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Con la nueva visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la Cámara de diputados para responder las preguntas de todos los bloques legislativos en relación a las políticas de Gobierno, la cuestión de las cuentas y sociedades offshore volvió al debate de la mano del kirchnerismo.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue el blanco de los legisladores opositores que centraron sus ataques sobre estas cuestiones, para darle más relevancia a los asuntos de interés político.
«Veo que se han coordinado para hablar de dos temas, los ejes mentira y verdad, y ética y corrupción», manifestó Peña, que salió en defensa de Caputo. Para la mano derecha de Macri, que hoy hizo su presentación número 15 en el Parlamento, convirtiéndose en el jefe de Gabinete que más presencias tuvo, desde el kirchnerismo se busca imponer la idea que una cuenta offshore es un delito, lo que es falso.
Delito, no. ¿Doble discurso?
Es importante la aclaración de Peña sobre la legalidad de tener dinero en el exterior, ya que según la Constitución Nacional, uno, en teoría, debería disponer a su antojo de su propiedad. También es comprensible que muchos funcionarios actuales, como también empresarios y demás personas hayan elegido sacar el dinero de Argentina. La presión fiscal del kirchnerismo era un infierno y el historial de confiscaciones del país invita más a la supervivencia que al patriotismo.
Sin embargo, los funcionarios de Cambiemos hace más de dos años que están al frente del Gobierno argentino y hoy son los principales candidatos para reelegir mandatos, quedándose (si no hay sobresaltos) seis años más en el poder.
¿Qué se puede esperar de un Gobierno que va por el mundo pidiendo inversión de capitales a empresarios extranjeros, cuando los mismos funcionarios deciden dejar su dinero en el exterior?
Es necesario dejar en claro para el debate que las offshore no pueden ser consideradas delito, pero los más altos funcionarios macristas deben asumir las consecuencias del doble discurso. Nadie les pide que traigan forzados sus capitales, pero sí deberían crear con urgencia el marco adecuado y los mejores incentivos para que los argentinos decidan confiar en el país. Si se avanza en esta dirección, los capitales extranjeros vendrán en mayor volumen de lo que hacen en la actualidad, en las famosas giras «para atraer inversiones».
El viejo debate de mantener a o no a los obispos de la Iglesia católica
Entre las preguntas que recibió Peña, una tuvo particular repercusión, por la respuesta concreta y puntual, pero también por el momento que atraviesa el país, en la búsqueda de reducir el déficit y el gasto público. Ante la consulta número 25 sobre «cuánto corresponde (del presupuesto nacional) a las remuneraciones de los funcionarios eclesiásticos», jefatura de gabinete informó que el monto es de $130 millones de pesos por año (aproximadamente USD $20 millones).
No sería de extrañar, por el debate que generó este punto, como por su impacto en los medios, que finalmente se abra el debate sobre si corresponde o no al Estado argentino continuar pagando los sueldos de los obispos de la Iglesia católica.
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