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¿Qué es mejor: que los empleados estatales se ganen el sueldo trabajando o que lo reciban sin esfuerzo alguno?
La respuesta a esta pregunta tendría que ser obvia. Sin embargo, en Colombia, puede ser no sólo difícil de contestar sino que también puede plantear todo un dilema.
La semana pasada, el Congreso de este país aprobó una ley para castigar el ausentismo de los congresistas. Es decir, tan sólo hasta hoy, después de casi 200 años de vida independiente, los representantes se dieron cuenta que deben ir a trabajar para ser merecedores de su sueldo.
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A pesar de lo positiva que esta medida pueda ser, otros hechos eclipsaron sus beneficios. En la misma semana, se aprobaron varias leyes que, en lugar de identificar aquellas normas que nos permiten vivir en sociedad y perseguir para cada cual sus objetivos, están todas encaminadas a quitarnos libertades a través de la intervención directa en el mercado o de la prohibición de las decisiones.
Los ahora no ausentes congresistas demostraron con muchas de esas medidas su concepción de la labor del Poder Legislativo: la obsesión por controlarlo todo. De manera ingenua reflejaron que creen que sus decisiones sólo pueden tener efectos positivos. Por esto, no pueden siquiera detenerse a pensar en las consecuencias no anticipadas –que se pueden anticipar– de sus decisiones o en cómo sus leyes, en lugar de solucionar problemas, pueden agravarlos.
Este es el caso de, por ejemplo, la aprobación de nuevos costos a la contratación de empleados domésticos. Si bien el objetivo que se persigue es noble, lo que fue aprobado puede tener dos efectos indeseables. O bien los empleados domésticos tendrán menos posibilidades de empleo porque muchos de los actuales empleadores no pueden asumir los nuevos costos; o serán contratados en peores circunstancias que las actuales porque se profundizará la contratación irregular.
Otro ejemplo es el de la eliminación de algunas sanciones que imponen las aerolíneas para el uso de ciertos tipos de pasajes aéreos. Como señaló el dueño de Avianca, Germán Efromovich, esto sólo llevará a incrementos en los precios de los pasajes. Todo lo contrario a lo que se quería evitar. ¡Y se puede anticipar!
Con estas y otras regulaciones, los congresistas demuestran que no conocen la importancia de su trabajo y, al contrario, lo que hacen es burlarse de lo que es la ley y la reemplazan por simple legislación. Legislación que, además, busca imponernos a los ciudadanos el cumplimiento de las funciones que los empleados estatales deberían cumplir.
Ahí está el caso del recién aprobado Código de Policía. Como la Policía colombiana ha demostrado ser incapaz de cumplir su función de garantizar la seguridad ciudadana, en el Código se nos prohíbe a los ciudadanos todo tipo de acciones mientras a los policías se les amplían sus atribuciones. Y, para completar, nos dicen que esas atribuciones no se traducirán en abusos: que tranquilos, que van a capacitar a los agentes de policía, que confiemos en ellos.
Ha sido tanta la euforia porque ahora los congresistas deben ir a trabajar, que hasta se aprobó una ley por medio de la cual el Estado reemplaza a los padres en las decisiones estéticas de sus hijos. Y ya está en estudio la propuesta del ministro de salud, Alejandro Gaviria, sobre futuros impuestos no sólo a las bebidas azucaradas sino a toda la comida que al ministro, tan preocupado por nosotros, le parezca nos puede causar daño. ¡Ni decidir podremos! Menos mal que tenemos al bienintencionado ministro y a los muy trabajadores congresistas para que nos eviten todo mal y tomen las decisiones por nosotros.
Pero, ¡claro! Lo que pasa es que nuestros representantes en cada acción reflejan su visión de los ciudadanos no sólo como incapaces de decidir, sino como tontos. Esto lo demostró el presidente Juan Manuel Santos esta misma semana cuando, en dos ocasiones, no sólo nos amenazó ante la eventualidad de que no pase el plebiscito para la ratificación de los acuerdos a los que se llegue en La Habana, sino que después de lanzar las amenazas nos dijo que no era lo que había querido decir. ¡Como si fuéramos tontos!
Nos mintió, además, en las dos ocasiones en el contenido de sus amenazas. Primero, nos habló de información para pensar en una guerra urbana en caso de fracasar los acuerdos con las FARC. Pero parece que tal información no existe. Luego, nos dijo que si no se aprueban los acuerdos, se tendrán que incrementar los impuestos. Como si no supiéramos que igual los subirán antes de que termine el año.
Lo peor de todo es que cuando fracasen todas estas medidas porque no se les hace seguimiento o porque generan efectos indeseables, los culpables seremos los mismos ciudadanos. Así, nuestros representantes, que se creen no nuestros padres sino nuestros dueños, volverán con más –y peores– regulaciones.
Ahora sí se ve lo difícil y problemático que es contestar la pregunta inicial.
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