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En la década de 1970 Venezuela completó su transformación inicial en una economía socialista moderada. Era una economía petrolera sometida a sustitución de importaciones, gigantescas empresas industriales (monopolios del Estado) y una planificación central de la economía que produjeron una creciente pérdida de competitividad –en empresas estatales y privadas– junto a un atraso tecnológico y desindustrialización crecientes.
El desastre futuro no era difícil de intuir en medio de la aparente bonanza. Se intentó explicar infructuosamente lo que comenzaba a no funcionar con teorías marxistas y modelos keynesianos de impacto agregado simple de la renta petrolera distorsionado por la volatilidad del precio del crudo a ser corregido por la planificación centralizada del activismo macroeconómico. Pero eso nada explicaba realmente. Lo que sí lo hacía, era considerar que la apropiación de la renta por el Estado generó una estructura de incentivos que impulso la transición al socialismo, lo que se hizo inevitable el empobrecimiento a largo plazo por la creciente descoordinación económica correspondiente. Este empobrecimiento revertido parcial y temporalmente por medios populistas clientelares apenas sostenibles durante los periodos de precios altos del crudo coincidieron, simultáneamente, con los de avance del socialismo.
La prevalencia cultural y política del socialismo –en una u otra versión de intervencionismo y activismo económico estatal creciente, fuera civil o militar– sin alternativa en Venezuela de 1945 a nuestros días ha sido el elemento que ha impedido que el fracaso económico recurrente impulse una transición al capitalismo en lugar de ajustes coyunturales fácilmente reversibles, y nuevos avances a cada vez más socialismo.
Identificar los factores claves de un cambio radical de modelo que haga posible el crecimiento y desarrollo en un país como Venezuela –algo que de lo que ya he tratado antes– pasa por la transición del socialismo al capitalismo, y en tanto sea una economía petrolera la que entraría en tal transición, pasa a su vez por la propiedad privada, no solo de la industria, pues limitado a eso sería inevitablemente un regreso al mercantilismo, sino del recurso (es decir, del subsuelo) además de la industria que lo explota, tan amplias que sean, de una parte potencialmente irreversibles y de la otra catalizador del resto de los cambios indispensables para tal transición.
Claro que estamos muy lejos del consenso cultural y la voluntad política necesarias para algo así. De hecho, jamás la palabra socialismo fue tan impopular en Venezuela como ahora, pero jamás nuestros políticos en el poder –y en oposición– han estado tan inclinados al socialismo más radical. Pretenden imponer el totalitarismo socialista quienes gobiernan. Pretenden, además, que sin cambios de fondo en la destruida economía venezolana se puede sostener una democracia de partidos sin recaer en el autoritarismo de quienes aspiran a sustituirlos.
La batalla de las ideas es el único campo del que pudiera llegar a surgir eventualmente el consenso cultural nuevo, si y solo si se discute seriamente. Siempre hay que insistir en que cualquier posible transición al capitalismo en Venezuela dependería de crear condiciones institucionales por las que la desindustrialización de corto plazo sería seguida de una reindustrialización mucho más competitiva en la producción de bienes y servicios transables de mayor valor agregado a mediano y largo plazo. Esas las condiciones favorables al reforzamiento de la empresarialidad –que termine por corregir, en formas que ahora no podemos ni imaginar, la excesiva dependencia de sectores primarios– pasan por la apropiación privada del ingreso gubernamental al que se atribuye la llamada enfermedad holandesa.
Los fondos de estabilización son insuficientes para algo como lo que tratamos aquí –aunque serían útiles a otros efectos– su debilidad es que es finalmente imposible hacerse con toda la información de antemano, la volatilidad del precio que suele presentarse como argumento para su creación es en realidad un argumento en su contra. Los modelos matemáticos de predicción y manejo de riesgo pueden obtener premios nobel de economía, pero no pueden predecir y manejar el riesgo real de eventos impredecibles que inevitablemente aparecerán en el mercado real.
Los fondos intergeneracionales o de ahorro, representan una mejor alternativa, especialmente si se enmarcan en el concepto de una dinámica de propiedad clara y una nueva relación de dependencia fiscal que genere diferentes incentivos en la relación política del forzado contribuyente y el fisco. En ese sentido, Rodríguez y Rodríguez, en el libro El petróleo como instrumento de progreso de 2012, aportaron con su noción de un nuevo contrato fiscal un aspecto clave mejor desarrollado que valiosas propuestas anteriores en similar sentido.
Pero si bien la apropiación privada universal de la renta sería la clave de ese nuevo compromiso fiscal, la concentración de los recursos en un fondo único –que comparten casi todas las propuestas teóricas de transferencia de la renta del Estado a la población– implica un incremento inmanejable del riesgo de reapropiación política indirecta de esa renta, por lo que (como ya un sistema nacional de transferencia que implique el traslado de los recursos universalmente apropiados de la renta a administradoras privadas competitivas de fondos de seguridad social) resulta la única solución con esperanzas de evitar la reapropiación política por vías no-fiscales, para la transferencia privada más amplia y eficiente del control patrimonial del subsuelo y con ello de la renta petrolera del Estado a la población en Venezuela.
Para lograr la reconstrucción y el crecimiento de la economía venezolana –entre todas las reformas estructurales, fiscales, legales y políticas necesarias para establecer una verdadera economía de mercado– se debe interponer entre la renta en su origen y el Estado fondos de ahorro con cuentas individuales de todos los ciudadanos que deje clara la acumulación individual de ahorro producto de la transferencia de renta, las condiciones de su empleo personal asociadas a un sistema universal privado de seguridad social, y sobre todo, el aporte fiscal petrolero individual descontado a cada persona antes de ser entregado.
