El agujero fiscal sin fondo de los países latinoamericanos

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presión fiscal
Hay un gran “agujero” que está siendo cubierto por los contribuyentes mediante aumentos de la carga impositiva directa, indirecta y encubierta. (Panamerican World)

En estos momentos hay un verdadero frenesí general de los gobiernos por aumentar impuestos. En los países latinoamericanos, el pretexto es la baja pronunciada de los commodities y en los países desarrollados –principalmente en los de la Comunidad Europea- el mantenimiento de sus “Estados benefactores”.

Sin embargo, en todos los casos, el fundamento real es tapar los colosales déficits fiscales originados por gastos públicos que tienden al infinito.

A tambor batiente, los líderes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están erigiendo una especie de Gran Hermano, para controlar y tener a la vista hasta el último centésimo que posea cada habitante. Incluso, están esforzándose por crear un mundo parecido al descrito por George Orwell en “1984”, donde la “confraternidad” del Tribunal de la Inquisición impositiva abarque al mundo entero y en consecuencia, extienda sus tentáculos por doquier.

En resumidas cuentas, un mundo de pesadilla. Un lugar donde los individuos vivirán como en una pecera, bajo vigilancia de burócratas y políticos con poder omnipotente. Una situación en la cual no habrá dónde refugiarse ni se contará con los medios económicos para hacerlo. El mundo se convertirá en una especie de colmena donde existirán -en forma más pronunciada que hasta ahora- tres clases: las abejas obreras, los zánganos y la “reina”.

La situación planteada, donde se utiliza todo el peso de la “ley” para perseguir –como si fueran delincuentes– a los que tratan de eludir impuestos o proteger su patrimonio de la voracidad fiscal, nos impulsa a analizar este asunto en profundidad. Un tema que abarca a la moral, la política, el Derecho y sus relaciones intrínsecas.

Predomina la idea, en gran medida impuesta por los sistemas educativos, que los gobernantes poseen de modo incuestionable el poder de imperio tributario. Si bien en teoría esa potestad en los Gobiernos democráticos está acotada, en la práctica, la única herramienta con la que cuenta el ciudadano común para frenar la codicia fiscal, son las elecciones nacionales.

A lo largo de la historia

En su origen histórico, la relación entre el votante y el legislador surgió del clamor de “ningún impuesto sin representación”. Hoy en día, dicha conexión está desvirtuada. Los representantes, sobre todo donde los sistemas electorales funcionan en base a listas “sábanas”, tienen todos los incentivos para despreocuparse de sus votantes una vez electos. De ahí en adelante focalizan su atención en atender sus propios intereses.

¿Qué es lo que ha producido esta tendencia que se va agravando con el tiempo? ¿Por qué los gobernantes se creen con “derecho” a imponer tributos en forma exponencial?

Incluso, parecería que hay ciertas frases “mágicas” que justificarían cualquier expoliación. “Sacarle a los ricos para darles a los pobres” es la más popular entre ellas.

¿Es eso moral? ¿Es justo? ¿Corresponde al Derecho bien entendido? ¿Realmente el dinero recaudado beneficia principalmente a los más necesitados?

A lo largo de la historia, ciertos grupos se han apoderado del Estado para provecho propio. El hombre común trabajaba duras jornadas. Sin embargo, una gran porción del fruto de sus esfuerzos iba a parar al bolsillo de las castas gobernantes.

Esta situación empezó a cambiar con el pensamiento humanista que se inició en Grecia en el siglo V a.C.

Eximios filósofos hicieron notar la importancia de que la polis estuviera bien gobernada porque eso redundaría en beneficio de todos. Destacaron las íntimas conexiones que existen entre moral y política. Un buen gobernante es aquel que es prudente y practica la recta justicia.

Es decir, tal como la definió el jurista romano Ulpiano: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. La norma moral, legal y política es “vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde”.

Siglos más tarde, Gran Bretaña descolló en el concierto de las naciones por su forma de convivencia social. En este caso, su éxito se basó en que tanto gobernantes como gobernados estaban sometidos a la misma ley. Es decir, el Derecho no estaba dividido en dos ramas, el administrativo y el civil, sino que todos eran juzgados con la misma vara.

Todas estas ideas se sustentan en el Derecho Natural. O sea, en el no escrito, donde las normas que deberían regir nuestra conducta son internas porque brotan de la propia naturaleza. Es el derecho absolutamente justo por definición.

Lamentablemente, desde hace largo tiempo se viene corrompiendo el concepto de Derecho y con él, la relación que debe necesariamente existir entre moral y política. Si el Derecho no se funda en la naturaleza, si es algo exterior al individuo, entonces sólo queda la ley positiva, es decir, la voluntad del legislador. En consecuencia, bajo un nuevo ropaje una casta se apodera del Estado para provecho propio.

Sin embargo, aunque se quiera negar su existencia, el Derecho Natural se manifiesta en forma contundente. Por ejemplo, todo sabemos que es injusto, imprudente e inmoral que los legisladores uruguayos estén analizando una suba de impuestos -en un país que junto con Brasil tiene la mayor presión tributaria de América Latina- y simultáneamente, varios de ellos hayan realizado un viaje de lujo a África con sus gastos solventados por el erario público. O, que por afinidad personal y política se haya puesto a dirigir a la petrolera estatal monopólica a un absoluto incapaz, imprudencia de los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica respectivamente, que tuvo por consecuencia que la compañía perdiera en los últimos años entre U$S 800 y U$S 1.200 millones (según las diversas estimaciones).

Obviamente que ese “agujero” está siendo cubierto por los contribuyentes mediante aumentos de la carga impositiva directa, indirecta y encubierta. Asimismo, con la perversión del Derecho, se pierde de vista cuál es la finalidad de la vida en sociedad y de los impuestos.

Como señaló con acierto John Locke, si la gente acepta someterse al poder estatal es con la finalidad de que su vida, propiedades y libertades sean protegidas. En consecuencia, si nos guiamos por el Derecho Natural, los impuestos tienen por finalidad solventar los gastos relativos a esos fines esenciales del Estado. En gran medida, todo lo que exceda esa función, es violación del contrato social. Por ende, es inmoral, imprudente e injusto.

El Derecho Natural no le otorga potestad al gobernante para arrancarle al rico su dinero obtenido en forma honesta, para “repartirlo” entre los pobres. No hay nada de moral en eso. Por el contrario, si el gobernante estuviera sometido a la ley común, entonces sería catalogado de ladrón. Además, todos sabemos que eso es cuento chino porque la mayor parte del dinero obtenido mediante la coacción estatal se desperdicia o va a parar a manos de los políticos, burócratas, grupos de presión y empresarios amigos.

Y, para colmo de males, se solidifica la situación de los pobres porque se los hace Estado-dependientes. Los planes sociales sirven para maquillar estadísticas y fomentar el clientelismo, pero no contribuyen a hacer a las personas autosuficientes. La prueba es que cuando les quitan las ayudas estatales suelen recaer en la pobreza.

Pero, a nuestro juicio, lo más grave es que el dinero es libertad. En consecuencia, si perdemos nuestra privacidad financiera y autonomía económica, todas las otras libertades serán puros espejismos porque quien controla nuestros medios de subsistencia, controlará simultáneamente cada aspecto de nuestras vidas.

Si no nos creen, pregunten a los cubanos o venezolanos.

 

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