La izquierda uruguaya no acepta dejar el poder pacíficamente

En Uruguay, Frente Amplio que está a un tris de perder el poder, también se despoja de su piel de cordero y revela su rostro antidemocrático

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izquierda uruguay
Lucía Topolansky y José Mujica. (Foto: Flickr)

La izquierda latinoamericana está demostrando que su raíz autoritaria no ha desaparecido, a pesar de los ropajes democráticos con los que se ha engalanado. Si bien es cierto que gobernantes de esta ideología ascendieron al poder mediante el voto popular, también lo es, que luego es muy difícil que lo abandonen pacíficamente y de acuerdo a las reglas democráticas.

A juzgar por sus dichos y acciones, «el pueblo» está integrado únicamente por sus adherentes. El resto son «fachos», «oligarquía» y «gente perversa». O sea, maniobran sofísticamente para fracturar a la sociedad en dos partes irreconciliables y así reinar por encima de todos.

Pero la cosa se les complica cuando pasan a ser mayoría los ciudadanos que quieren a la izquierda fuera del poder.

Por otra parte, el uso que hacen del término «oligarquía» es elocuente sobre el carácter de esos gobernantes. Es su leitmotiv, lo cual denota que el cinismo su nota característica.

Veamos algunos ejemplos

En 2011, Hugo Chávez —cuando anunció que se volvería a presentar como candidato a las elecciones del siguiente año— expresó que los diputados de la oposición «no representan al pueblo». En su alocución bramó: «oligarcas temblad que allí viene el huracán revolucionario, una vez más». Asimismo señaló, que la «oligarquía venezolana no genera riquezas».

¿Se estaría denunciando a sí mismo y a su círculo íntimo, dado que en ese entonces (y hasta ahora) son los oligarcas en Venezuela?

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner es otra que camina por el mismo trillo, lo demostró durante su presidencia. Y también ahora. Cuando en octubre de este año se organizó espontáneamente una marcha multitudinaria en señal de apoyo al presidente Mauricio Macri —en su aspiración (fallida) de ser relecto— los kirchneristas reaccionaron indignados: no era «pueblo» lo que estaba en la calle sino «oligarquía».

Esto es cinismo puro y menosprecio hacia los ciudadanos de a pie, dado que fueron miles los que ocuparon las calles.

En rigor, son aberrantes las arengas de Cristina contra la «oligarquía» cuando de hecho, el kirchnerismo se ha transformado en la mayor oligarquía parasitaria en la historia argentina.

Y en Uruguay, un Frente Amplio que está a un tris de perder el poder, también se despoja de su piel de cordero y revela su rostro antidemocrático.

La primera que utilizó el leitmotiv fue Graciela Villar, la candidata a vicepresidenta por el partido gobernante. En su primer discurso tras ser nominada en julio pasado, Villar afirmó que «en las elecciones del 27 de octubre, las dos opciones que están sobre la mesa, se dirimen ‘entre la oligarquía y el pueblo'».

Hasta sus propios camaradas se espantaron ante sus palabras, dado que después de gobernar durante 15 años —en los cuales beneficiaron a los amigos a costa de erario público— si en Uruguay existe una oligarquía, entonces está integrada por los miembros de la nomenklatura frentista.

Sus correligionarios se molestaron con ella porque puso el dedo en el ventilador. Focalizó la atención de la ciudadanía en las personas que integran esa «oligarquía». Precisamente, en una de las cosas que más indignada tiene a la población: los acomodos y corruptelas de la clase dirigente izquierdista.

Eso quedó de manifiesto en esta campaña electoral. Muchos de los vehículos que exhiben banderas del Frente Amplio, son de las marcas o modelos más caros del mercado. De gente que se acostumbró a un alto nivel de vida trabajando poco, pero teniendo buenos contactos políticos.

Simultáneamente, los pobres votaron masivamente en contra del Frente Amplio. Incluso, el sector de José Mujica perdió una inmensidad de votos en esa franja. Es que ellos aprendieron que Mujica es «puro verso»; lo real, es que su calidad de vida es peor que antes.

Hay muchas cosas que dan bronca.

Por un lado, Uruguay es el país con mayor carga tributaria de toda América. Tiene la mayor presión fiscal global, que incluye a los impuestos nacionales, departamentales y contribuciones a la seguridad social públicas y privadas. Así lo determinó un estudio realizado conjuntamente por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el BID.

Y por el otro, ver la cantidad de frentistas acomodados dentro del Estado, con poca capacidad pero exorbitantemente bien remunerados. O, que se aprueban normas de índole de aristocracia hereditaria. Por ejemplo, las relacionadas con las prestaciones a las víctimas de la dictadura.

En el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se aprobaron dos leyes para resarcir a estas personas. En 2009, haciendo uso de las mayorías parlamentarias que poseía en ambas cámaras, el Frente Amplio aprobó la ley 18.596. Esta norma fue titulada «Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985: Reconocimiento y reparación de víctimas».

El «detalle» es que la dictadura comenzó recién en junio de 1973. Por tanto, se está beneficiando arbitrariamente a un conjunto de sujetos por el simple hecho de que comulgan con la ideología de partido gobernante. Asimismo, en forma autoritaria modifican el pasado histórico.

Esta ley fue reglamentada en octubre de 2010 durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). El decreto establece que tendrán derecho a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, las personas amparadas por las leyes 18.596 y 18.033, «y los hijos y nietos de todas ellas, sean biológicos o adoptivos».

Según la Auditoria Interna de la Nación (AIN), el decreto reglamentario de la ley de 2009 «amplía ilegítimamente el ámbito subjetivo de beneficiarios y reciben prestaciones personas que no reúnen las condiciones previstas por la normativa». Agrega que «no se puede asegurar que las personas que reciben prestaciones sean beneficiarias, ni que las prestaciones pagadas hayan sido efectivamente brindadas y cumplan con la calidad requerida».

La AIN señala que «el decreto 297/010 amplía ilegítimamente los sujetos amparados en el artículo 10 de la ley 18.596, ya que incorpora como beneficiarios a todas las personas comprendidas en la ley 18.033 y a los hijos y nietos del conjunto de beneficiarios de ambas leyes».

Cosas como las mencionadas tienen muy indignada a la población, tal como quedó de manifiesto en la primera vuelta de las elecciones nacionales. El Frente Amplio obtuvo tan solo el 39 % de los votos emitidos. Por consiguiente, es muy probable que pierda el poder en el ballotage del 24 de noviembre.

Ante esa situación, Lucía Topolansky —vicepresidenta de la república y esposa de José Mujica— demostró que la izquierda no acepta realmente las reglas democráticas. Es decir, no está despuesta a dejar pacíficamente el poder aunque eso signifique «incendiar» al país.

Con total cinismo auguró «una enorme movilización social» si gana la oposición. Expresó que no cree que la coalición de partidos que se ha formado para desplazar al Frente Amplio en el gobierno «pueda resistir» ante esa situación y advirtió, que eso generará mucha inestabilidad […] en un momento en que la región está inestable», en clara alusión a lo que está pasando en Chile.

Es obvio que para Topolansky y compañía, el «pueblo» no es el 61 % de los ciudadanos que votaron a los partidos de la oposición, sino solo aquellos que piensan igual que ellos. Y, al igual que en sus tiempos de guerrilleros, cuando las urnas no les son favorables, están pensando en recurrir a la fuerza bruta para capturar al poder.

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