El gobierno argentino intenta combatir el incremento del tráfico y consumo de “paco” (pasta de cocaína) combinando una penalización más severa para los vendedores de este tipo de droga y tratamiento para quienes la consumen.
El sitio especializado en investigación del crimen organizado Insight Crime advierte que podría resultar difícil a los funcionarios argentinos encontrar un equilibrio adecuado entre estas dos estrategias.
El ejecutivo argentino presentó ante el Congreso a finales de 2016 planes para modificar las leyes antidrogas del país, agregando disposiciones específicamente relacionadas con el “paco” que aumentaría las penas para la producción, el tráfico y el suministro de esta tipo de droga.
El proyecto que modifica la ley 23.737 de estupefacientes prevé penas de seis a 18 años de prisión para los casos de comercialización de pasta base de cocaína y establece condenas de cuatro a 15 años de cárcel para los casos en que se facilite a “título gratuito” este estupefaciente. También prevé pena de 1 a 4 años de prisión cuando la entrega, suministro o facilitación fuera ocasional y a “título gratuito” y por escasa cantidad.
Por su parte, los usuarios que no tienen condenas por drogas anteriores no se enfrentarán a la prisión, sino que estarán sujetos a órdenes judiciales que les obliguen a asistir a un tratamiento de rehabilitación.
El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2016 señala que el consumo de “paco” ha aumentado un 200 % en Argentina en los últimos años. “Los argentinos ahora consumen 400.000 dosis de “paco” todos los días, lo que da al mercado un valor al por menor de cerca de USD $190 millones al año”, según la iniciativa presentada del Poder Ejecutivo.
Insight Crime destaca que el consumo de pasta de cocaína, muy barata y altamente adictiva, “es quizás el mayor desafío de consumo de drogas que enfrenta hoy América Latina“.
Advierte que hay poca evidencia de que la introducción de penas más altas para focalizar el problema tenga un impacto en el mercado.
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“Las prisiones de toda América Latina están llenas hasta el punto de estallar con personas que han enfrentado las duras leyes antidrogas y, sin embargo, el consumo sigue aumentando en gran parte de la región”, destaca Insight Crime.
En el análisis publicado este lunes 9 de enero, Insight Crime pone el ejemplo de Estados Unidos, donde las medidas para combatir el tráfico y consumo de crack son más severas que las que se aplican para el caso de la cocaína en polvo, que es más cara. En este sentido, explica que las medidas terminaron siendo dirigidas de forma desproporcionada a las comunidades más pobres, donde el crack es más común que la cocaína en polvo.
“En América Latina, a menudo hay una división similar, con el uso de pasta de cocaína en gran medida vinculado a las zonas pobres y grupos sociales descuidados”, señala Insight Crime.
Por otra parte, creen que diferenciar consumidores y distribuidores “podría considerarse parte de un cambio gradual de paradigma en la región para ayudar en lugar de criminalizar a los consumidores de drogas”. No obstante, advierten que en muchos países ha sido difícil establecer una línea divisoria entre criminales y adictos, por los que sus esfuerzos terminan con frecuencia en distinciones arbitrarias.
A esto se suma, que expertos en la materia han cuestionado la eficacia y la ética de los programas de “tratamiento forzado” de adicciones.
Fuente: Insight Crime.