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Colombia: así fue la marcha en contra de la corrupción y del presidente Santos

By: Julián Villabona Galarza - @julianvillabona - Abr 1, 2017, 6:42 pm
Los asistentes lograron llenar la Plaza de Bolivar, donde está el Congreso, la Alcaldía de Bogotá y el Palacio de Justicia (Foto: Julián Villabona)
Los asistentes lograron llenar la Plaza de Bolivar, donde está el Congreso, la Alcaldía de Bogotá y el Palacio de Justicia. (Foto: Julián Villabona)

La mañana de este primero de abril fue testigo de una marcha convocada, principalmente, por uribistas opositores, en contra de la corrupción y del presidente Juan Manuel Santos, quien tuvo que sentir a pocas cuadras del Palacio de Nariño, sede de la Presidencia, los cánticos de ciudadanos inconformes que le reclamaban por su gestión.

Los ciudadanos partieron desde el Parque Nacional, ubicado en la calle 35 y caminaron por toda la carrera séptima hasta la calle 10 con carteles y cánticos en contra del mandatario de los colombianos, que además de ser señalado por haber recibido el dinero de Odebrecht en ambas campañas (2010 y 2014), es criticado por su manejo tanto en lo económico como en lo político.

El evento fue organizado, en su mayoría, por el uribismo, quien critica a Santos por temas como la reforma tributaria, que sirvió para subir los impuestos, y la corrupción, que los marchantes consideran se ha dado en el Gobierno Santos.

Los asistentes marcharon con prendas alusivas a la selección colombiana de fútbol, y tras caminar los siete kilómetros que separaban su punto de partida con su punto de encuentro, se reunieron al rededor de una tarima que fue ubicada en frente del Capitolio Nacional, lugar donde sesiona el Congreso de la República, que es a tan solo tres cuadras de la Presidencia.

Por la tarima pasaron varios reconocidos personajes de la oposición como el exministro Fernando Londoño y el exprocurador Alejandro Ordoñez. Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, uno de los principales promotores de la marcha, marchó en la ciudad de Medellín.

Durante la marcha se presentaron pequeños enfrentamientos entre los marchantes y las personas que se oponían al evento. Sin embargo, estos fueron controlados por la Policía Nacional y el personal de Gestores de Convivencia de la Alcaldía de Bogotá, lo que permitió el normal desarrollo de la marcha.

Conato de pelea entre miembros de la marcha y quienes se oponían a ella. Fue controlado por los gestores de convivencia y la Policía Nacional (Foto: Julián Villabona)
Conato de pelea entre miembros de la marcha y quienes se oponían a ella. Fue controlado por los gestores de convivencia y la Policía Nacional. (Foto: Julián Villabona)

Durante su paso por tarima, cada una de las personas criticó el actuar de Santos y le recordaron el acuerdo que logró con las FARC y los resultados del plebiscito que se llevó a cabo el 2 de octubre, en en que la mayoría de los colombianos rechazaron este hecho. Además, recordaron su alza de impuestos y su promesa de no aumentar los tributos y otros hechos que han molestado a diferentes sectores de la centro derecha del país.

Junto con el Centro Democrático también marcharon algunos sectores del conservatismo, entre ellos la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que salía a marchar porque cree que:

“La expresión ciudadana es fundamental en este momento para decir que estamos preocupados por el rumbo que está tomando Colombia, estamos muy  preocupados por el deterioro de la economía. Ahora vemos que después de este golpe que nos han dado con la reforma tributaria nos están anunciando una nueva reforma tributaria antes de dos años. […] Me preocupa muchísimo lo que pasó con el plebiscito porque nos han impuesto el acuerdo a pupitrazo […] y sino queremos que nos pase lo que le pasó a Venezuela tenemos que salir y decir que no queremos”.

La polémica de la marcha

Desde hace varios días diferentes sectores cercanos al Gobierno criticaron la marcha convocada por la oposición, debido a que el evento era promovido principalmente por el senador Uribe, quien ha sido señalado de tener varios funcionarios de su Gobierno en la cárcel por corrupción, siendo, curiosamente, la marcha en contra de la corrupción.

Además, también era promovida por exprocurador Alejandro Ordoñez, quien fue destituido de su cargo por considerar que se utilizaron artimañas para lograr su reelección por un conflicto de intereses por parte de quienes lo eligieron como el protector de los Derechos Humanos y revisor de la actuación de los funcionarios en el país.

