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La estrategia de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner para la contienda electoral por el senado en la Provincia de Buenos Aires es clara: recalcar una y otra vez el daño que le generó a la gente el «ajuste» de Mauricio Macri que ella propone limitar desde el parlamento.
Si el kirchnerismo no tenía ninguna responsabilidad administrando, por lo que dejó un enorme déficit fiscal, inflación, emisión monetaria desbordada y control de cambios, es lógico que se muestre menos responsable como oposición, al no tener responsabilidades de gestión y donde se puede no hacer más que protestar.
Si algo le salió bien al gobierno anterior fue llegar con el último aliento a diciembre de 2015 sin que les explotara el modelo. Para lograr esto se pagaron precios altos: permitirle a China construir bases en el sur del país, endeudarse con Venezuela a tasas delirantes, destruir la moneda nacional por imprimir los billetes necesarios llegar a fin de mes y apalear al sector productivo con impuestos agobiantes.
Cuando Macri asumió el poder la situación era insostenible. Si bien se logró rápidamente solucionar el tema de los holdouts (tenedores de bonos fuera del canje de deuda) y salir del cepo cambiario sin mayores inconvenientes, la reducción de subsidios en las tarifas y transporte fue lo más doloroso para los argentinos de menores ingresos.
El ajuste, que hoy denuncia la oposición, era impostergable. Tanto el Estado y el sector privado debían pagar la fiesta populista de la última década. Por el lado gubernamental se heredaron ministerios sobrepoblados, secretarías inútiles, empresas estatales deficitarias e ineficientes y multimillonarios subsidios, en muchos casos políticos. La sociedad civil también supo que debía ajustarse el cinturón sobre todo con los servicios públicos como el gas, la luz, el agua y el transporte, que habían sido congelados y subsidiados con la salida de la convertibilidad.
Si bien la gente tenía claro que no podía seguir pagando monedas por los servicios públicos, el shock de ver multiplicada la facturación en poco tiempo no fue fácil. De a poco se fueron «normalizando» los costos del transporte y de los servicios básicos que los argentinos utilizan en sus casas, pero el grave incremento en las tarifas se sintió mucho en la población. Muchos locales comerciales como bares y restaurantes tuvieron que bajar la persiana y cerrar sus puertas por no poder afrontar los costos. La economía, que hasta ahora no despega, tampoco encuentra respuestas para estas complicaciones. Los costos laborales siguen siendo altísimos y los impuestos y regulaciones distorsivas no permiten generar activación palpable.
Uno puede comprender que la sociedad tuvo que hacerse cargo de los costos de la demagogia populista, pero lo que realmente molesta es que el «ajuste» no se ve con la misma intensidad en el sector público.
Un artículo reciente de Ámbito Financiero resalta que la estructura del Estado no sólo no se redujo en los últimos años, sino que se incrementó: el empleo público abarca a casi cuatro millones de personas.
«Los números asustan. El Gobierno nacional cuenta con 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías de Estado y 687 direcciones nacionales y generales, además de tener 122 institutos y organismos (sin contar universidades ni academias). En total las unidades administrativas ascienden a 1.124», destaca la nota.
Si bien se logró reducir el déficit de Areolíneas Argentinas (debería ser eliminada o privatizada en el marco de una política de «cielos abiertos») y el presidente, en cada reunión de gabinete, destaca la necesidad a sus ministros de reducir gastos, novedades como la «Secretaría de Bicicletas» no hacen más que generar la indignación de la sociedad.
A partir de este campeonato de fútbol la gente deberá comenzar a pagar las transmisiones de los partidos (el kirchnerismo las había estatizado con el «Fútbol para Todos») y se sumará un nuevo gasto cotidiano para la gente que sufre una economía llena de dificultades. Y está bien que se haya terminado con este subsidio arbitrario y delirante, pero si el gobierno no hace los deberes y ajusta sus propios gastos, el populismo opositor tendrá argumentos para pegar ante un electorado dispuesto a comprar soluciones fáciles.
Si la burocracia actual considera que no están dadas las condiciones políticas para ajustar el sector público tiene que ser consciente que el electorado puede ser seducido por las soluciones mágicas. Una verdadera reforma del Estado con reducción del gasto público, y por lo tanto de presión impositiva, es la única solución para liberar y reactivar un sector privado, que hasta el momento, no tiene respiro.
Más allá de la necesidad imperiosa de que la política haga los mismos esfuerzos que la sociedad que la mantiene, de seguir postergando su ajuste (mientras se lo impone al resto de los mortales) el descontento crecerá y con él las posibilidades electorales del populismo.
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