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La estrategia del gobierno mexicano de contención del COVID-19 ha sido un verdadero desastre. Desde la negativa por realizar pruebas de diagnóstico hasta la equivocación constante para determinar el pico de la pandemia, pasando por la compra tardía de equipo y materiales, han fallado todos y cada uno de los pasos de la estrategia de López Obrador, y todo básicamente para seguir financiando sus “proyectos estrella” y disfrazar los cada vez más frecuentes casos de corrupción en su gobierno, incluyendo ya varios escándalos en el mismo sector salud.
Mientras miles de mexicanos mueren, López Obrador y su gobierno han hecho política y corrupción con la pandemia.
Los datos muestran que México se coloca entre los países, según los registros oficiales, con los índices más altos en la pandemia, tanto en número de contagios diarios como de muertes diarias: décimo y cuarto lugar respectivamente.
Durante 2019, López Obrador gastó parte de su capital político en rediseñar por completo el sistema de salud: desapareció el Seguro Popular y creó en su lugar el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), para atender a los 75 millones de mexicanos sin seguridad social. Para ello, eliminó (o no re-contrató ) 10 000 plazas de trabajadores de la salud, estableció un nuevo sistema de compras de medicamentos e insumos que causó su insuficiencia crónica, y durante el primer trimestre de 2020, cuando ya se veía la llegada de la pandemia a México, decidió reducir dos terceras partes del presupuesto de salud respecto a 2019, y gastar solo un peso de cada 100 en dicho sector. Esa insuficiencia explica políticas tales como la negativa a realizar testeos masivos, el no considerar los cubrebocas como auxiliares importantes contra contagios o la compra atrasada y sobre las rodillas de equipos e insumos: todo para no gastar más.
¿Fue incompetencia? No, simple decisión política considerando los réditos electorales. Antes que la salud de los mexicanos, le interesa sobre todo fondear sus proyectos insignia: las becas de clientelismo político a jóvenes, el aeropuerto de Santa Lucía, el llamado Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, todos los cuales solo significan pérdidas hoy y significarán más pérdidas mañana. Los resultados de esa decisión están a la vista.
Así, en México, son cosas de todos los días las protestas de padres de familia porque a sus hijos se les restringieron quimioterapias o medicamentos contra el cáncer; o de trabajadores de la salud que dicen no contar con el equipo necesario de protección contra el coronavirus; o de familiares de enfermos que fueron descuidados para dar prioridad a aquejados por COVID-19; o de médicos a los que se les dejó de pagar o se les restringieron prestaciones. La salud pública en México es un campo de desastre en apenas 18 meses de gestión de López Obrador.
Pero no para todos. Recientemente nos fuimos enterando, por primera vez y gracias a una investigación del diario digital mexicano Animal Político, de algunas características del convenio entre los gobiernos de México y Cuba, por el que se trajo al país a 585 médicos y enfermeros cubanos para enfrentar la pandemia en diferentes hospitales de la Ciudad de México. Otros convenios se habrían suscrito para destinar médicos a otros estados del país. Hasta ahora, el gobierno mexicano había sido lacónico al respecto y lo poco que se sabía del tema, era por información indirecta.
Dicho convenio implica un gasto de 6.2 millones de dólares a cargo del INSABI (es decir, a expensas de los mexicanos más pobres) para pagar a los trabajadores cubanos de la salud, dando un promedio de 10 700 dólares por trabajador, aunque en realidad solo han recibido 220 dólares por mes, según el Diario de Cuba, desde su llegada el pasado 27 de abril. Los gastos en hospedaje corren a cargo de “donaciones” de empresas hoteleras y la alimentación es responsabilidad del gobierno capitalino.
Cabe aclarar que las autoridades de salud mexicana han señalado que parte de estos 6.2 millones de dólares se destinará a “pagar diversas actividades que tiene que ver con capacitación, especialización, atención directa, asesoría e investigación conjunta”, exactamente el mismo fraseo y recurso técnico que se usó en Brasil durante los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff para transferir todos los recursos al gobierno cubano e impedir la transparencia y la rendición de cuentas ante el Congreso.
Como ya había señalado en un artículo anterior la dictadura cubana se apropia del 75 % del salario de esos médicos. Del 25 % restante solo entrega a los trabajadores la mitad, depositando la otra mitad en una cuenta en Cuba, que se le entregaría a los trabajadores a su regreso como forma de evitar su deserción. Otros recursos para evitar su huída son retenerles el pasaporte a su llegada a México, la presencia de un grupo de espías para vigilarlos, el impedimento de usar teléfonos celulares y de hacer amistad con la población local, así como el alojamiento y la transportación en grupo para un mayor control, además de la amenaza sobre su familia en Cuba. Sin embargo, esto no ha impedido las deserciones.
Los recursos de los que se adueña la dictadura castrista cuadruplican los ingresos por turismo de la isla, y equivale a cerca del 6 % de su PIB, convirtiéndose en un gran negocio de tráfico de personas que ayuda a que no se hunda la decadente economía de la isla, golpeada por su permanente crisis estructural, el desplome del turismo, el impacto del coronavirus y el recrudecimiento de las sanciones norteamericanas decretadas por la administración Trump.
Así, es un régimen de semi-escavitud: trabajadores vigilados por el aparato de seguridad de su país, impedidos de viajar acompañados de sus familias y despojados de la mayor parte de su salario. Los Castro son esclavistas modernos, sin que nuestros “anti-racistas” modernos se hayan atrevido a alzar la voz hasta ahora.
Lo más grave aún es que según hechos documentados en Brasil, Venezuela, Nicaragua y otros países, estas “brigadas” se introducen bajo el camuflaje de “labor humanitaria”, pero en realidad realizan actividades políticas: de identificación de liderazgos, capacitación y entrenamiento, difusión y divulgación de propaganda política e ideológica, conformación de “brigadas” de defensa de la “revolución” y labores de espionaje.
Al respecto, existen múltiples testimonios y documentos que prueban que antes que realizar labores médicas, hacen lobby político e ideológico en favor del gobierno del país, del socialismo y de la dictadura cubana. Incluso, en México, su competencia médica y su preparación han sido ya cuestionadas por sus pares mexicanos. Al final, los enviados por el aparato de espionaje y seguridad cubano terminan ocupando importantes cargos en todo el gobierno, como en Venezuela, incluidas las fuerzas armadas.
La llegada de las brigadas médicas cubanas podría ser un aviso, uno más, de que el gobierno de López Obrador ha decidido acudir a cualquier recurso a su alcance para conservar el poder todo lo que pueda, preocupado frente a la constante caída de su popularidad, teniendo enfrente las vitales elecciones intermedia de julio de 2021, y al caos y desprestigio que sacuden a su partido, MORENA.
Y que lo hará entregándose ya sin remilgos a la dictadura cubana.
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