Crece rechazo internacional por violación de derechos humanos en Nicaragua

Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y conferencias episcopales condenaron la violencia y pidieron "esclarecer" rápidamente las circunstancias de la muerte de más de 300 personas.

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“Exhortamos al Estado a que se abstenga dehacer declaraciones públicas que estigmaticen a actores que defienden los derechos humanos”. (Youtube)

Cuando estaba empezando la crisis sociopolítica en Nicaragua, gobiernos de varios países se manifestaron en contra de la violencia ejercida por el régimen de Daniel Ortega y condenaron lo que ocurría; pero a medida que empeora la situación países de todo el mundo alzan su voz en un intento por que cese la represión.

Estados Unidos, por ejemplo, ha sido uno de los países más críticos con respecto a la violación de los derechos humanos que se vive en el país centroamericano.

La administración de Donald Trump no solo ha conseguido que Nicaragua se convierta en un tema regional en sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sino que además ha optado por sancionar a funcionarios de Ortega que han estado ligados a estas acciones violentas.

Otros países, como México, Perú, Costa Rica, Canada, Colombia y Brasil, también se han pronunciado, pero el rechazo internacional ha aumentado tras los últimos episodios de violencia en que turbas de oficialistas perpetraron ataques en contra de periodistas y obispos.

Gobiernos, organizaciones y conferencias episcopales de distintas partes del mundo alzaron su voz y exigieron al Estado “garantizar la seguridad” de sus ciudadanos.

Embajadores de la UE condenan ataque a obispos

Alemania y otros embajadores de la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación por las agresiones sufridas por los religiosos y pidieron “esclarecer rápida y de forma extensa” las circunstancias de la muerte de las más de 300 personas que han sido registradas.

El Ministerio de Exteriores germano señaló que tanto su país como el resto de los países miembros de la UE abogan por una solución política de la crisis, así como por la investigación y esclarecimiento de los actos de violencia.

En concordancia con las declaraciones de Alemania, su embajadora en Nicaragua, Ute König, junto a los embajadores Sergio Martes (Italia), Philippe Létrilliart (Francia), Rafael Garranzo Garcia (España), y los encargados de negocios de Luxemburgo, André Biever, y de la UE, Maider Makua García, se reunieron con el representante del papa en la sede de la Nunciatura Apostólica y con los obispos, para manifestar “su preocupación por las agresiones sufridas y su apoyo a su labor como mediadores”.

Conferencias episcopales de la región también se pronuncian

Religiosos de México, Costa Rica y Panamá se solidarizaron con sus homólogos atacados e hicieron un llamado a la comunidad internacional para que colaboren en la solución de este conflicto.

“Campaña de estigmatización” contra la Iglesia católica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la organización Human Rights Watch (HRW) se han sumado a la condena de los recientes sucesos violentos.

José Vivanco, director para las Américas de HRW, aseguró que “Las autoridades de Nicaragua no están tomando medidas para evitar que continúen las violaciones a los derechos fundamentales y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos”.

Vivanco recordó que el régimen de Ortega tiene la obligación de tomar medidas que prevengan y sancionen a los violadores de derechos humanos.

Por su parte, la CIDH reiteró que condenan “los graves hechos de violencia ocurridos”, no solo contra los obispos, sino también contra las 20 personas fallecidas durante el pasado fin de semana.

La CIDH y la OACNUDH alertaron sobre una “campaña de estigmatización” por parte del régimen de Ortega contra la Iglesia católica por proteger a la población civil y por su “fundamental rol” como mediadora en el diálogo.

“Exhortamos al Estado a que se abstenga dehacer declaraciones públicas que estigmaticen a actores que defienden los derechos humanos y que integran el proceso de diálogo”, indicaron ambas organizacionesmediante un comunicado conjunto.

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