La Plaza de Bolivar iba siendo llenada poco a poco por los asistentes (Foto: Julián Villabona)
La Plaza de Bolivar se llenaba poco a poco por los asistentes. (Foto: Julián Villabona)

De igual forma, se generó una gran polémica por la presencia de John Jairo Velásquez, alias Popeye, quien fue el jefe de sicarios del temido capo del narcotráfico Pablo Escobar, por lo que se buscó deslegimitar la marcha con su presencia por parte de la oposición.

 

¿Qué dijeron los asistentes?

Uno de los asistentes más reconocidos fue el exvicepresidente de Colombia, Francsico “Pacho” Santos, quien le aseguró al PanAm Post que:

“El pueblo colombiano se pronuncia ante una precariedad democrática en la que estamos viviendo [los colombianos] en la que el Congreso entregó su poder, donde el ejecutivo prefiere dialogar con las FARC que con los ciudadanos, acá le estamos diciendo al presidente Santos no más, no más mentiras, no más corrupción, no queremos más de su Gobierno, sin fuerza, sin buses, pura convicción es lo que hay acá, una fuerza política que va a defender la patria, la fuerza pública, las libertades y la democracia”.

De igual forma, el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, le aseguró a este medio que:

“Esta marcha ha sido un éxito rotundo, donde se ha demostrado el fervor del pueblo colombiano, para decirle al presidente: no más. Estamos cansados del derroche, estamos cansados de que le pasen la cuenta con más impuestos ciudadanos, estamos cansados de que le entreguen la arquitectura de las instituciones a los criminales, por eso hoy vinimos a decir no más y a iniciar la construcción del verdadero cambio”.

José Jaime Uscátegui, hijo de un general preso, aseguró que marcho “por las incoformidades frente al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos” por considerar que “es un Gobierno que ha polarizado la sociedad, lo que es supremamente grave. De igual manera con los impuestos y con los casos de corrupción que se han evidenciado en los últimos meses, pues sentimos una inconformidad muy grande de ver cómo el sacrificio de los colombianos se ha despilfarrado a través de estos casos de corrupción. Eso en realidad no es nuevo en el país, pero ha alcanzado unos niveles que desbordan cualquier cálculo y cualquier análisis y en esa medida hay una inconformidad.

Además agregó: “yo soy hijo del general Uscátegui que se encuentra en una cárcel y también siento una inconformidad muy grande por ese caso, de ver que mi papá lleva 18 años preso sin garantías judiciales y hoy todas las garantías son para los terroristas de las FARC. Yo creo que todos tenemos motivos para marchar y el Gobierno en cabeza del presidente Santos tiene muchos motivos para sentirse preocupado, porque es un Gobierno ilegítimo que no tiene el más mínimo respaldo popular y estamos en un escenario bastante delicado que no sabemos a donde nos va a llevar”.

Finalmente, la marcha logró un lleno total y dejó como principal mensaje la solicitud al presidente Santos de renunciar a su puesto debido a su gestión y los hechos de corrupción que se presentaron en sus dos campañas presidenciales.

Julián Villabona Galarza Julián Villabona Galarza

Julián es Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Award en U.S Politics and International Relations de Georgetown University, Washington D.C. Síguelo en @julianvillabona

Venezuela: el Show de Luisa y Nicolás. Dirigido al Consejo Permanente de la OEA (y periodistas ingenuos)

