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Durante los años del kirchnerismo, desde el Poder Ejecutivo se impulsó y desarrolló una enorme cantidad de entidades gubernamentales, supuestamente independientes del poder político. Con cartas orgánicas y reglamentos que hablaban de teórica independencia de la política proliferaron y crecieron organismos que tenían una finalidad clara: servir de «bolsa de trabajo» para la militancia oficialista y generación de apoyo político, cada vez que la circunstancia lo requería.
Aunque oficialmente desde el Gobierno se insistía en la neutralidad de estas organizaciones en cuestiones partidarias, uno ingresaba en las diversas oficinas y respiraba kirchnerismo explícito. Durante la extensión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, todo el mundo fue consciente de que estas dependencias eran apéndices de las autoridades políticas, pero la sociedad civil, más preocupada por otras cuestiones, toleró estas situaciones como un vicio más de la política argentina.
Mientras tanto, la mentira se mantenía impúdica: las organizaciones, manejadas en su totalidad por kirchneristas, juraban independencia y el Gobierno aseguraba que, salvo por el hecho de financiarlas, no tenían absolutamente nada que ver con su funcionamiento. El nivel de credibilidad de esta situación era semejante a la independencia del Banco Central, que funcionó como impresora de billetes del Poder Ejecutivo o del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que informaba una inflación imaginaria.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) si bien data de 1995, se potenció absolutamente durante los años del kirchnerismo. Al igual que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que data del mismo año, estas organizaciones pasaron de pequeñas dependencias a importantes organismos que servían a los intereses del Gobierno anterior (además de darle «trabajo» a cientos de sus partidarios).
Hoy en la oposición, el diputado cristinista Leopoldo Moreau, que atraviesa algunos inconvenientes con la justicia, decidió reconocer que todo lo que dijeron estos años con respecto a estas organizaciones fue mentira. El periodista K Gustavo Silvestre hizo exactamente lo mismo.
Resulta que Moreau fue procesado tras una denuncia del diputado de Cambiemos Waldo Wolff. El legislador kirchnerista manifestó que su par macrista pertenecía al Mossad, sin pruebas y solamente por su condición de judío. En aquella oportunidad, Wolff conversó con PanAm Post y aseguró que el referente K «utilizó los mismos argumentos que usaron los más totalitarismos» al adjetivarlo por sus diferencias como un «representante de intereses extranjeros».
Esta semana, el juez de la causa le solició al INADI que se expida sobre si existió o no algún caso de discriminación. El diputado y el periodista K se indignaron: «¿Qué hace el juez? le pide opinión al INADI, que es un organismo del Estado y del mismo sector político que está enrolado Wolff. Le pide opinión de los dichos de un diputado de la oposición», dijo Moreau en una entrevista con Silvestre. El periodista no hizo otra cosa que reconocer el reclamo del diputado y manifestó, «claro, claro».
Si hay algo más indignante que lo que denuncian Moreau y Silvestre, es que los partidarios del kirchnerismo se quejen de lo que hicieron durante 12 años, ahora porque lo sufren y no lo manejan. Si consideran que es imposible la independencia de estas organizaciones del poder político, deberían proponer erradicarlas. El desastre del déficit fiscal argentino brinda el marco ideal para liquidar a todas estas dependencias.
Pero la crítica no cabe exclusivamente para la hipocresía kirchnerista. Cambiemos, si quiere marcar diferencias reales con el Gobierno anterior, debería haber cerrado estas organizaciones desde el primer día. Lamentablemente, como en tantas otras áreas, hoy hacen uso de las herramientas que les dejó el kirchnerismo. Los contribuyentes argentinos siguen pagando lo peor de la política.
