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“El Tribunal Supremo crea ‘tormenta perfecta’ en Venezuela, José Vicente Haro

Por: Pedro García Otero - Jun 17, 2016, 3:38 pm
Haro indica que nada podrá impedir que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Allup, participe en el Consejo Permanente de la OEA el jueves 23 de junio. (Biendateao)
Según Haro, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, participará en el Consejo Permanente de la OEA el 23 de junio. (Biendateao)

José Vicente Haro, abogado constitucionalista venezolano, es una de las voces más críticas del proceso político que ha vivido el país en los últimos años. Haro se ha pronunciado acerca de la crisis venezolana no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el ámbito de los derechos humanos que defiende.

El profesor universitario conversó con el PanAm Post sobre los eventos de las próximas semanas en Venezuela y, en particular, sobre cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha ido cercenando las funciones del Parlamento hasta dejarlo inoperativo. Señala que en la Sala Constitucional ha habido mala fe contra la Asamblea Nacional. De esa mala fe surge la “tormenta perfecta” de crisis social con protesta política.

¿Cómo evalúa las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, especialmente la que establece que solo el Ejecutivo dirige las relaciones internacionales y la subsiguiente amenaza de enjuiciamiento por parte del presidente Nicolás Maduro al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, si declara la próxima semana ante el Consejo Permanente de la OEA?

Sobre estas sentencias recientes se pueden hacer varias precisiones, y sobre todo en relación con la que indica que las relaciones internacionales son competencia excluyente del Ejecutivo: La primera de ellas es que la Sala Constitucional, por decir lo menos, está haciendo una interpretación errada de la Constitución, porque la Constitución establece competencias expresas y precisas a la Asamblea Nacional en materia de política exterior.

La Asamblea Nacional tiene como una de sus comisiones permanentes, y eso históricamente ha sido así, la de Política Exterior, que se encarga de atender todos los asuntos en materia internacional que corresponden al Parlamento y también le corresponde elaborar cualquier ley en materia internacional y establecer el control político de las materias internacionales del Ejecutivo.

La Constitución también le otorga a la Asamblea Nacional la facultad del control de los tratados internacionales y contratos de interés público que suscriba el presidente de la República. No todos, pero la mayoría de ellos. Y allí tiene una competencia constitucional clara, como en el nombramiento y acreditación de embajadores venezolanos en el exterior.

Sus atribuciones son bastante amplias: sostener que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del presidente de la República no se corresponde con el texto de la Constitución.

¿Y qué opinión le merece la declaración de inconstitucionalidad de la Ley sobre la Crisis de Salud?

En la sentencia que anula esa ley se dice que los tratados internacionales son de competencia exclusiva del Ejecutivo,  que todo lo que es ayuda humanitaria con cualquier tipo de organismo internacional lo debe manejar el presidente de la República; y que mientras esté vigente el estado de excepción por emergencia económica, la Asamblea no puede legislar en ninguna materia política, económica, social, ecológica o de orden público.

Si me pregunta mi valoración sobre esto, a la Asamblea Nacional se le está quitando todo el piso político para poder actuar en escenarios internacionales y especialmente ante la OEA, para que, cuando vaya Henry Ramos Allup a ese organismo y haga su alocución como representante legítimo de un poder del Estado venezolano, previamente Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, diga que hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que le impide ejercer su derecho de palabra, o manejar relaciones internacionales. Y esto de alguna manera lo que busca es inhabilitar a la Asamblea Nacional para evitar que esta tenga algún margen de maniobra, en la OEA, Mercosur, Unasur o cualquier organismo, incluso si pide que el Vaticano medie en el conflicto venezolano.

Ambas sentencias son muy graves, y socavan la ya precaria institucionalidad venezolana, y generan una amenaza explícita contra el presidente de la Asamblea y la mayoría opositora: Si se insiste con incumplir los lineamientos de la Sala Constitucional, esta puede aplicar multas, y luego agrega una frase terrible: “Sin perjuicio de sanciones civiles, penales y administrativas, dependiendo del caso”. Insisto, eso es muy grave y acrecienta la crisis política, muy lejos de ayudar y construir un diálogo.

El Gobierno hará lo que esté a su alcance para impedir que Henry Ramos hable en la OEA, pero ¿cómo se vería desde ese lado de la acera, el de la OEA, que eso suceda? ¿Hay manera real de que el TSJ le impida a Ramos participar en el Consejo Permanente del jueves 23 de junio?

