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El congreso guatemalteco evalúa incluir formalmente la justicia indígena para que sea reconocida en la Constitución.
Este miércoles 15 de febrero se discutirá la nueva propuesta para reconocer en la Constitución la justicia indígena, como parte de una amplia reforma al sistema judicial guatemalteco.
«Guatemala tiene que ser un país en el que quepan todos sus habitantes», manifestó Iván Velásquez, quién lidera la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de la ONU que colabora con las investigaciones de la fiscalía.
Para que se pueda aprobar, se necesitará el aval de al menos 105 de 158 legisladores, y una vez aprobado, se necesita una consulta popular que avale la decisión.
La justicia indígena a diferencia de la tradicional, no necesita abogados, traductores o pagos y en las comunidades mayas los tribunales indígenas son una alternativa más rápida para quienes buscan justicia a sus problemas cotidianos.
Las sentencias o castigos pueden incluir resarcimiento, trabajo comunitario, destierro o azotes.
«Los golpes son como castigo, no violando los derechos humanos, es cómo educar a los hijos», dijo Tomás Guarcas, alcalde de Pixabaj, una aldea a ocho kilómetros de Sololá que defiende la práctica de los azotes.
La justicia indígena ya ha resuelto anteriormente casos en Guatemala; de hecho, en Sololá, el «juzgado» indígena resolvió 3.000 casos en 2016.
De acuerdo a un estudio del organismo judicial de Guatemala, al menos el 95 % de las causas que conocen las autoridades indígenas tienen que ver con delimitación de tierras, violencia familiar y pensión alimenticia. Y se estima que las mujeres son quienes más acuden a ese sistema.
Por otra parte, es importantes destacar que el 42 % de los 17 millones de habitantes en Guatemala se identifica como indígena, y actualmente hay un creciente respeto por sus formas tradicionales para resolver sus conflictos.
Sin embargo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), no está de acuerdo y ha pedido al Congreso no aprobar las reformas al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sobre el reconocimiento de la justicia indígena.
«Hay que tener cuidado, que esto no se planteé como un tema ladino contra indígena… si se hacen cambios a la constitución no deben permitir ambigüedad, tiene que dar certeza jurídica y evitar la división de los guatemaltecos«, expresó el presidente del Cacif, José González Campo.
Fuentes: El Nuevo Herald; Emisoras Unidas;
