En su novela distópica 1984, George Orwell pinta un mundo atroz dominado por partidos totalitarios que se repartieron al mundo. Lo habían logrado poniendo en práctica la siguiente consigna: “Quien controla el presente, controla el pasado y quien controla el pasado, controlará el futuro”.
La izquierda uruguaya tomó nota de ese “consejo” y cuando gobernó (2005- 2020), se dedicó a distorsionar la historia del pasado reciente con el objetivo de acarrear agua para su molino.
Durante esos quince años a los estudiantes se les ha inculcado un “relato” hábilmente construido pero con poco sustento en la realidad. Se les enseña que la izquierda en general y los tupamaros en particular, lucharon contra la dictadura.
Nada más lejos de la verdad. Por eso conviene repasar lo que realmente aconteció y el comportamiento que tuvieron en aquellos tiempos algunos de los principales protagonistas.
El proceso dictatorial se inició en febrero de 1973. En ese entonces en Perú estaba instalada una dictadura militar de signo izquierdista (1968-1975) encabezada por Juan Veslasco Alvarado.
Casi enseguida, la dictadura militar uruguaya emitió los comunicados 4 y 7 donde señalaba los lineamientos que orientarían su acción. En ellos daba a entender que se inclinaba por una postura “peruanista”. Por ejemplo, el comunicado 4 afirmaba que se iba a “atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos económicos” (tener dólares u oro guardado podría ser uno de ellos) y realizar la “redistribución de la tierra y de los ingresos”. El comunicado 7 agregaba más ítems socialistas como “establecer una política de precios y salarios”.
La izquierda uruguaya, sindicatos incluidos, celebró ruidosamente la instalación de dicha dictadura militar y le dio su respaldo. Por supuesto que esto no aparece en los manuales escolares.
Por su parte los tupamaros, comenzaron sus acciones terroristas en 1963, en plena democracia. Admiradores de la dictadura cubana, querían emular a Fidel Castro y al Che Guevara. Pero para 1973 –año del golpe de Estado– ya hacía un año que habían sido derrotados y sus principales figuras estaban encarceladas. Además, colaboraban con los militares tanto para “luchar contra la corrupción” como para entregar a sus compañeros. Nada heroico por cierto.
Mientras así se comportaba la izquierda (en sus dos vertientes: legal y guerrillera), voces dentro de los partidos tradicionales denunciaban la deriva dictatorial de los militares. Uno de ellos fue el senador del Partido Colorado (centro-derecha) Amilcar Vasconcellos, quien a través de la radio alertaba sobre la gravedad de lo que estaba aconteciendo.
Jorge Batlle (liberal del Partido Colorado) y Wilson Ferreira Aldunante (Partido Nacional) –líderes de sus respectivos partidos– fueron perseguidos y proscriptos durante la dictadura. Otras figuras sufrieron atentados homicidas como por ejemplo con vino envenenado enviado a sus casas (la consecuencia fue la muerte de la esposa de uno de ellos).
Al mismo tiempo, Tabaré Vázquez medraba con la dictadura, recibiendo múltiples privilegios y enriqueciéndose.
En consecuencia, no solo fueron perseguidos los izquierdistas sino también gente perteneciente a otras tiendas políticas. La violación de los derechos humanos se extendió sobre la población entera.
Por cierto, los tupamaros también violaron derechos humanos. Así lo reconoció en 2000 Líber Seregni, líder histórico del Frente Amplio. En una entrevista declaró que son tan repudiables las acciones aberrantes cometidas por los militares como las ejecutadas por los guerrilleros tupamaros. Con espíritu crítico cuestionó que el Frente Amplio haya denunciado “todas y cada una de las violaciones que cometían (los militares), pero no tuvimos la misma claridad y firmeza para denunciar los actos contrarios a los derechos humanos que cometían los tupamaros”.
