Venezuela: ¿qué tiene que pasar?

Nicolás Maduro ya no oculta su similitud con Stalin. ¿Cuántas muertes más se deben contar para actuar de manera definitiva?

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Militares patean las ofrendas florales en honor a Rafael Acosta Arévalo. (EFE)

Por Agustín Rodríguez Weil

En televisión nacional nadie hace mención al terrible asesinato del capitán Acosta Arévalo. Estaba detenido desde hace días, y en circunstancias inentendibles, se filtró a través de las redes sociales que estaba muerto. El joven militar había sido detenido días antes por la policía política del régimen, justo en días en el que dirigentes de ambos bandos se sentaron en una mesa en Oslo para llegar a un acuerdo, la noticia se viralizó, como si el régimen hubiese querido dejar en claro su postura.

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Cuando una persona está detenida, su seguridad depende de sus carceleros. Incluso Diosdado Cabello, el número dos del régimen, lo había asentado en su programa de televisión, cuando señaló días antes del desenlace que el militar estaba en «buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar», sobre el supuesto golpe de Estado en el que Acosta había estado involucrado.

Sin embargo, en días en el que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitaba Caracas para analizar las denuncias que reposaban sobre el país, Acosta Arévalo fue a juicio. El 29 de junio de 2019, llegó virtualmente destruido. Estaba golpeado, en silla de ruedas y sin poder hablar. Tenía evidentes signos de torturas, y en el contexto, pidió «ayuda» a su abogado defensor. Fue lo único que se le entendió. Posteriormente fue trasladado a un hospital militar, del cual no salió con vida. Luego, se filtró la autopsia: Acosta Arévalo fue, literalmente, aplastado y electrocutado. Sí, la picana, ese método que siempre se identificó con las dictaduras de derecha del cono sur en los años setenta, finalmente llegó a Venezuela y lo hizo años más tarde bajo el tutelaje de una dictadura de izquierda.

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Pero el caso de Acosta Arévalo no es el único por el estilo. En octubre pasado, otro detenido fue asesinado en su condición de detenido. Fernando Albán, un ferviente opositor al régimen de Maduro, era concejal por el partido político Primero Justicia y fue arrestado sin ningún tipo de prueba. Lo cierto es que su cuerpo sin vida fue arrojado desde una ventana. La información obtenida señaló que había pasado por máquinas de torturas. Se le exigía que confesara crímenes que no cometió, que dijera nombres para perjudicar a otros. Fue tal su compromiso con la humanidad que prefirió asumir las consecuencias de tener dignidad en una dictadura. Le salió muy caro. Fue fatal.

El caso de Albán, al igual que el de Acosta, desnudó aún más la relación intrínseca de Maduro y sus secuaces con el crimen. Parece que para muchos componentes políticos del mundo –no solo de Venezuela sino también de la comunidad internacional– la ceguera es la ley. Ya en su momento los crímenes perpetrados por los Jemeres Rojos, antes que llegaran al poder, avisaron. Existía la excusa de que no había la tecnología de hoy en día, pero lo cierto es que, incluso cuando tomaron el poder y Pol Pot inició su régimen de terror, no hicieron nada. En Ruanda tampoco reaccionaron, en los Balcanes lo hicieron cuando el genocidio había avanzado, pese a que mucho se alertó. ¿Se burla el régimen venezolano de las organizaciones internacionales cuando les desafía por televisión o mata a jóvenes en cautiverio o en las calles? ¿No es una burla manifiesta cegar a un joven o fulminar la vida de Acosta Arévalo justo cuando Michelle Bachelet acaba de dejar el país? ¿Es suficiente enviar cartas exigiendo respuestas por parte de los culpables?

Un caso que sucumbió los cimientos de la nación fue el de Óscar Pérez. El expolicía hizo varias apariciones públicas que mostraron la debilidad del régimen en el fuero militar. Se hizo famoso al sobrevolar los cielos de Caracas con un helicóptero enarbolando un mensaje, y sus apariciones, desde la clandestinidad, desafiaron a los esbirros del régimen. Finalmente cayó en desgracia. Le dispararon con armas de guerra en la casa en la que se ubicaba en El Junquito. Lo mataron a él y a otros tantos soldados fieles a su causa. Lo más increíble es que los policías publicaron el proceso en las redes sociales. Todo el país vio el acontecimiento en horario estelar. Las redes no ocultaban nada y el ajusticiamiento fue público. Por supuesto, no hubo justicia en Venezuela, pero tampoco afuera de nuestras fronteras. Todo se quedó en condenas públicas, como si eso fuese la justicia moderna.

¿Cuántos Óscar Pérez, Fernando Albán o Acosta Arévalo más tienen que ocurrir para que la comunidad internacional se dé cuenta de que enviar cartas no funciona? ¿Cuántas vidas más se tienen que cegar para que estos organismos reparen en que, en el caso de no hacer nada, se multiplicarán las muertes y los problemas venezolanos se convertirán en los suyos? ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta de que las sanciones no son suficientes, ya que los que terminan pagando son el ciudadano de a pie? Si la comunidad internacional no actúa, Maduro puede parecerse mucho a Pol Pot o Bagosora. De hecho, ya el propio dictador no esconde su similitud con Josef Stalin, a quien se le atribuye el asesinato de más de 20 millones de personas.

Agustín Rodríguez Weil nació en Caracas. Es licenciado en comunicación social en la Uni­versidad Monteávila, posee un MBA en dirección de entidades deportivas “Alfredo Di Stéfano” (Escuela Universitaria del Real Madrid). Fue jefe de prensa del Deportivo Italia, Atlético Venezuela, Real Esppor y Deportivo La Guaira. Entre los libros publicados se encuentran «Memorias de Nuestro Ba­lompié», «Historias del fútbol venezolano», «La otra cara del Ba­lón» y «Casemiro, hércules en la Casa Blanca».

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