Juez le paró el carro a Tabaré Vázquez

El oficialismo ha arremetido en contra de las instituciones en pleno año electoral. Afortunadamente, no todo está perdido

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Pablo Mieres y Gerardo Sotelo presentando el recurso de amparo. (Foto: Twitter Partido Independiente)

Federico el Grande, rey de Prusia, quería construirse una residencia de verano. Encontró el lugar ideal a las afueras de Potsdam, a unos 30 kilómetros de Berlín. Allí mandó edificar lo que se convertiría en el famoso palacio de Sanssouci.

Al costado de sus magníficos jardines había un viejo molino de madera, ruidoso y sucio. El rey consideró que dicha construcción afeaba su propiedad y, además, el ruido que emitía no le agradaba. En consecuencia, le ordenó a su propietario que se fuera para que pudieran derribar al viejo edificio.

El humilde molinero, no obstante, se opuso y, lejos de acobardarse, llevó el caso ante los tribunales. Lo sorprendente para Federico –acostumbrado como estaba a que siempre se acatara su voluntad–  fue que los jueces fallaron a favor del molinero.

Al conocerse la noticia, los lugareños exclamaban jubilosos: «Todavía hay jueces en Berlín».

Desde entonces, esa expresión ha quedado como símbolo de una justicia realmente independiente, del valor de aquellos magistrados que no se achican ante los poderosos, por más que quieran doblegarlos mediante amenazas o prebendas. Es decir, cuando la Justicia cumple con su rol cardinal que ponerle coto a las arbitrariedades del más fuerte, principalmente, de los gobernantes.

El viejo molino –emblema de las instituciones republicanas– aún permanece de pie junto a los fastuosos jardines del palacio. Es un recordatorio de lo necesario que es un sistema judicial probo, independiente y valeroso. Asimismo, como escudo de los más débiles. Por consiguiente, que puedan acudir a él con confianza cuando sientan que el poder gubernamental está avasallando las libertades y derechos ciudadanos.

En estos días, los uruguayos estamos de parabienes porque recientemente ha quedado demostrado que «todavía hay jueces» en Uruguay.

La situación planteada es la siguiente: luego de casi quince años en el gobierno –con mayorías absolutas en ambas cámaras– la soberbia está ganando a las autoridades. El resultado es que, de forma cada vez más descarada, están traspasando los límites de un sistema auténticamente democrático y usando al poder estatal para beneficio propio.

Ese sentimiento de impunidad se acrecentó recientemente cuando el fiscal Rodrigo Morosoli –con una decisión que causó escándalo– impidió que se investigara penalmente a Presidencia. Concretamente, a Tabaré Vázquez y al secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma.

Tabaré parecería dispuesto a extralimitarse en el uso del poder y hacer todo lo que esté a su alcance –recursos públicos incluidos– para que el Frente Amplio obtenga un cuarto período de gobierno. Especialmente desvergonzada está siendo la manera en que se usa la ley de medios –que fue hecha a medida para lograr ese objetivo, impulsada por el expresidente José Mujica– y la web de Presidencia.

A raíz de ello, el Partido Nacional envió una carta a Vázquez para expresar su «más profunda preocupación» por la utilización del portal de Presidencia para la difusión de «opiniones políticas» de funcionarios de gobierno contra dirigentes nacionalistas. En la misiva, solicita que «tome las medidas necesarias» para «poner fin a la situación que estamos denunciando, y a las acciones proselitistas que las caracterizan».

La respuesta de Vázquez no se hizo esperar. Con el desparpajo que últimamente está caracterizando su accionar, contestó que el gobierno «ha actuado» y «seguirá actuando respetando el compromiso público que adquiriéramos cuando expresamos que las acciones que llevaríamos adelante desde el gobierno nacional estarían regidas por el principio de ‘dentro de la Constitución y la Ley todo, fuera de la Constitución y la Ley nada'».

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Sin embargo, estaría violando los artículos 58 y 77, numeral 5 de la Constitución, así como «diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos» al utilizar la web oficial «para irrumpir en cuestiones propias de la contienda electoral, que le está expresamente vedada».

En vista de esa situación –que está erosionando las garantías que el Estado debe otorgar para la realización de elecciones limpias– los representantes del Partido Independiente (PI) presentaron un recurso de amparo ante la Justicia, para que le ponga coto a ese desborde por parte de Presidencia.

El PI es uno pequeño partido de oposición. No tiene chance de conquistar la presidencia en estas elecciones. Sin embargo, imbuidos de una ética encomiable –dado que se movieron exclusivamente por principios democráticos– con valentía y confianza en la Justicia dieron ese paso.

La Justicia uruguaya obligó a Presidencia a quitar contenido que interfiere en la campaña electoral de su página web.

El presidente del PI, Pablo Mieres, manifestó que con el recurso se están «discutiendo» los «límites de la institucionalidad democrática». Citó otros episodios que no fueron incluidos en la demanda: «Cuando Vázquez realizó el acto del Antel Arena el 1° de marzo disfrazando un acto de campaña, yo diría de lanzamiento de campaña, que lo único que le faltó fue el jingle, disfrazándolo de rendición de cuentas presidencial; o cuando usan la Ley de Medios para atronar a la ciudadanía con autobombo de gestiones públicas».

Mieres y el periodista Gerardo Sotelo, en representación del Partido Independiente, con la asesoría legal del abogado Pablo Donnangelo, presentaron el escrito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Reclamaron que se impida «la ilícita aplicación de recursos públicos por parte de Presidencia de la República en campaña electoral a favor de su propio partido político», en referencia al Frente Amplio.

Se expresa que eso constituye una violación a la Constitución y, por tanto, reclama que se le ordene a Presidencia que pare de actuar de esa manera. Como prueba, anexan declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo que se publicaron en el portal de Presidencia. En ellas, los integrantes del gobierno se muestran muy críticos con propuestas presentadas por candidatos y técnicos de los partidos de la oposición. Las pruebas de los demandantes incluyen entrevistas a los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori.

El Partido Independiente le pide al juez que obligue a Presidencia a bajar esas publicaciones y se abstenga en el futuro de seguir subiendo material de esas características, dado que a su entender, constituye una «injerencia» en la contienda electoral.

El juez actuante fue Carlos Aguirre. En la audiencia propuso una fórmula conciliatoria: «sin calificar la licitud o ilicitud del acto, a los efectos conciliatorios como propuesta de la sede y a efectos de salvaguardar la figura de la Presidencia de la República, como garante institucional de un sistema republicano y democrático de gobierno, se aviene a sacar de la página web la comunicación realizada y a ordenar a José Luis Veiga (director de Comunicación) se abstenga de publicar cualquier cosa de contenido electoral».

Los representantes del Partido Independiente aceptaron llegar a un acuerdo. Sin embargo la Presidencia –bajo instrucciones de Toma– se negó.

En una sentencia que fue calificada de «histórica», el juez Aguirre falló a favor del Partido Independiente. La sentencia condena «a la secretaría de comunicación institucional de presidencia a que en el plazo de 24 horas retire de su portal las publicaciones de fechas 5/10/2019 y 8/10/2019 que difunden los dichos del Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social referidos en demanda; y a que se abstenga de subir a su página web publicaciones que tengan que ver con el acto eleccionario convocado».

Lo sucedido demuestra dos cosas: la importancia de que «todavía hayan jueces» pero también, personas o asociaciones de ciudadanos con el suficiente coraje cívico como para enfrentar a los poderosos.

Gracias a la actuación de ellos, el «viejo y ruidoso molino» sigue en pie en Uruguay.

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