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¿Es Jorge Glas parte de la red de corrupción de Petroecuador? Pregunta que tiene una fisonomía repulsiva en un ambiente saturado por las denuncias de corrupción en medio de la campaña electoral. Sin embargo, es pertinente la interrogante cuando hoy se puede imputar al sistema judicial ecuatoriano una profunda crisis de credibilidad.
Existen serios cuestionamientos acerca de la independencia de magistrados y funcionarios del organismo encargado de administrar la justicia en el país andino. No obstante, este es apenas un síntoma de la compleja herencia que deja el correísmo en Ecuador: la destrucción sistemática de las instituciones políticas.
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Douglass C. North dice que:
“Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los códigos de conducta, como así también reglas formales como las constituciones, leyes, derechos de propiedad”.
Básicamente, son las reglas del juego formales e informales que codifican las relaciones entre los individuos y constituyen el sistema de incentivos bajo los cuales coordinan los diferentes agentes económicos. Una buena calidad de instituciones políticas y económica facilitan la coordinación y mejoran las condiciones para generar riqueza que es la única vía para afrontar la pobreza.
Tras el ascenso, en Latinoamérica, de gobiernos anexados al partido socialista transnacional “Foro de Sao Paulo”, se activó “el poder constituyente” con el objetivo de implementar un modelo diseñado para subordinar la institucionalidad de los países al proyecto político que dominó la década pasada en la región y que giró alrededor de la órbita castrochavista.
Los asesores de tamaña empresa fueron miembros de la extinta CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) de España a la cual pertenecieron los actuales dirigentes del partido español Podemos: Iñigo Errejón, Pablo Iglesias, Luis Alegre, entre otros.
En efecto, una de las primeras acciones en Ecuador fue la implementación de una nueva estructura jurídica, mediante una Asamblea Constituyente entre el 2007 y el 2008, con un claro destino, la concentración del poder para lograr consolidar sus objetivos políticos. Este nuevo marco institucional engendró un régimen de gobierno neopresidencialista. Lo cual facilitó, entre otras cosas, la implementación de un modelo de gasto público expansivo, favorecido por los precios de las materias primas.
Las secuelas: impacto fiscal (más impuestos), incremento de la deuda estatal, además de crear un ambiente propicio para la corrupción en el sector público, básicamente por la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte de los funcionarios a cargo de procesos de contrataciones en el Estado. Así muchos contratos millonarios fueron otorgados a través de normas especiales, por medio de decretos de urgencia o manipulando los controles del sistema de compras públicas. En las últimas semanas las acusaciones de corrupción que vinculan a funcionarios de alto rango se han tornado alarmantes.
Los organismos de control en manos de funcionarios cercanos al régimen retardaron u objetaron muchas de las denuncias sobre presunta corrupción presentados por medios o por políticos de oposición como Fernando Villavicencio o Cléver Jiménez perseguidos durante estos años por el régimen.
Todas las entidades estatales hoy responden de alguna manera a los intereses del partido de gobierno. Por ejemplo, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) usando la ley de comunicación ha provocado un aumento de la violencia institucional contra la libertad de prensa ha creado un ambiente hostil para difundir o investigar las denuncias de corrupción en los medios de comunicación. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que difunde el Índice de Percepción de la Corrupción presenta al Ecuador en la posición 120 de 176 países. La organización Reporteros sin Fronteras ubica al Ecuador en el Puesto 109 de 180 países en cuanto a libertad de prensa.
Otros indicadores como el Índice de libertad Económica de la Fundación Heritage ubica al país en la posición 159 de 178 países en cuanto a la libertad económica. El puesto 178 lo ocupa Corea del Norte. En resumen, en Ecuador las instituciones políticas y económicas han sido carcomidas por la voracidad del socialismo y tenemos un aparato estatal que hoy responde a los intereses del partido político del gobierno. La tarea del próximo presidente del Ecuador será promover cambios que permitan recuperar la institucionalidad.
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