Quizás para algunos el debate de si el presidente Iván Duque se atreverá o no a liderar acciones militares pasa por poder interpretar su personalidad, un tema importante especialmente entre quienes han tenido que vivir, como los venezolanos, en un carrusel de desesperanza y desesperación.
Por ello, ofrezco acá algunas razones:
- Porque las universidades van a sufrir atentados
- Porque pondrán bombas en zonas de turismo internacional alegando lucha revolucionaria
- Porque la institucionalidad colombiana da la mano extendida, pero también el puñetazo contundente
- Porque las victorias contra las amenazas terroristas alimentan la confianza de la inversión internacional en el país
- Porque ya basta de denunciar lo obvio
- Porque si bien es mejor pedir disculpas que permiso, se pedirá permiso para no dar espacio a las disculpas
- Porque el presidente Duque contará con el respaldo de la sociedad colombiana
- Porque el presidente Duque tiene su mejor aliado, no en el gobierno estadounidense, sino en el pueblo venezolano.
- Porque ya se hizo
Porque las universidades van a sufrir atentados
En diciembre de 1992, el ELN hizo un atentado en el Hotel Orquídea Real en el piso 37. En ese entonces, Ecopetrol estaba condecorando a los 100 mejores estudiantes de todo el país, aquellos que habían sacado los mejores puntajes en la prueba de examen de Estado. No eran estudiantes universitarios de familias ricas, pero eran estudiantes de élite, y en el momento en que se les recompensaba por su esfuerzo y dedicación al estudio, el ELN hizo estallar una bomba.
Julián Sosa, uno de los 30 de esos 100 que recibió beca esa noche, tuvo que usar silla de ruedas como testimonio permanente de que el ELN no tiene límites a la hora de cometer barbarie. El ministro de educación de ese momento era Carlos Holmes Trujillo. Al igual que Julián, yo también me gradué en 1992. Lo conocí años después. Cada vez que pienso en el ELN pienso en él.
Este año, en enero, otra vez, el ELN realizó un atentado contra estudiantes de educación superior, esta vez contra oficiales en formación de la Escuela General Santander. Se realizaba una ceremonia de condecoración a cadetes antiguos cuando detonaron 80 kilos de pentolita. Murieron 23 personas, incluida una cadete ecuatoriana, y entre los heridos, resultaron afectados dos panameños y otra ecuatoriana. Todos los que asistieron a esa ceremonia no olvidarán nunca la sevicia del ELN en semejante acto planificado desde Venezuela.
Pasaron casi 27 años entre ambos atentados, y el asesinato de jóvenes que celebran su compromiso con el esfuerzo personal y buscan un mejor futuro para sus familias y su país, les sigue siendo indiferente. Ese es el ELN que lleva tan en su naturaleza el quehacer terrorista se le suman Iván Márquez, Jesús Santrich, “El Paisa” y “Romaña”.
Porque pondran bombas contra zonas de turismo internacional alegando lucha revolucionaria
El 17 de junio de 2017, justo a la hora en la que la gente sale de la oficina y busca un lugar dónde esperar que pase el momento pico de la congestión vehicular (además de hacer las compras para el Día del Padre), el supuesto grupo disidente del ELN, el MRP, activó una bomba en el baño de mujeres que queda en el segundo piso del Centro Comercial Andino. Murió la principal sospechosa de tener la bomba. No obstante, el terror que sembró entre las mujeres y visitantes del centro comercial en medio de la zona de mayor turismo internacional de la ciudad, la zona T, muestra el nivel de cobardía que están dispuestos a planificar en nombre del horror.
Sin embargo, esa bomba (y la aparente improvisación con la que al final se intentó ejecutar) es una versión mucho menor del atentado al Club El Nogal, que planificó y coordinó el ahora residual que vive en Venezuela, Hernan Darío Velasquez, alias “El Paisa”. Fue la razón principal que llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero de 2003 a emitir la Resolución 1465, en la vía de la Resolución 1373 de 2001, reafirmando la necesidad de combatir por todos los medios las amenazas terroristas e instando a los Estados a cooperar con las autoridades colombianas para llevar a la justicia los responsables de semejante barbarie. Es necesario resaltar nuevamente que la Resolución 1465 de 2003 sigue en vigencia y ya fue aprobada incluso por Rusia. “El Paisa” no necesitaría más resolución para ser combatido.