By: Staff de PanAm Post - Abr 1, 2017, 4:25 pm
el Show de Luisa y Nicolás

Para nadie es un secreto que en Venezuela los poderes públicos quedaron subrogados al poder Ejecutivo desde la reforma constitucional chavista de 1999. Todas las actuaciones de los tribunales venezolanos desde ese año han seguido las instrucciones de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. Durante años, el mundo fue testigo de la parcialidad y el fraude abierto perpetrado por el poder electoral venezolano. En casos penales, Chávez daba órdenes de arresto desde cadenas televisadas que era prontamente ejecutadas por jueces a su servicio y luego ratificadas por miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que llegaron al extremo de concluir actos públicos gritando a viva voz el lema “Patria, Socialismo o Muerte. Venceremos”. Lea más: No hay separación de poderes: TSJ acata orden de Maduro y revierte sentencias El brazo ejecutor de todos los desmanes judiciales del chavismo ha sido durante más de tres lustros la Fiscalía General de la República, encabezada, en la actualidad, por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Fue Luisa Ortega la que dirigió todos los juicios y encarcelamientos de todos y cada uno de los presos políticos venezolanos. Desde el excandidato presidencial Leopoldo López hasta el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, pasando por la jueza María de Lourdes Afiuni, encarcelada por dejar libre a un acusado al que no se le podía probar nada, pero a quien Chávez quería preso. Es con este telón de fondo que ahora nos presentan Luisa Ortega y Nicolás Maduro esta elaborada obra teatral que presencian los venezolanos apenas horas antes de una reunión crucial para la OEA. Veamos el guion de esta obra: El día 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano sentencia la anulación de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, y son asumidas por ese mismo tribunal. Las razones podríamos citarlas, pero para ahorrarle al lector páginas de verborrea con el clásico sintaxis soviético-cubano, remitimos al lector a la página del tribunal www.tsj.gob.ve. La sentencia tenía el propósito de liberar al gobierno de Maduro para contratar empréstitos en el exterior sin antes obtener la aprobación parlamentaria. Igualmente, el gobierno, presionado por la caída sostenida de la producción petrolera, producto de la destrucción administrativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tiene premura en permitir de nuevo que empresas extranjeras operen asociaciones con PDVSA, manteniendo los extranjeros la mayoría accionaria en esas asociaciones. Esto es algo que está expresamente prohibido por legislación aprobada por el entonces parlamento chavista hace casi una década. Este zarpazo al último vestigio de semblanza democrática en Venezuela fue ejecutado ante la desesperación de Maduro de encontrarse sin fondos a días de enfrentar grandes pagos por deuda externa. Esta situación se agravó además los últimos días por el congelamiento que le realizó Estados Unidos a cuentas controladas por el vicepresidente Tarek El-Aissami, acusado por EE.UU de ser cabecilla de una red de narcotráfico, de US $3.000 millones (cifra confirmada por el Secretario General de la OEA). googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   En su premura por conseguir dinero, y con la mediocridad que lo caracteriza, Maduro no consideró la reacción internacional al rompimiento definitivo del orden constitucional venezolano. Inicialmente su reacción fue la ya ensayada con La Habana desde hace años: bravuconadas e insultos hacia quienes señalaron el ataque a la institucionalidad democrática. Más adelante Maduro corrige el discurso, y siguiendo el ejemplo de una táctica muy utilizada por Hugo Chávez, intenta ponerse una piel de oveja. Así vemos a Maduro el 31 de marzo afirmar, sin desparpajo, que el poder judicial en Venezuela es independiente y que él no conocía la sentencia del TSJ antes que se promulgara. Para los venezolanos conocedores de la política local esta afirmación causaría hilaridad de no ser tan execrablemente falsa. Acto seguido, la quien hasta ahora ha sido un perro fiel del régimen, carcelera de todos los presos políticos venezolanos, la fiscal general Luisa Ortega, en un acto televisado por el principal canal del Estado y con la presencia de todos los fiscales del Ministerio Público, se pronuncia en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y la califica como un rompimiento del orden constitucional. El recinto, lleno de funcionarios que ostentan sus cargos por ser leales chavistas y firmes creyentes revolucionarios, aplauden al unísono, siguiendo su buen entrenamiento en La Habana. De inmediato, miembros de la leal oposición venezolana, felicitan a la fiscal por su valentía y se pronuncian con palabras elogiosas a la ahora erigida como defensora de la democracia. La Carcelera del principal líder opositor venezolano, Leopoldo López. Más tarde en la noche, Maduro por televisión, presidiendo un Consejo de Defensa de la Nación, anuncia que este consejo exhorta al Tribunal Supremo a “revisar” la sentencia que le atribuye facultades legislativas. El mensaje de esta obra, bien tramada, y con los primeros actores, Nicolás Maduro y Luisa Ortega, es para la OEA: señores de la OEA, en Venezuela está demostrado que hay separación de poderes. Vean Ustedes cómo la fiscal general de la República ha enfrentado al Tribunal Supremo. Vean cómo, actuando institucionalmente, el presidente Maduro, a instancias del Consejo Nacional de Defensa, respetuosamente exhorta al tribunal a reconsiderar. Lea más: Presión internacional forzó a Maduro a dar marcha atrás al autogolpe de Estado La obra está tan bien diseñada que de inmediato CNN y la BBC sirven de publicistas gratuitamente, anunciando al mundo que Venezuela regresa a la institucionalidad democrática, debido a que la sentencia será revisada. Minutos después sale una sentencia revisada, con absurdas e incoherentes aclaratorias por parte del presidente del Tribunal, pero aún dejando en pie el Estado de Excepción y la subrogación al Tribunal Supremo de la autoridad legislativa en materia de asociaciones petroleras. El lunes 3 de abril en la sede de la OEA en Washington veremos a los actores que aún no aparecen en la trama: los embajadores de Nicaragua, Bolivia y Ecuador (y quizás Colombia), pronunciándose simplemente por una corrección de la sentencia en lugar de asegurarse que en Venezuela ocurran elecciones. El show habrá terminado y Maduro quizás gane el premio que busca: ganar tiempo, siempre ganar tiempo.

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