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El esquema de jubilaciones monopolizado por el Estado en Argentina es un desastre. Esto no es nuevo y tiene antecedentes de larga data. El mismo Juan Domingo Perón llegó a reconocer el saqueo que sufrían los viejos a manos del gobierno, cada vez que el Estado se quedaba sin plata.
En los noventa se probó con un sistema mixto que mantuvo todos los vicios del esquema oficial. Este modelo de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) le permitió a unos bancos ofrecer cajas de capitalización «privadas», siempre y cuando estos compren bonos públicos y financien el déficit eterno de la burocracia argentina. No pasó mucho tiempo para que la banca «privada» percibiera que no había negocio por hacer, por lo que abandonaron sin más (sin siquiera protestar) a sus clientes cuando llegó la estatización kirchnerista.
A 12 años del actual esquema gubernamental, y a un mes del retorno del peronismo al Poder Ejecutivo, ya no quedan dudas. En Argentina el sistema de jubilación es abiertamente socialista. Por lo tanto, es un desastre.
En medio del ajuste reconocido por el presidente Alberto Fernández, como siempre, los fondos de pensión son carne de cañón a la hora de reordenar las cuentas. En este momento de la historia, la urgencia es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la cuenta la pagan los jubilados.
Con una impunidad total y absoluta el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, manifestó que en el país «no puede haber jubilados con sueldos de 300 mil pesos» (3750 dólares aproximadamente), como tampoco jubilados con 14 mil pesos (175 dólares aproximadamente). El funcionario, amparándose en el argumento de que la mayoría de los jubilados están más cerca de la mínima que de los altos ingresos, reconoció que las actualizaciones (no se puede decir «aumentos» considerando la altísima inflación) beneficiarán exclusivamente a un sector.
Para Cafiero esto continuará hasta que «la situación fiscal» lo demande. Mientras haya rojo en las cuentas públicas, ya no habrán cálculos objetivos para determinar los haberes jubilatorios. Lo que primará a partir de este momento es el principio de «equidad entre los que más y menos ganan».
Más allá de lo que el funcionario diga sobre los jubilados que «no pueden haber», lo cierto es que se trata de personas que han aportado lo suficiente para percibir esos montos. El Estado no le está regalando nada. Es más, fueron aportes compulsivos y ahora, al momento del retiro, el mismo Estado que los tomó por la fuerza ahora los saquea abierta e impunemente.
Las señales del modelo redistributivo (que ya no toma solamente una porción para asistir al infortunio) son claras: si hay que aportar la mínima, no hay motivo para poner de más. Todo lo contrario. Los autónomos no pondrán un peso de más en el sistema y los empleados en relación de dependencia buscarán la manera en lo posible, junto a sus empleadores, de evitar el robo a mano armada.
De permanecer en este esquema redistributivo, abiertamente socialista, la torta a repartir será cada vez más pequeña. Lamentablemente, con estas medidas, Argentina no hace más que hundirse en un pozo cada vez más profundo.