“El Paisa”, articulado con las estructuras urbanas del ELN y con las residuales que pueda reorganizar, retomará su línea de violencia en zonas de alto impacto internacional, de tal forma que no solamente golpee la credibilidad del gobierno Duque en el manejo del orden público sino que pueda reclutar a los farianos insatisfechos y dudosos con la implementación del Acuerdo de La Habana. “El Paisa” querrá alimentar con sangre el mito de que nunca fueron vencidos y más aun, de que ahora, con el apoyo de la dictadura de Maduro, podrán encontrar una nueva y victoriosa dinámica revolucionaria.
Porque la institucionalidad colombiana da la mano extendida pero también el puñetazo contundente
Los que creen que el combate a las organizaciones criminales tiene que ver con el tono del presidente de turno, no conocen la historia reciente de Colombia. Julio César Turbay Ayala, siendo presidente, realizó una cacería despiadada por el robo de armas del Cantón Norte y, simultáneamente, negoció con diplomacia la salida de los rehenes de la toma de la Embajada de República Dominicana.
Lo mismo sucedió en la época de Belisario Betancur, que intentó un fallido proceso de paz con las FARC y también vivió la retoma militar del Palacio de Justicia. O en la era de César Gaviria, que negoció a través del Padre García Herreros con el mismísimo Pablo Escobar (que llegó a tener una celda que semejaba un hotel de lujo) pero que en diciembre de 1993, al huir, fue fulminado a balazos en los techos de Envigado, uno de sus fortines de influencia.
Pero quizás el mayor ejemplo de esta lógica institucional dispuesta a la negociación (pero alistada para la confrontación) la encarna el gobierno de Andrés Pastrana, que dialogó en medio del conflicto más intenso con las FARC. Demostró la mayor generosidad en condiciones de negociación a través de una zona de distensión, y al mismo tiempo, consolidó la construcción de la mayor alianza policial y militar que cualquier país latinoamericano haya tenido con Estados Unidos a través del Plan Colombia.
Porque las victorias contra las amenazas terroristas alimentan la confianza de la inversión internacional en el país
Los gobiernos de Alvaro Uribe (2002 – 2006, 2006 – 2010) representan la determinación desde el combate real y muestran cómo se puede recuperar la confianza en el futuro, tanto por parte de la inversión nacional, como (y sobre todo) de la inversión internacional, ya que victorias difíciles pero acumuladas son prueba cierta del compromiso, tanto del gobierno como de la sociedad, en hacer justicia y proveer seguridad en el territorio.
Uribe, quien recibió el cargo en medio de atentados, reflejando la poca consideración que las FARC en ese momento tenían por la comunidad internacional, llegó al mando en una instancia de precaria situación económica en un país que, en medio de la guerra, intentaba recuperarse de la mayor crisis económica que ha tenido en el último siglo. Y con todo y eso, y quizás por ello, el esfuerzo militar exitoso pudo alimentar un círculo virtuoso de inversión que permitió un crecimiento alrededor del 4,3% en los ocho años.
Ahora, Duque enfrenta el desafío de recuperar la tasa de crecimiento y llevarlo por lo menos a niveles parecidos a los de su mentor político. Ciertamente, la posibilidad de que actos terroristas disminuyan la confianza de la sociedad colombiana o de los inversionistas internacionales frente a la economía colombiana existe todavía. De hecho, un elemento importante del plan que anunció Márquez fue atentar contra la infraestructura productiva. Esto implica rrebatarle la tranquilidad a la sociedad y al gobierno en el corto plazo y ahuyentar el mejor futuro posible que se construye gracias a las inversiones de largo aliento.
Porque ya basta de denunciar lo obvio
Colombia denunciaba la criminalidad del régimen chavista mucho antes de que el pueblo venezolano padeciera el hambre y el destierro como hoy. Es que si hay un país que tiene claro que las denuncias diplomáticas frente a la casta mafiosa en Miraflores son insuficientes, es Colombia. No se nos puede olvidar que el régimen chavista mostró primero su cara mafiosa que su cara genocida.
Ahora que hay permiso de la Asamblea Nacional para usar métodos satelitales para la identificación de campamentos, se pueden usar mejor esos datos a efectos de realizar acciones militares. Sin embargo, ya en el año 2010 se solicitaba desde la OEA que se creara una comisión para verificar lo que la información de inteligencia colombiana tenía sobre la ubicación en Venezuela en condiciones de resguardo y apoyo.