Los dirigentes izquierdistas –con el expresidente José Mujica a la cabeza– reaccionaron indignados ante las lúcidas palabras de Seregni porque iban contra el “relato”. Mujica incluso insinuó que a Seregni “la edad” le hacía decir incoherencias.
La misma autocrítica realizó recientemente el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza. Confesó que “hicimos cosas que no tienen sentido”, como ejecutar a gente inocente. Reconoce que esas muertes “son equiparables a delitos de lesa humanidad”.
La izquierda impuso un “relato” sobre su relación con la dictadura y los derechos humanos. Utilizando el poder estatal y contando con la complicidad de historiadores afines, convenció a muchos jóvenes de que solo ellos fueron perseguidos y sufrieron a causa de la dictadura.
Las cosas que aquí contamos y están documentadas, han sido “sutilmente” eliminadas de las manuales de historia.
Sin embargo, la situación está empezando a cambiar. El usufructo del poder por tanto tiempo les hizo perder de vista que cuando se está en el llano, “la mentira tiene patas cortas”. Además, las nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten contrastar en tiempo real las afirmaciones con los hechos.
Durante los gobiernos izquierdistas, la inseguridad y la violencia delictiva trepó en forma impresionante, ante la pasividad de las autoridades. Por consiguiente, los ciudadanos exigían un cambio radical en la materia y fue una de las principales causas del triunfo de la oposición en las elecciones de 2019.
Tal como había sido anunciado en la campaña electoral, el combate a la delincuencia y la relación entre gobernantes y la policía cambió radicalmente. Los agentes sintieron que ahora eran respaldados en su accionar profesional.
El nuevo gobierno se impuso restablecer el orden y la seguridad en la vía pública. Ergo, hay mayor presencia policial en la calle y se pide aleatoriamente la identificación a las personas. La izquierda reaccionó cuestionando el accionar policial y denunciando que se están violando los derechos humanos de los ciudadanos, tratando de insistir con el “relato”.
Dos hechos recientes prueban que el “relato” se está desintegrando y posiblemente, arrastrará consigo las falsedades históricas que se han sostenido con respecto a los derechos humanos y la izquierda.
En uno de los casos, circuló por las redes sociales el video de un agente policial que apunta con un rifle a una malabarista que estaba en una plaza. Los izquierdistas se “horrorizaron”. El senador socialista Daniel Olesker afirmó que se está “criminalizando la pobreza”.
Pero testigos presenciales lo desmintieron: la policía acudió debido a una llamada al 911 alertando sobre un hecho violento. Se estaba produciendo una riña callejera a “golpes de puño” entre varias personas, algunas alcoholizadas. Los agentes trataron de separarlos pero algunos seguían agresivos. En consecuencia, se pidieron refuerzos. “Uno de los jóvenes (el malabarista) en actitud desafiante hacía ademanes con un machete en cada mano”. Por eso “uno de los efectivos usó una escopeta aprovisionada con munición no letal y se dirigió directamente a la persona armada, le dio la orden de que deponga su actitud y se acueste en el piso, lo que de inmediato fue acatado por la persona”.
El otro asunto, fue la denuncia de un empleado municipal, Daniel Piñeyro, quien alegó que la policía lo maltrató al ver que en su moto tenía una calcomanía del Frente Amplio. Aseguró que los agentes le habían dado una golpiza y herido con un arma de fuego en la pierna.
También en este caso la verdad salió a la luz rápidamente. Resulta que el operativo policial había sido filmado y se demostró la falsedad de las alegaciones de Piñeryro. El trato policial había sido correctísimo y cuando él se fue del lugar, no estaba herido.
Por largo tiempo, la izquierda uruguaya ha medrado con el tema de las violaciones de los derechos humanos de las cuales, “obviamente”, sus miembros siempre son las víctimas. Lo que está sucediendo con estos días muestra que muchos de ellos son mentirosos compulsivos. Posiblemente, eso impulse a relatar con seriedad lo que realmente pasó durante la dictadura militar.