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El diputado nacional por la provincia de Córdoba, Juan Brügge, del Partido Demócrata Cristiano, presentó un proyecto de ley en el Congreso argentino para crear la Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales, que funcionaría en el ámbito del Poder Legislativo nacional, con independencia funcional.
«A raíz de la masificación de las redes sociales, que pueden ser usadas a veces para mal, nos encontramos en un estado de vulnerabilidad importante: datos inexactos, imágenes ofensivas, e inclusive delitos a través de las redes”, aseveró Bürge al sitio de noticias Perfil.
El diputado, quien también es presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, señaló que el Estado argentino «tiene que actuar necesariamente».
«No nos podemos quedar de brazos cruzados. La Unión Europea y Alemania ya avanzaron en esa línea», agregó.
Según lo establece el proyecto de ley, la función principal de este nuevo organismo sería la protección de las personas ante «actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales» en Internet. Perfil también destaca que entre sus funciones estará «investigar los comportamientos ofensivos, agresivos o contrarios a la dignidad humana por medio de las redes sociales».
Según la iniciativa, la Defensoría deberá estar a cargo de un «defensor público en Redes Sociales de Contenidos Digitales«, cuya designación le corresponderá al Congreso de la nación.
El «defensor» tendría la facultad de suspender temporalmente sitios y usuarios de redes sociales en plazos que pueden ser de 30 a 60 días, detalla Perfil.
Brügge asegura que con este proyecto “no se busca censurar en absoluto ni restringir la libertad de expresión, ya que no es un sistema de bloqueo automático”.
Rechazo a la propuesta
Por su parte, especialistas en redes sociales creen que la propuesta del diputado Brügge busca censurar y además viola las leyes nacionales e internacionales.
“El bloqueo de contenido solo lo puede establecer una decisión judicial. Ninguna norma constitucional habilita bloquear a una persona; sí una expresión, y bajo reglas sumamente estrictas. Pero las personas jamás pueden considerarse ilegales”, indicó a Perfil Beatriz Busaniche, magíster en Propiedad Intelectual.
Busaniche indica que las atribuciones que se le dan al Defensor son incompatibles con la Constitución y con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
«El proyecto tiene varios puntos débiles que pone en riesgo derechos fundamentales (…) Está lleno de vaguedades, podría habilitar la vigilancia masiva sin orden judicial y no cumple con los requisitos de necesariedad y proporcionalidad”, dijo por su parte Javier Pallero, analista de Políticas Públicas de Internet en la organización internacional Access Now.
El tema se coló en el debate de la agenda pública luego que la justicia argentina fallara en diciembre pasado a favor de la modelo argentina Victoria Vannuci, quien demandó a Twitter por permitir la publicación de amenazas y mensajes ofensivos en su contra, tras haber colgado en su cuenta una foto en un Safari en África en la que se posaba con animales muertos producto de la caza.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó el fallo contra Twitter por considerar que la decisión “constituye un acto de censura y cercenamiento de la comunicación”.
Fuente: Perfil.
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