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Casi por unanimidad y con un solo voto en contra, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley que dicta la obligatoriedad de que en cada acto, publicación o material oficial cuando se haga referencia a la última dictadura militar haya que hacer mención a los 30.000 desaparecidos.
La ley, que va directo al punto, solo cuenta con un solo artículo de contenido, y fue impulsada por un legislador peronista, y en ella se afirma lo siguiente:
«Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983″.
La oscurantista iniciativa parlamentaria de Darío Díaz Pérez advierte en sus fundamentos que lo que busca es impedir el negacionismo que ocurre en Europa con grupos de ultraderecha y sus visiones con relación al Holocausto nacional socialista de Adolfo Hitler contra el pueblo judío.
Lo cierto es que el único vínculo entre el negacionismo europeo y la historia reciente argentina es que la actitud de estos diputados defienden un pasado de espalda a la verdad documentada.
Inclusive el gobierno kirchnerista en sus estudios oficiales advirtió la existencia de 6447 casos de desapariciones forzadas. El número de 30.000, como ya lo reconoció el exguerrillero Luis Labraña, fue una estrategia utilizada en Europa para llamar la atención sobre lo que pasaba en el país y recibir apoyos financieros.
Si bien es comprensible la actitud tomada en esos momentos en relación a la cifra, obligar a repetirla hoy mediante el Estado es una aberración digna de George Orwell y su novela 1984.
No voy a volver sobre toda la cuestión de los setenta, ya que hace sólo unas semanas me referí al asunto en un artículo para este medio.
Pero para resumir, el Terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo de 1976 con el gobierno militar, no existieron 30.000 desaparecidos, y los que manifestamos estas cuestiones no necesariamente somos defensores de la última dictadura, ni de su cobarde accionar. Graciela Fernández Meijide sufrió en carne propia la desaparición de un hijo y formó parte del primer estudio en democracia sobre los hechos ocurridos entre 1976 y 1983. Ella jamás fue cómplice de la mentira de la izquierda, que parece con esta votación, que ya es de todos los partidos políticos.
Victoria Villarruel, del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, en diálogo exclusivo con el PanAm Post destacó que el dolor por los desaparecidos queda inflado, y, por lo tanto, banalizado con esta ley.
«La gobernadora Vidal sin vetar la ley terminó de consagrar la mentira institucionalizando desde el Estado los denominados 30 mil desaparecidos. Ahora millones de bonaerenses padecerán ser rehenes de la cobardía de un gobierno que no puede enfrentar a quienes nos quieren imponer una falacia nunca demostrada», advirtió.
Para Villarruel, de seguir así, «pronto no podremos discutir absolutamente nada sobre los setentas porque se restringirán derechos y se nos dirá que que es lo que se puede decir y que no».
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