“Colombia se propone, en la Corte Penal Internacional, denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas”, decía Alvaro Uribe en 2008, en medio de las tensiones después del bombardeo al campamento de alias “Raúl Reyes”. Iván Duque lo hizo 9 años después, ya no a acusando a Chávez sino a Maduro. Los años de desidia de la comunidad internacional frente a las denuncias de Colombia han sido demasiados.
Por eso, ahora que Carlos Holmes Trujillo denunció ante la OEA y se logró por fin la activación del TIAR, no se puede sino reconocer que es el momento de decir “basta” a la fase de denuncias. Es hora de que las denuncias sirvan de base para medidas más contundentes también contempladas como legítimas en el derecho internacional.
Porque si bien es mejor pedir disculpas que permiso, se pedirá permiso para no dar espacio a las disculpas
En el año 2001, cuando sucedían los terribles ataques a las Torres Gemelas, Colombia formaba parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Andrés Pastrana era presidente y el país no solamente realizaba su más generosa negociación con las FARC sino que además fortalecía su relación con Estados Unidos con el lanzamiento del “Plan Colombia”. Claramente, había un componente de disposición al diálogo, pero al mismo tiempo un aumento en la capacidad disuasiva militar. Por eso, una vez sucedidos los ataques, Colombia acompañó sin dudar al pueblo estadounidense para castigar de la manera más contundente a los responsables de ese acto criminal.
Ahora Colombia ha venido desarrollando una estrategia diplomática apelando siempre al sentido de la legalidad internacional, y al mismo tiempo que utiliza la reivindicación de la estabilidad democrática, también ha preservado el derecho al uso de la fuerza ante casos de agresión en legítima defensa. Por lo último es que desde mayo de este año Iván Duque ha insistido en el rol de la dictadura de Nicolás Maduro en el apoyo al ELN y, sobre todo, en el contexto violatorio a la Resolución 1373 de 2001, que fue precisamente la resolución que ayudó a aprobar Colombia cuando fue miembro del Consejo Permanente.
Para los que a veces creen que el tema de la convicción sobre el uso de la legalidad internacional como soporte de una posible acción militar por parte de Iván Duque no es creíble, tienen que entender que desde el inicio del gobierno la posibilidad de apelar la Resolución 1373 estaba sobre la mesa. Es por ello que Guillermo Fernández de Soto fue nombrado embajador ante la ONU. Fernández, como canciller de Pastrana, había ayudado a sacar adelante la Resolución 1373 de 2001 en el Consejo de Seguridad. No es solamente un experto diplomático, sino que un experto en diplomacia multilateral en la lucha contra el terrorismo.
Porque el presidente Duque contará con el respaldo de la sociedad colombiana
Los índices de favorabilidad de Iván Duque, que recientemente no han sido positivos, se pueden contrastar con los meses de inicio de año en los que incluso periodistas que no son cercanos políticamente a él, reconocían que su favorabilidad habría sido superior porque, tal como explicó Alejandro Santos, director de Semana, “claramente el endurecimiento frente al tema de Venezuela y del gobierno de Maduro le han ayudado”.
Parte importante de sus votantes son también sus críticos, en temas en los que Duque marcó una distancia con sus bases electorales o respaldos de opinión significativos, como por ejemplo el homenaje a los caídos en su visita a China, que se interpretó como una posición de debilidad frente al eje de países que respalda la dictadura de Miraflores.
Álvaro Uribe, que tuvo al final de su gestión respaldos de hasta 80 %, y que incluso hasta hace poco años tenía la mayor favorabilidad dentro de los expresidentes, sufre ahora críticas importantes que han sido fundamentales en la disminución de su aprobación en general.
No es díficil, por lo tanto, entender que victorias, ahora en territorio venezolano, contra las estructuras del ELN y las residuales de Márquez, lograrían favorecer a Duque y a Uribe, no solamente entre sus simpatizantes sino entre algunos de los que, siendo contradictores políticos de ambos, ven la amenaza cierta que se cierne sobre las tropas desmovilizadas en el proceso del Acuerdo de La Habana.
