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Argentina tiene muchas tradiciones. El asado, el buen malbec, la voz de Carlos Gardel, una pasión futbolera incomparable en el mundo, el dulce de leche…y las leyes de alquileres. De la misma manera que un bife de chorizo y un vino de Mendoza es calidad garantizada, las regulaciones sobre los contratos de alquileres también tienen un resultado predecible: el fracaso total.
Lamentablemente, los legisladores argentinos tienen dos vicios característicos que llevan al país a golpearse con la misma piedra una y otra vez desde hace décadas: no comprenden las mínimas nociones básicas de la economía y legislan de espalda a la experiencia. Si al menos, aunque no supieran como funciona la ley de la oferta y la demanda, consultaran con la historia reciente, podrían llegar a alguna conclusión medianamente lógica…pero no. Ignoran la ciencia y desprecian los antecedentes. Con este escenario, es ilógico esperar otro resultado que no sea un nuevo fracaso.
El proyecto, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores, aumenta a un mínimo de tres años el vínculo contractual, obliga al propietario a tomar las garantías que el Estado considera como válidas y fija el precio según un cálculo arbitrario que promedia la inflación y los incrementos salariales. Todo en nombre del inquilino, que de aprobarse en diputados, en el mediano plazo tendrá todavía menos opciones para poder alquilar.
Armando Pepe, Presidente del Consejo de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, ya advierte sobre los riesgos de aprobarse la ley: «muchas propiedades se van a retirar del mercado para ponerse a la venta», resaltó.
Para el especialista, la indexación cada seis meses sobre un ajuste de promedios de salarios y costo de vida, arroja una incertidumbre total sobre el precio del alquiler a partir del séptimo mes luego de firmar un contrato. «Será un salto al vacío. Un propietario alquila su inmueble y no sabe cuanto va a terminar cobrando en un país donde los índices inflacionarios son siempre complicados», manifestó.
Aunque no tengan relación directa con el mercado inmobiliario, los responsables que «secan» la plaza y obstaculizan el rápido acceso al alquiler son la justicia y los desajustes generados por el déficit fiscal. En Argentina un desalojo por falta de pago puede demorar un año. En caso que el inquilino tenga una familia y no cuente con un empleo, la situación puede ser aún más compleja. En nombre de la «justicia social» se impiden los desalojos y se genera la problemática alrededor de la garantía. Aunque suene contradictorio, si un desalojo se pudiera realizar con facilidad, los primeros beneficiados serían los inquilinos, que ya no deberían contar con la garantía, que en muchas ocasiones es un impedimento de entrada al alquiler.
El Estado que gasta lo que no tiene y devalúa constantemente la moneda mediante la inflación es el otro gran responsable. Al no haber estabilidad monetaria, no hay previsibilidad en los contratos. Los impedimentos para contratar en moneda extranjera terminan de generar la encerrona que se pretende solucionar con propuestas contraproducentes. Mientras que la moneda local sea inestable, un contrato en otro valor podría dar algo de certidumbre al propietario, que no debe ser percibido como un enemigo. Todas estas arbitrarias normativas que se ponen entre el ofertante y el demandante no hacen otra cosa que perjudicar el vínculo.
En lugar de legislar sobre precios y contratos, el Estado argentino se debería limitar a ofrecer estabilidad e incrementar la libertad de contratos. La única intervención gubernamental, debería tener lugar ante el fraude y el incumplimiento de los acuerdos libremente pautados.
