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A pocos días de haber confirmado su candidatura a vicepresidente, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar su primer juicio oral: la causa «Vialidad», que investiga la supuesta cartelización y malversación de fondos públicos para obras en la provincia de Santa Cruz.
El juicio oral comenzó en tiempo y forma, luego de una polémica entre el gobierno de Mauricio Macri y la Corte Suprema de Justicia. La última semana, el máximo tribunal había solicitado el expediente en cuestión al Tribunal Oral Federal 2 y desde el oficialismo salieron con los botines de punta. Consideraron que se trató de una jugada política para dilatar el inicio del proceso judicial. Luego de varios cacerolazos y manifestaciones, la Corte emitió un comunicado asegurando que había solicitado el expediente por cuestiones técnicas y que no se demoraría el inicio del juicio, que estaba agendado para hoy.
La acusación
Esta causa investiga la posibilidad de que la exmandataria y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, hayan hecho del empresario Lázaro Báez el destinatario y beneficiario de una supuesta cartelización en la obra pública. Según el trámite judicial, Cristina está acusada de desviar fondos públicos hacia la empresa de Báez «a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad». Según la investigación, el matrimonio presidencial seleccionó a la provincia de Santa Cruz «como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción».
El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Lázaro Báez, ambos ya en prisión y procesados también en esta causa, acompañaron a la expresidente esta tarde en la primera jornada del juicio oral.
«La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos», manifestó hoy la fiscalía.
Para el fiscal de la causa, Báez era un «amigo y socio presidencial» que fue «inventado» por los Kirchner para que se desarrolle en en las obras viales. En el juicio se analizará la posibilidad de que haya existido «un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado».
Luego de la lectura de las acusaciones y los alegatos de la fiscalía se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Todo parece indicar que el proceso irá avanzando en coincidencia con la campaña electoral, donde Kirchner planea volver a la Casa Rosada, de la mano de su exjefe de Gabinete, Alberto Fernández.
