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Esta tarde, la Cámara Federal expidió en uno de los fallos que más expectante tenía a la clase política, pero también al mundo empresarial. Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y Roberto Barata quedaron procesados como líderes de una «asociación ilícita». La confirmación de la Cámara también complicó a quien fuera titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner.
El procesamiento incluye el pedido de «prisión preventiva» para los exfuncionarios y crece la presión para un desafuero. La expresidente es, en la actualidad, senadora por la Provincia de Buenos Aires y los fueros son lo único que la mantienen fuera del calabozo. Su hombre fuerte de Planificación Federal, de Vido, ya se encuentra en prisión.
Para la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los empresarios imputados no formaron parte de la organización en sí, aunque hayan pagado coimas a los funcionarios kirchneristas. De esta manera, Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Juan Chediack, Aldo Roggio, Luis Betnaza y Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) alivian su situación judicial.
Esta causa, que complica tanto a exfuncionarios como a empresarios de la construcción, se desató con lo que se conoció como el «escándalo de los cuadernos». Oscar Centeno, chófer del ministerio de Julio de Vido, fue el encargado de manejar el auto que repartía las coimas. Según sus anotaciones, que trascendieron luego de la denuncia de su exmujer, los pagos ilegales llegaron hasta el mismo departamento de los Kirchner en Barrio Norte.
«Ley del arrepentido»: vigente
Varios de los acusados plantearon un recurso argumentando una supuesta inconstitucionalidad de la «ley del arrepentido», que permitió que esta causa avance hasta los altos mandos kirchneristas. Pero la Cámara rechazó la solicitud argumentando que la ley «no viola la igualdad ante la ley», sino que da un «beneficio a un imputado que colabora». El fallo también hizo énfasis en el carácter voluntario de la norma.
Apareció Duhalde: pidió indulto para los empresarios
El expresidente Eduardo Duhalde, que estuvo al frente de la transición en 2002, le solicitó al presidente Macri que considere un indulto para los empresarios imputados en la causa. Según el dirigente peronista, que apunta a una renovación del justicialismo sin Cristina Kirchner, los pagos ilegales fueron producto de la presión que recibieron del Gobierno anterior para seguir trabajando.