Sin duda va a haber ese intento por parte del Ejecutivo en el seno de la OEA, pero al final los tratados de la OEA y sus procedimientos constitutivos permiten plenamente escuchar y darle derecho de palabra a las personas que así lo consideren pertinente, y en su momento, cuando Ramos Allup esté allá, pues seguramente hablará, porque al final el debate en torno a la Carta Democrática Interamericana lo ha solicitado la Asamblea Nacional venezolana legítimamente, más allá de la decisión del TSJ.

Si Venezuela quiere de alguna manera conservar en el escenario internacional algún vestigio de que hay canales democráticos todavía en el país, debe permitir exponer su fundamentación a Ramos Allup, y serán los países de la la OEA los que se pronuncien.

En el informe que entregó el secretario general Luis Almagro sobre Venezuela se incluye un capítulo en el que se hace referencia a cómo se ha socavado la competencia de la Asamblea Nacional a través de decisiones ilegítimas de la Sala Constitucional, emitidas, a su vez, por magistrados cuya legitimidad es bastante cuestionable y sobre lo cual la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional emitió un primer informe, en el cual dejaba constancia de las irregularidades en la designación de esos magistrados de la Sala Constitucional.

¿Hay alguna manera de que el TSJ le impida a Ramos Allup efectivamente viajar y declarar ante el Consejo Permanente?

No hay, por una razón muy sencilla: tiene inmunidad parlamentaria. Solo se le podría prohibir salir del país por medio de una orden judicial, pero esa orden además solo la puede dar el Tribunal Supremo de Justicia previa solicitud de la Fiscalía General de la República, y esta previa solicitud de un allanamiento de la inmunidad del presidente de la Asamblea Nacional, que además debe ser aprobado por la mayoría del Parlamento que, políticamente, en este momento es inviable.

Se dice que ya está redactada una sentencia que anularía el proceso revocatorio y la validación de las firmas para comenzar el proceso, que es el lunes. ¿Qué valoración hace de esto y cuál sería la consecuencia de que el Tribunal Supremo aprobara una resolución de tal tenor?

La fundamentación de ese recurso de amparo, presentado por Jorge Rodríguez y algunos otros representantes del oficialismo venezolano, no tiene fundamento, porque se habla de que hay un fraude que se referiría a más de 600 mil firmas que, según señalan Rodríguez y sus aliados serían irregulares, son de personas que están muertas, privadas de libertad, o que no firmaron, etcétera. Pero lo cierto es que, en la práctica, el Consejo Nacional Electoral ya tomó una decisión sobre eso, que fue no darle validez, no darle efecto jurídico a esas firmas. Si eso es así, ningún tipo de acción procede ya, porque ya la realizó el CNE. Problema tendríamos si el CNE hubiera incluido esas firmas y se presentara una acción de amparo contra ellas.

Pero si la Sala Constitucional insiste en acrecentar la crisis política, y utiliza esto como un pretexto para suspender todo lo que es el procedimiento de verificación de firmas, creo que la crisis política se va a acrecentar de manera desproporcionada y de manera no deseable para ninguno de los venezolanos, ni de oposición ni de oficialismo, y va a generar una ola de protestas bien fuertes, muy parecidas a las que tuvimos hace dos años.

Pero las protestas serían mezcladas además con las protestas por hambre que se están desarrollando en todo el país. Usted, como defensor de derechos humanos, ¿cómo ha evaluado la represión de las mismas? Se habla de entre cuatro y siete muertos ya, y centenares de detenidos…

Entre enero y junio se han registrado unas 270 situaciones de saqueos o intentos frustrados, que de alguna manera han reflejado lo que es una situación muy dura desde el punto de vista social, de la alimentación y el acceso a las medicinas.

Esto lo que hace es reflejar una situación social muy grave que, si se mezcla con una situación política en la que el Tribunal Supremo no deja a los venezolanos pronunciarse a través de las urnas electorales, a decir si quieren o no cambio de Gobierno, eso será un coctel molotov, una tormenta perfecta para la sociedad venezolana, no deseable y que esperemos no se presente.

El Tribunal Supremo de Justicia debería dejar que los venezolanos se pronuncien a través del voto. Yo llamo a que ambas partes, Gobierno y oposición, se ciñan a la Constitución. Si ambas partes cumplen y hacen cumplir la Constitución estamos en el comienzo de un punto de encuentro para resolver los problemas de los venezolanos, que son muy serios.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.