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El chavismo en Venezuela pide la conformación de una junta médica para evaluar psicológicamente la conducta de la fiscal general Luisa Ortega Díaz; esto, luego de que ella decidiera condenar las constantes violaciones a la Constitución del país suramericano.
Diputados del oficialismo acudieron el pasado 13 de junio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar los requerimientos necesarios para que «expertos, peritos, psiquiatras, y psicólogos» evalúen a Ortega Díaz. El objetivo final es destituirla.
“A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal”, afirmó el diputado Pedro Carreño; quien asegura que la fiscal padece «insania mental».
«Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales», dijo.
A juicio de Carreño «ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo”, por lo que “se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el animo de preservar un bien superior, cuál es el bien superior: la paz de la República», señaló.
El motivo de esta acción por parte del chavismo, surge luego de que Ortega Díaz se distanciara del régimen de Nicolás Maduro y denunciara ante Venezuela y el mundo, la «ruptura del hilo constitucional».
Y es que la fiscal, quien había mostrado su afinidad con el chavismo, asegura que tanto ella como su familia son víctimas de amenazas tras tomar la decisión de enfrentar al oficialismo en su intento por instalar el comunismo en Venezuela.
En una entrevista radial, Luisa Ortega Díaz responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro ante “cualquier daño” del que pueda ser objeto su familia que, dijo, ha recibido amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.
“Yo quiero hacer responsable, a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenazas”, dijo.
“Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia”, añadió.
En los últimos dos meses la fiscal general se ha opuesto al proceso Constituyente impulsado por Maduro, también advirtió de la ruptura del orden constitucional luego de que el Tribunal Supremo asumiera las facultades del Parlamento.
Asimismo, ha señalado la “brutal represión” en contra de los venezolanos que protestan contra el Gobierno de Maduro.
Fuente: El Nuevo Herald
