La persecución socialista en Uruguay llega a los bancos

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El concepto de transparencia pareciera ser muy relativo en Uruguay, o está al menos sujeto a conveniencias e intereses de unos pocos. (BCU)
El concepto de transparencia pareciera ser muy relativo en Uruguay, o está al menos sujeto a conveniencias e intereses de unos pocos. (BCU)

El secreto bancario, o el derecho del individuo sobre sus posesiones, era quizás una de las características más liberales de Uruguay. Hablar en pretérito constituye no sólo una enorme tristeza, sino un claro reflejo de la paulatina pérdida de libertades que atraviesa, no sin pelea, el país que hasta hace no mucho era considerado “la Suiza de América”.

Ahora, convertidos en “la Venezuela del Conosur”, se busca imponer una ley (ya aprobada en Cámara de Diputados) llamada “de Transparencia” que obliga a las distintas entidades bancarias a reportar anualmente los saldos y rentas de residentes y no residentes a la DGI (Dirección General Impositiva).

El concepto de transparencia pareciera ser muy relativo en Uruguay, o está al menos sujeto a conveniencias e intereses de unos pocos.

Primero, nos bancarizaron a todos, obligando a pagar y cobrar sueldos sólo mediante cajeros automáticos. Se hicieron descuentos apenas perceptibles para compras con tarjeta de débito en tiendas de todo tipo y color. A cambio de unos escasos pesos, ya sabían qué comprábamos y cuánto estábamos dispuestos a invertir en qué.

 

Y como no hay puntada sin hilo, se levanta el secreto bancario.  Y ahí está: la frutilla en la torta del totalitarismo, otro puñal en la privacidad y en nuestros derechos más básicos, otro paso que el socialismo da para despojarnos de todo en nombre de la justicia social o la excusa del momento.

Pero la transparencia, reitero, está más que tergiversada en Uruguay. Los negocios con grupos brasileños, con Venezuela, con el señor de la derecha no tienen por qué ser transparentes (el señor de la derecha hace alusión a Hernán Antonio Calvo Sánchez el primero de octubre de 2012 el debido a su ubicación en la sala de la subasta, de los aviones de la exPluna).

Tampoco debe serlo el vicepresidente. Cualquiera sea su formación académica, cualquiera haya sido su rol en el desplome de ANCAP, seguro puede prescindir de transparencia.

Las reglas para el ciudadano de a pie son, por supuesto, bien distintas. Es decir, no sea que Juan Pérez esté evadiendo doscientos dólares y se desmorone por completo la economía uruguaya. Vázquez no lo permita. Tal acto de irresponsabilidad social es mucho, mucho más grave que la incapacidad del ministro del Interior para tomar tres medidas atinadas consecutivas.

Tanto el expresidente del Banco Central del Uruguay Julio de Brun como el presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), Julián Moreno, se declararon en contra de la medida.  De Brun  aseguró que el propósito real de la ley es dar permiso a otros países para investigar posibles cuentas de sus ciudadanos y, poniendo como ejemplo el caso Apple, advirtió que puede ser negativa para las inversiones en el país.

Moreno, por su parte, señaló a El Observador que “todo cercenamiento o limitación que se hace del derecho a la intimidad está en juego la libertad individual. Todas las personas tenemos el legítimo derecho de mantener una parte de nuestra vida al margen del conocimiento de terceros”.

Para el catedrático de Derecho Tributario Aplicado, Alberto Varela,  el levantamiento del secreto bancario sin intervención de la Justicia es “irremediablemente inconstitucional”  ya que él mismo constituye un “derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad de las personas”.

Entrevistado por El Observador, indicó que  el intercambio automático de información bancaria sin intervención judicial es lo mismo que querer darle al fisco –o peor, a los fiscos extranjeros–, la facultad de intervenir teléfonos sin intervención judicial, o hacer un allanamiento sin intervención judicial, o intervenirle el correo electrónico a un contribuyente sin intervención judicial”.

Pero en el Uruguay de El Guardián, cualquier intento de privacidad pareciera estar siendo aniquilado subrepticiamente, con sospechosa animosidad y en nombre siempre del “bien común”.

Si bien se ha sostenido lo contrario, el socialismo en Uruguay no ha sido menos nocivo que en otros países. No es “la excepción” de la que se jactan muchos.  El Uruguay que denuncia cuentas de Facebook y Twitter y no permite comisiones investigadoras no dista en absoluto del socialismo que se practica en Venezuela.  En el Uruguay socialista hay perseguidos.

El socialismo es, a fin de cuentas, siempre el mismo. Y las víctimas, como hemos visto, nunca son los Castro, nunca son los Maduro.

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