Porque el presidente Duque tiene su mejor aliado: el pueblo venezolano
Ahora bien, lo más importante que debe tener en cuenta Duque, no es su aliado militar evidente, que es Estados Unidos, sino su aliado político real: el pueblo venezolano. Frente a las reiteradas vejaciones que sufren los ciudadanos venezolanos, el apoyo a un líder liberador será inevitable, con las consecuencias que eso puede tener en la gobernabilidad interna de Colombia, que vive la mayor parte de la masa de refugiados de la tiranía.
Además, ese agradecimiento del pueblo venezolano para un presidente joven es útil en términos de respaldos a largo plazo para liderar otro tipo de iniciativas de integración económica o política en el continente y, especialmente, entre los dos países.
Prueba de ese respaldo son las declaraciones de Maduro sobre la posibilidad real de que suboficiales y oficiales de las armas defensivas más estratégicas pudieran apoyar en un momento dado al gobierno colombiano.
Todo esto sin mencionar la impresionante disposición de lucha que en solitario han tenido los venezolanos en las calles. Los venezolanos respaldarían cualquier acción militar de Colombia contra sus opresores o aliados de sus opresores que violan el territorio de su país. Caracas hará fiesta cuando bombardeen a Márquez y Maracaibo saldrá a la calle a festejar si capturan a Jesús Santrich.
Lo harán con la misma convicción de lucha que durante las marchas multitudinarias, pero esta vez sería para dejar en claro a sus represores que su hora se acerca y que empiezan los momentos de enfrentarse a otros que también empuñan armas, pero si apuntan contra verdaderos delincuentes.
Duque también contaría con el apoyo de sus tropas, que hoy, bajo represión mantiene cierta sumisión amparada no por el derecho o la inspiración, sino por el terror o por la corrupción. Varios militares venezolanos, conscientes de la alta traición que ha cometido el chavismo, han intentado de muchas maneras llevar a cabo quiebres en el mando y han sido contenidos de manera salvaje. Ellos, no obstante, son solamente la punta del iceberg de la inconformidad real que tiene la estructura militar en los cuarteles, y que de manera amplia recogería como propias las acciones antiterroristas que se dieran en el territorio venezolano.
Porque ya se hizo
Sin embargo, lo más importante que nos ayuda a entender la historia es que tropas colombianas ya han estado en Venezuela, combatiendo a la monarquía absolutista hace ya casi 200 años. Este es un hecho que sirve para recordar que la suerte de ambos países ha tenido que ser conquistada en la hermandad de la sangre, la muerte y el plomo.
También en tiempos recientes, gracias a la autorización del presidente Caldera, en mayo de 1998, a unidades blindadas del Grupo Mecanizado Maza del Ejército colombiano se les facilitó la entrada a territorio venezolano para combatir a miembros del ELN.
Fueron tiempos en los que se autorizó, bajo la doctrina de “persecución en caliente”, la entrada de las fuerzas militares colombianas por “razones humanitarias” con el pueblo colombiano, y así poder recoger cadáveres, atender heridos y combatir desde el sur del Táchira a los miembros del ELN por sus delitos en la toma de Ragonvalla.
Si en ese momento, cuando tan poco había sucedido en ambos países, se logró una cooperación político-militar frente a un enemigo común, el ELN, ¿cuánto más no es necesario ahora revivir “la persecución en caliente” bajo el amparo de la Resolución 1373 de 2001 de Naciones Unidas?
Duque sabe que hay razones del futuro, como los probables atentados en territorio colombiano, así como razones de pasado, para realizar una cooperación militar para enfrentar enemigos comunes que dan soporte a una decisión militar: bombardear a Márquez en Venezuela.
Estas acciones tendrían enormes implicancias para la caída de la mafia de Maduro y las otras organizaciones criminales que han crecido amparadas por la percepción de ser intocables.
Por eso es que bombardear a Márquez en Venezuela es mucho más que una operación de legítima defensa contra el terrorismo, es sobre todo la acción judicial de mayor diplomacia que se podría llevar a cabo en este momento.
Ha puesto las fichas en el tablero, ha recorrido todas las instancias, ha preparado el escenario y los empezará a buscar uno por uno.
Ojalá en esa búsqueda tenga un lugar especial para los que cometieron el atentado contra los bachilleres de 1992 y los cadetes de 2019. Porque el ELN merece un bombardeo más contundente y especial.