Uruguay: fiscal impide investigar penalmente a Presidencia

El proceder del fiscal Rodrigo Morosoli en el conocido "caso Gavazzo" parece mostrar claros sesgos que favorecen a Presidencia

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Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. (Foto: Flickr)

Causó escándalo el dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli sobre el «caso Gavazzo«. Como se recordará, el presidente Tabaré Vázquez homologó el fallo absolutorio del Tribunal de Honor militar, que contenía confesiones de crímenes terribles ocurridos durante la dictadura. Por si eso fuera poco, no realizó —como está legalmente obligado— la correspondiente denuncia ante la Justicia.

El Código Penal tipifica los delitos contra la administración de la Justicia. Su artículo 177 sanciona la «omisión de los funcionarios (públicos) en proceder a denunciar los delitos» de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, y que se hayan configurado en su repartición. Dicha falta se castiga con tres a 18 meses de prisión.

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La información sobre Gavazzo saltó a la opinión pública en abril de este año gracias a una investigación periodística. Para esa fecha, la denuncia penal aún no había sido realizada. Las personas que habrían incurrido en omisión eran Vázquez, el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, el exministro de Defensa Jorge Menéndez (fallecido poco después de estos sucesos), el exsubsecretario de Defensa Daniel Montiel, el excomandante en Jefe Guido Manini Ríos y los seis generales que intervinieron en los Tribunales de Honor militar.

Manini Ríos, tras ser destituido por Vázquez —no por ese motivo sino por otro— se presentó como candidato presidencial por el novel partido Cabildo Abierto, considerado de derecha. Su intención de voto ha venido creciendo sin cesar, situándose en el entorno del 10 -12 % del caudal electoral.

Durante los meses transcurridos entre abril y setiembre de este año, las declaraciones de los sospechosos de la aludida omisión han sido abundantes y están registradas en la prensa. Las contradicciones detectadas han sido numerosas; los involucrados en vez de aclarar, oscurecen.

Vázquez pretendió justificarse expresando que no puede leer «los 50 expedientes» que tiene que firmar todos los días. Pero para eso, justamente, están sus asesores, que en este caso era Toma. ¿No le avisó? Si así hubiera sido, ¿por qué no lo destituyó como a los demás? Muy raro.

Un factor relevante para dilucidar las responsabilidades correspondientes, es lo que el exministro de Defensa, Menéndez, manifestó por escrito tras ser destituido —junto a otros involucrados— por Vázquez, quien los acusó de no haber realizado de «manera deliberada» la denuncia penal.

Menéndez le recuerda a Vázquez que en la segunda quincena de febrero se reunió con Toma. Acompañado de los dos abogados que lo asesoran, le entregaron los documentos, le comentaron la confesión de Gavazzo y le sugirieron presentar una denuncia penal.

Esta versión de los hechos fue confirmada a periodistas por cinco fuentes del gobierno y dos dirigentes del Partido Socialista. Incluso, el propio Toma admitió manejar «el expediente» donde estaban las confesiones de Gavazzo. En su carta de renuncia Menéndez alega, que «en esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación».

Por tanto, la información estuvo a disposición de la Presidencia desde la segunda quincena de febrero y, sin embargo, en abril todavía no había realizado la correspondiente denuncia penal.

Las contradicciones de Vázquez, Toma y del exsubsecretario de Defensa se dieron también ante la Justicia. Sin embargo, el fiscal Morosoli en una resolución relámpago declaró que todos los investigados —menos Manini Ríos— eran inocentes y archivó sus causas.

Ante esa situación, los jueces no pueden hacer nada porque en Uruguay la iniciativa acusatoria les corresponde a los fiscales.

La decisión de Morosoli sorprendió. Manini Ríos expresó que la explicación, parece ser,  es que «los fiscales son dependientes del Poder Ejecutivo y en este caso el Poder Ejecutivo está claramente involucrado». Lo que despierta suspicacias es que la elección del fiscal que se encargará de cada caso no es aleatoria sino que lo designa directamente el Fiscal de Corte.

Según Morosoli, ni Vázquez, ni Toma, ni Montiel, ni los miembros del Tribunal de Honor militar cometieron el delito indicado por el artículo 177 del Código Penal. A su criterio, la actuación de Manini Ríos es la única que encuadra en lo establecido por esa norma. Asimismo, adelantó que pretende solicitarle al juez que sea encarcelado.

A pedido del fiscal Morosoli, la jueza Marcela Vargas citó para el 3 de octubre a Manini Ríos para decidir si se da inicio a la investigación penal contra el aludido. Es de destacar que el susodicho es el candidato presidencial de Cabildo Abierto y que las elecciones nacionales son el 27 de dicho mes.

El proceder de Morosoli provocó escándalo mayúsculo y arrojó sombras sobre su rectitud.

Por ejemplo, el prestigioso periodista Danilo Arbilla, señala irónicamente en una de sus columnas: «Por muy mal que lo haga pienso que no voy a caer en las contradicciones —en la prensa y ante la Justicia— del presidente Tabaré Vázquez, del secretario Miguel Ángel Toma y del exsubsecretario de Defensa Daniel Montiel. Todo muy feo. No creo incluso que pueda llegar a conclusiones como las del fiscal Rodrigo Morosoli respecto al ‘caso Gavazzo-Gomensoro’: todos inocentes y archivados, menos Manini […] Más que sospechosa es alevosa esa conclusión del fiscal de que el único que se ha portado mal sea Manini».

Además, dirigiéndose a los ciudadanos inquiere: «¿No les preocupa? ¿No les parece que el Ejecutivo ha actuado mal y que inquieta el proceder del fiscal (y aún no se sabe cómo actuará la jueza que ya apresuradamente cito a Manini)? ¿Hay cancha libre para el Frente Amplio? ¿No saben de la doctrina y el dogma a que se aferran y no ven lo que hacen y han hecho a lo largo de la historia sus correligionarios?».

También al exministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, le llamó la atención el dictamen del fiscal Morosoli. Señaló, que «ha dado pie a la sospecha», principalmente por dos motivos.

Por un lado, porque «se descartó muy rápido la responsabilidad penal de otras personas involucradas. Me dio esa sensación».

Por el otro, debido a su coincidencia con el proceso electoral. «Está dirigida a un candidato que según todas las encuestas va a ser al menos senador de la República […] Lo más preocupante y lo que ha dado pie a determinadas interpretaciones, algo que yo no comparto, son los tiempos electorales».

Agregó, que «todo viene un poco célere cuando no hay una urgencia importante. Y no es en todos los casos que no son de flagrancia, como este, que el sistema en Fiscalía funciona tan célere».

A buen entendedor, pocas palabras. Es muy turbio todo y con apariencia de que en Uruguay, «todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros».

Esta situación nos retrotrae a las declaraciones de la fiscal Gabriela Fossati realizadas en 2018. En aquel entonces, ella manifestó que los representantes del Ministerio Público no tienen garantías para investigar a personas cercanas al poder, que no los investigan por temor.

Sus palabras fueron dichas cuando fue traslada de fiscalía —algo que sintió como sanción— porque no aceptó que una persona vinculada al poder tuviera las características de víctima. «Se me quiso imponer que parcialice. Ello muestra que las garantías (para los fiscales) no están», advirtió.

Por consiguiente, daría la impresión de que ahora se ha dado un paso más largo hacia la corrupción de la justicia.

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