¿Senado argentino podrá descartar o corregir el proyecto sobre el aborto?

Más allá de lo que piense cada uno, el dictamen aprobado en diputados tiene graves contradicciones. Un profesional puede negarse a realizar un aborto, pero el propietario de una clínica o un hospital parece que no.

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Ahora, los senadores pueden corregir todo lo que pasasaron por alto en diputados, como la “objeción de conciencia” de las instituciones. (Twitter)

A días de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que despenaliza la práctica del aborto en Argentina, van apareciendo cuestiones importantes que casi no han sido debatidas a profundidad. Durante la maratónica sesión de 23 horas, donde el “sí” se impuso por cuatro votos, lamentablemente muchos diputados brindaron argumentos repetidos, ya que trajeron discursos hechos y se retiraban luego de exponer. De esta manera, muchas cuestiones importantes quedaron sin claridad ante la opinión pública hasta hace algunas horas. Por ejemplo, la incoherencia de que un médico pueda negarse (como corresponde) a practicar abortos, pero que una clínica sí sea forzada a prestar el “servicio”.

¿Contradicciones casuales?

Uno de los argumentos presentados por los legisladores que votaron por el “sí” es que si un médico no está dispuesto a realizar el procedimiento no deberá realizarlo. Dado lo parejo de la votación y lo ajustado del resultado, es evidente que no había más espacio para un proyecto más extremista que el que ya tiene media sanción.

Según el texto que pasó al Senado, el doctor que no quiera realizar abortos deberá registrarse en un listado de objetores de conciencia. Los médicos allí registrados podrán rehusarse a llevar a cabo la intervención, pero se deberá encontrar un reemplazo para realizar el aborto.

Más allá de lo cuestionable de la lista, un aspecto muy serio que no formó parte del debate (si se le puede llamar debate) en diputados fue que las clínicas privadas no pueden tener “objeción de conciencia”. Algunos de sus médicos sí. Pero el Estado, de aprobarse esta normativa, los obligaría a contratar médicos que sí estén dispuestos a realizar abortos.

Ya varias clínicas privadas como San Juan de Dios, San Camilo, Santa Isabel, Del Sol, Bazterrica, Austral, Mater Dei, Fleni, el Hospital Privado Universitario de Córdoba y el Instituto Médico Simes de Posadas dijeron que no acatarán la ley en cuestión.

El Simes emitió un duro comunicado que anticipa un nuevo debate que seguramente formará parte de la discusión en el senado:

“¿Quieren que rompamos nuestro juramento hipocrático? ¿Quieren que deshonremos a nuestro padre? ¿Que internemos al lado de una madre que está en riesgo de perder su hijo, angustiada, a otra que quiere perder al suyo voluntariamente?”

Más allá de la opinión que cada legislador puede tener al respecto, es absolutamente contradictorio que no se le otorgue a los propietarios de una clínica el derecho que sí tendrá cada especialista. De aprobarse la normativa, tal como salió de diputados, estamos ante una nueva incoherencia en materia de intervención gubernamental. Un nuevo y grave atropello a las libertades más básicas.

Mas allá de la opinión y el resultado, tengamos un debate serio

Si los senadores que están dispuestos a no frenar lo que ya salió de diputados antes de que sea ley, que por lo menos sean responsables y realicen un trabajo eficiente. Quizá no logren obtener la mayoría negativa requerida para descartar el proyecto, pero sí pueden aprovechar el debate para poner en evidencia estas cuestiones que son un escándalo total. En lugar de repetir discursos ante las cámaras, los legisladores de la Cámara Alta deberán trabajar en conjunto, más allá de las diferencias, y poner estas cuestiones sobre la mesa. Esto debería servir para que el proyecto sea devuelto a diputados para sus que allí se realicen las correcciones más indispensables.

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