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Anoche volvieron los cacerolazos a la Argentina. Aquella manifestación ciudadana, tan clásica de la clase media, volvió a hacer ruido en todo el país, pero sobre todo en Buenos Aires.
La noticia del día había sido que la Corte Suprema le solicitó al Tribunal Oral Federal 2 el expediente del juicio de “Vialidad” (obra pública) contra Cristina Fernández de Kirchner y explotaron las suspicacias. Hasta el mismo presidente Mauricio Macri salió a marcar la cancha reclamando el fin de la “impunidad” en Argentina. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue más lejos e hizo referencia directa a la máxima autoridad judicial del país. Desde sus redes sociales indicó que detrás de la solicitud del expediente hay un intento de dilatar un juicio inminente contra la expresidente. Incluso se animó señalar al responsable de la supuesta operación político-judicial: Alberto Fernández.
Durante la noche los programas periodísticos decidieron tomar la línea del Poder Ejecutivo y poner en el debate las dudas sobre una supuesta especulación política relacionada con las posibilidades de que Kirchner vuelva a la presidencia a fin de año. Con la agenda en contra, esta mañana la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado indicando que el juicio no se postergará.
¿Se adelantó el Gobierno viendo una mala intención donde no la había? ¿Fue todo un mal entendido o cambiaron de rumbo ante la presión de la opinión pública? Estos misterios ya son secundarios. Lo concreto es que el inicio del proceso se confirmó para el 21 de mayo, como estaba pautado inicialmente.
“Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno”, indicó la inusual comunicación al público por parte de la Corte Suprema.
En el texto que recibieron los medios esta mañana, los jueces de la Corte aseguraron que no buscan dilatar el proceso judicial, sino que desean que el juicio sea lo más prolijo posible para evitar “nulidades” jurídicas que terminen generando “desconfianza en la sociedad”.
“De este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad», señalaron los jueces.
Finalmente, el expediente ya se encuentra en poder de la Corte Suprema. Este consta de 50 cuerpos, donde aparecen 13 imputados. Entre ellos, la expresidente Kirchner y su exministro de Planificación Federal, Julio De Vido (ya en prisión). La causa tiene 50 testigos y analiza 52 obras sospechosas adjudicadas a Austral Construcciones de Lázaro Báez, presunto testaferro del fallecido Néstor Kirchner.
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