militar de Venezuela y amplia libertad para espiarlo y reformarlo.

«Los acuerdos, cuyos detalles se informan aquí por primera vez, llevaron a la imposición de una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia, ahora conocido como Dirección General de Contrainteligencia Militar, o DGCIM.

Bajo la asesoría de militares cubanos, Venezuela reformuló la unidad de inteligencia en un servicio que espía a sus propias fuerzas armadas, infundiendo miedo y paranoia y aplastando a la disidencia.

Según los documentos revisados por Reuters, los acuerdos, firmados en mayo de 2008, permitieron a las fuerzas armadas de Cuba:

  • Entrenar a soldados en Venezuela.
  • Revisar y reestructurar partes del ejército venezolano.
  • Entrenar agentes de inteligencia venezolanos en La Habana.
  • Cambiar la misión del servicio de inteligencia de espiar a rivales extranjeros a la de vigilar a los propios soldados y oficiales, incluso de alto rango».

Historias de detenciones y torturas por parte de agentes de DGCIM, a veces con máscaras de esqueleto y pasamontañas, se extendieron por las filas. Asimismo, en el ámbito civil, han sido varios los presos políticos que han denunciado que quienes los torturan son cubanos.

Estos acuerdos militares han demostrado ser cruciales para la supervivencia de Maduro en el poder.

Por tanto, ya no hay excusa para ignorar la intervención cubana en Venezuela. Injerencia que ha teñido de sangre, dolor y muerte a esa tierra.

Es chocante el contraste entre las reacciones anteriores y actuales sobre las intervenciones militares extranjeras. No se escuchan las voces indignadas de Vázquez, Mujica, Nin Novoa, ni demás integrantes del gobierno y su aparato sindical. Es claro que la injerencia cubana en Venezuela no viola ningún «principio» sagrado del Frente Amplio.

El silencio es estridente y elocuente.

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